¿Le siguen llamando imputado?

¿Le siguen llamando imputado?

«Someone must have been telling lies about Josef K, he knew he had done nothing wrong but, one morning, he was arrested»

Decían los clásicos que la pena empieza cuando el simplemente indicado, que ni siquiera imputado, es llamado a declarar ante un tribunal («the process is the punishment»). Por eso, como ya indiqué en otro lugar, entre las modificaciones que el gobierno pretendió impulsar en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 se encontraba una que tuvo por especial finalidad rebajar el efecto corrosivo que solía provocar en quien era citado a comparecer ante un tribunal en calidad de imputado. Para ello, el Ministerio de Justicia optó por sustituir el término imputado por el de investigado, reservando el término encausado a quien, tras la finalización de la instrucción de la causa, es objeto del acto formal de acusación, es decir, acusado.

Se trataba de una modificación que era coherente con el reforzamiento del sistema de garantías procesales que se pretendía promover con aquella reforma, aunque fue una lástima que esta modificación legal se hubiera planteado justo en el momento en que la mayor parte de la clase política estaba expuesta al riesgo de una imputación y cuando arreciaban con más intensidad los casos de corrupción.

Es evidente que la ley no quiere que nadie se siente en el banquillo de los acusados sin haber comprobado previamente el contenido de los cargos que se dirigen en su contra. Si fuera así, bastaría una simple delación para llevar a juicio a una persona sin que el denunciado pudiese hacer nada por evitarlo.

En los países como el nuestro, donde el enjuiciamiento penal viene precedido de una fase de instrucción judicial, se ha articulado el medio para que el sujeto sobre quien recae la sospecha de la comisión de un delito pueda explicarse ante el juez, que es a quien le corresponde analizar los hechos que se le presentan. Como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos (particularmente del derecho a la presunción de inocencia), tiene la obligación de verificar la solidez de la inculpación y determinar si los hechos tienen entidad suficiente como para seguir con la investigación.

En este sentido, la imputación no es, ni más ni menos, que la confirmación de una sospecha; no nace sin más de la interposición de una denuncia ni de la admisión de una querella, aunque de todas estas circunstancias sí nace el derecho del denunciado o del querellado a conocer los hechos por los que se ha iniciado la investigación, dándole así la oportunidad de defenderse.

Pero, dado que los jueces tienen el deber de llamar a declarar a todas aquellas personas sobre las que recae una sospecha razonable de delito, no existe legalmente otra forma de que puedan ser citados si no es en calidad de investigado, lo cual, como hemos dicho, no quiere decir que lo sean.

Así pues, la citación «en calidad de investigado» es una condición necesaria pero no suficiente de la imputación. Uno puede salir de este trance habiendo logrado eliminar las sospechas que hicieron recaer sobre él. De ahí que cuando a un sujeto se le cita para que comparezca en calidad de investigado, no es porque lo sea en realidad, sino porque puede llegar a serlo tras la declaración y, por lo tanto, su comparecencia debe venir revestida de las máximas garantías procesales, pues en multitud de ocasiones es la antesala de la imputación.

Por lo tanto, «investigado» es aquel estado procesal en que se encuentra una persona a quien el juez de instrucción le atribuye, de manera provisional e indiciaria la comisión de un delito, al tiempo que le manifiesta su determinación de continuar con la investigación hasta que decida si las sospechas que dieron lugar a la incoación del procedimiento tienen o no algún fundamento; eso no quiere decir que sean ciertas, pero sí quiere decir que existe un alto grado de probabilidad de que lo sean.

Enseñamos a nuestros estudiantes que la pena no puede imponerse al margen del proceso y sin una previa declaración de la responsabilidad criminal extraída de un juicio («nulla poena sine iudicio»), entre otras razones porque el proceso penal no es sólo un instrumento para la persecución sino una garantía frente a ella. Pero es razonable también que, una buena parte de la opinión pública, como particularmente a los integrantes de las distintas formaciones políticas, les baste y les sobre con la imputación para sacar consecuencias de esta circunstancia.

Es verdad que el mero hecho de ser citado ante un juez de instrucción para responder de la posible comisión de un hecho delictivo, por muy provisional que esta sea, tiene una enorme incidencia, especialmente debido al efecto tan negativo que este acto proyecta en la consideración moral, personal y profesional del sujeto investigado.

Pero por lo que se ve, parece que no se ha conseguido el efecto pretendido, porque más allá de esta cuestión terminológica, al investigado, y al citado como tal, se le sigue llamando imputado, por mucho que procesalmente la atribución de esta condición no responda a la realidad.

Imagen: fotograma de «El proceso», de Franz Kafka, dirigida por Orson Welles.

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