¡Que veinte años no es nada…!

¡Que veinte años no es nada…!

El próximo día 8 de enero de 2020 la Ley de Enjuiciamiento Civil cumplirá veinte años desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, fecha en la que se puso fin a un largo periodo de parches y remiendos legislativos, demorando en exceso la necesaria adaptación de la legislación procesal civil a la realidad de un nuevo contexto social y jurídico.

Como escribió Alfredo Le Pera allá por los años 30 en su famoso tango “Volver”, espléndidamente cantado por el maestro Carlos Gardel, a la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 las nieves del tiempo le habían plateado su sien, y tarde o temprano debía detener su andar.

El marco normativo recogido en esa vieja Ley de Enjuiciamiento reclamaba una completa transformación, coherente con la formulación constitucional del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La Ley de 1881 había nacido en un contexto social, jurídico y político muy diferente al del actual siglo XXI, y resultaba inadecuada para dar una solución satisfactoria a los conflictos de la sociedad moderna. La falta de una respuesta adecuada del viejo texto legislativo propició la proliferación de procesos civiles especiales ajenos a la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cada vez que el legislador regulaba una nueva materia se veía en la necesidad de incluir en el texto de la ley disposiciones procesales específicas para regular el trámite procedimental por el que reclamar la tutela de los derechos. A la vez, se abordaban reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento de manera coyuntural y fragmentaria, con la intención de mejorar aquello que exigía un remedio más profundo, que era el de reformar en su totalidad la legislación procesal civil. Con más de un siglo de vigencia de la LEC de 1881, se había agotado la técnica de reformas parciales y era necesaria una nueva ley que abordase con innovación total el nuevo proceso civil.

La Ley 1/2000, introdujo un cambio trascendente en la justicia civil española, con novedades sustanciales que pretendían, al menos en la letra de la Ley, que los asuntos fuesen resueltos en el menor tiempo posible, sin excesivos trámites, recogiendo en las soluciones normativas aportaciones jurisprudenciales y doctrinales que durante la larga experiencia de la vieja ley del siglo XIX se habían sucedido. No se trataba de trasplantar de forma imitativa modelos procesales que fueren ajenas por completo a nuestra tradición jurídica, o de insertar fragmentos desconectados de instituciones que no permitiese diseñar un sistema articulado y coherente, sino de abordar la reforma del proceso civil de acuerdo a la experiencia propia y valorando las aportaciones de otros ordenamientos o culturas jurídicas que pudieran resultar provechosas. Es una ley que se asienta sobre todo en bases dogmáticas arraigadas en la doctrina o, al menos, en un sector de la doctrina. Pues la LEC es una Ley que, como ha señalado en varias ocasiones el profesor Cortés Domínguez, “ha sido elaborada por Catedráticos y Profesores de Universidad, y no por todos, sino por un sector doctrinal”, por lo que ha llegado a calificarla de Ley doctrinal “en el doble sentido de que el legislador ha querido trasladar a la Ley lo que son sus opiniones doctrinales; y, también, en el sentido de que se ha seguido una sistemática en la elaboración de la Ley que no es propiamente la legislativa, sino la que puede seguir fácilmente un Profesor de Universidad que explica y enseña la asignatura”.

La Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, abrió así una nueva etapa en la historia legislativa de nuestro proceso civil, y podríamos decir que culminó un movimiento reformador surgido apenas viera la luz la Ley de 3 de febrero de 1881. La LEC vino a regular de un modo general diversas cuestiones hasta ese momento desprovistas de regulación; se intentó conseguir un mejor desarrollo de las actuaciones procesales; se ordenó sistemáticamente su contenido de acuerdo a criterios muy académicos; se despejó el complicado panorama existente de procesos especiales; se potenciaron los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad; se aumentan los poderes del juez; se procuraba ofrecer una mejor tutela de los intereses de consumidores y usuarios; se incorpora el proceso monitorio para lograr agilizar el cobro de deudas; y se modificó las normas de ejecución, sobre todo lo referido a la ejecución provisional, posibilitando la inmediata ejecución de las sentencias de primera instancia. En definitiva, se trataba de ofrecer una ley con la que garantizar la efectividad de la tutela judicial que proclama el artículo 24 de la Constitución española.

No obstante, en los años posteriores a su aprobación se ha visto la necesidad de reformas que corrigiesen los defectos y necesidades advertidas. Además, las exigencias de adaptación del texto a la normativa de la Unión Europea en determinadas materias, o la idea de acomodar la legislación procesal a una conveniente agilización procedimental y de tutela efectiva, ha llevado a un gran número de reformas. En algunos casos han sido preceptos aislados, y en otros casos las modificaciones han tenido un mayor calado. En total, la Ley 1/2000, de 7 de enero acumula ya alrededor de cincuenta reformas. Reformas que ya se vaticinaban y demandaban por algunos procesalistas desde el mismo momento de aprobación de la Ley. Decía el profesor Cortés Domínguez en el año 2001 que “la LEC debe ser reformada en todos aquellos puntos en los que la práctica demuestre que es inoperante, por ser una Ley teórica, o que es inoperante por la falta de medios humanos y económicos que aquejan a la Administración de Justicia..; serán en algunos casos reformas puntuales, de matiz, pero trascendentales”. No obstante, no pensaba en ese estado de reforma permanente en que la Ley se encuentra, sino que estimaba que sería un corto plazo, de no más de tres años, en los que pudiéramos tener un sistema procesal civil moderno, operativo y eficaz.

Pero la atención por alcanzar en España la deseada eficacia y celeridad judicial no se ha centrar sólo en reformas de las normas procesales. También han de intensificarse los esfuerzo para tratar de solucionar buena parte de los problemas que afectan a la Administración de Justicia, mostrándose una voluntad encaminada a adaptarla a los tiempos actuales. Aunque ello constituye una difícil tarea, se han ido dando pasos para conseguir sacar a la Administración de Justicia del letargo de años. Si bien, un examen autocrítico de lo conseguido no debe dejarnos satisfechos, y ha de considerarse que constituye un reto permanente avanzar en su modernización y eficacia. Las cifras expresivas de la confianza de los ciudadanos en la Justicia, y la opinión de los profesionales que a diario acuden a los tribunales, y padecen sus precariedades, hacen ver la situación no es plenamente satisfactoria y resulta manifiestamente mejorable.

La Justicia es un elemento clave en el Estado de Derecho y hay que dotarla de los medios necesarios para optimizar su funcionamiento, por lo que es necesario un incremento de la inversión; una acomodación de la organización territorial judicial a la situación actual, mejorar la atención al ciudadano y alcanzar una efectiva modernización informática. Pero los cambios legislativos y las iniciativas de modernización no son suficientes si la confianza de los ciudadanos en la justicia no mejora.

La LEC de 1881 “Hoy representa el pasado”, como diría otra canción mítica, la clásica Habanera cubana “Veinte años”, compuesta también en la mitad de los años 30 por María Teresa Vera y Guillermina Aramburu. Pronto la LEC del año 2000 cumplirá veinte años, y … volviendo a la letra del tango, “guardo escondida una esperanza humilde” de que la justicia logre la eficacia que todos exigimos y necesitamos.

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