¿Cabe homologar la transacción extrajudicial de las partes para desistir de la anulación de un laudo por infracción del orden público?

¿Cabe homologar la transacción extrajudicial de las partes para desistir de la anulación de un laudo por infracción del orden público?

El pasado 15 de junio el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) dictó una sentencia de gran interés, tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo, en relación con el poder de disposición de las partes en un procedimiento de anulación de un laudo arbitral.

En ella, se ponen en confrontación dos ideas fundamentales en el ámbito del Derecho. Por una parte, el papel de la autonomía privada como motor que impulsa la existencia de los procedimientos judiciales de naturaleza privada. (Ya sabemos que los procedimientos en el orden civil, en el que se plantea la controversia a la que me voy a referir, responde al principio de justicia rogada). Y, por otra parte, el peso que puede tener el interés general en procedimientos en los que se discute si el orden público se ha visto vulnerado o en los que está en juego decidir sobre cuestiones de tanta transcendencia, para que un laudo pueda ejecutarse con la misma virtualidad que una decisión judicial, como la imparcialidad de los árbitros.

Este pronunciamiento del TC resuelve un recurso de amparo contra varias decisiones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), relacionadas con la anulación de un laudo arbitral, en un litigio relativo a un arrendamiento. Para dicha Sala, en un procedimiento para la anulación de una decisión arbitral, no regiría con la misma intensidad que en otros procesos civiles el principio dispositivo. Este planteamiento le conduce a no dar eficacia al desistimiento de las partes, que habían llegado a un acuerdo extrajudicial y solicitaban por ello, de común acuerdo, lógicamente, el archivo del proceso por pérdida sobrevenida de objeto. Su desistimiento lo pusieron de manifiesto dos veces de manera expresa, a través de sendos escritos de nulidad de actuaciones, y otra tercera vez, de forma tácita, pues ninguna de ellas compareció a la vista oral.  Ello implicaba claramente su voluntad inequívoca tendente a detener el procedimiento judicial que una de ellas había iniciado con el fin de anular el laudo arbitral.

La decisión arbitral cuya anulación pretendía el arrendatario la dictó la Asociación Europea de Arbitraje (AEA), dado que las partes habían celebrado un contrato de arrendamiento de vivienda en el que se incluyó un pacto de sumisión a arbitraje en favor de dicha Asociación. El procedimiento arbitral se inició por los arrendadores ante el impago de varias mensualidades y concluyó con la declaración del contrato como resuelto y la condena de los arrendatarios para que desalojaran la vivienda, abonaran las rentas pendientes más sus intereses, el suministro de agua, también pendiente, y las costas del arbitraje.

Los demandados en el procedimiento arbitral decidieron, entonces, instar su anulación ante los órganos judiciales estatales, invocando el carácter abusivo de la cláusula de sumisión. El TSJ, no obstante, sobre la base del art. 41.2.f de la Ley de Arbitraje empezó a considerar la posibilidad de aplicar una causa de anulación del laudo que opera ex officio: su contrariedad con el orden público.

El motivo que, según el parecer del Tribunal, conllevaba la anulación de la decisión arbitral sería la falta de imparcialidad objetiva del árbitro, dado que la AEDE está vinculada a una asociación de arrendadores que asesoró a los arrendadores en las negociaciones del contrato de arrendamiento.

A pesar de los intentos de las partes con el fin de que el procedimiento de anulación se detuviera, por haber alcanzado un acuerdo mientras tanto, el TSJ decidió seguir adelante con el procedimiento, en contra de la voluntad no solo de quien lo había iniciado, sino también de la parte favorecida por el laudo arbitral cuya anulación se había solicitado. De esto modo, la Sala llegó a resolver y a anular el laudo arbitral, por considerar que no había sido dictado por un tercero imparcial.

El TC estimó el amparo, por considerar que el TSJ de Madrid vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24.1 de la Constitución, en las distintas decisiones en las que no tuvo en cuenta la voluntad de las partes para que el procedimiento de anulación del laudo se detuviera, entre ellas la sentencia misma declarando su anulación. Declaró, por tanto, la nulidad del auto de 4 de abril de 2017, la sentencia de 4 de mayo del mismo año y la providencia de 8 de junio subsiguiente y ordenó que el Tribunal de Madrid resolviera de una manera respetuosa con los derechos fundamentales de los recurrentes en amparo.

Es sabido que el TC considera que el art. 24.1 CE se vulnera cuando una resolución judicial se funda en un razonamiento que adolece de arbitrariedad, irrazonabilidad o error. En este caso,  el Tribunal estima que, al menos, la fundamentación de las decisiones del TSJ fue irrazonable, por no entender que la voluntad de las partes de desistir debía primar, al no existir precepto legal alguno en el que apoyar la prevalencia del interés de la Sala en decidir frente al deseo de las partes de llevar a efecto el acuerdo extrajudicial que ellas mismas habían alcanzado y haber quedado el procedimiento de anulación del laudo, por consiguiente, carente de objeto.

En mi opinión, de todo lo anteriormente expuesto se deduce que, a la pregunta que da título a esta entrada de hoy de nuestro blog, habría de responderse del siguiente modo: si bien es cierto que las resoluciones del TC se dictan, en principio, únicamente para resolver el caso en cuestión, parece correcto entender que desoír la voluntad común de las partes de desistir de un procedimiento en el orden civil, en supuestos en los que no se perjudica por ello a terceros, que no versan sobre materias indisponibles y en los que no se ve afectado el interés general, resulta inadecuado y puede llegar a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva causando indefensión. Coincido, por tanto, con las alegaciones de la Fiscalía en el marco de este recurso (antecedente 6 de la STC).

En el procedimiento civil, rige el principio de justicia rogada y la actitud de la Sala cuyas decisiones se han visto anuladas en esta ocasión, aunque claramente bienintencionada, se extralimitó más allá de lo deseable de una manera irrazonable.

Por consiguiente, la decisión del TC en este asunto me parece adecuada y mesurada y camina, con claridad, en la línea marcada por el art. 9.3 de la Constitución, que, como es sobradamente conocido, prevé la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El afán de proteger no puede ir más allá del propio deseo de las partes, más cuando está en juego la utilización de un inmueble destinado a vivienda.

Más aún, desde mi punto de vista, una situación judicial como la que da origen a este recurso de amparo afecta a la libertad de las partes y al poder de disposición sobre el procedimiento iniciado por una de ellas, cuando la controversia ha desaparecido porque ambas han llegado a un acuerdo al margen. No obstante, es sabido que el art. 10 de la Constitución, que recoge un derecho tan esencial de la persona como es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no se encuentra entre los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, cuestión sobre la que podría reflexionarse de cara a una posible mejora del texto constitucional.

Además, como ya sabemos, la autonomía de la voluntad es doblemente relevante en este supuesto, pues las partes habían optado, en primer lugar, por resolver sus diferencias recurriendo al arbitraje y dicha autonomía está en la base misma del arbitraje en materias de Derecho privado.

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