Probabilidad y riesgo jurídico

Probabilidad y riesgo jurídico

Los cálculos de probabilidad suelen informar las decisiones y permiten elegir entre alternativas. Sin embargo, el uso y la interpretación de la probabilidad no resulta uniforme en todos los contextos de toma de decisiones. Así, la probabilidad de ganar en un juego de azar no parece ser el principal motivo para apostar. A modo de ejemplo, la probabilidad de ganar Euromillones es de 1 entre 139.838.160, o lo que es lo mismo un 0,000000715%. A pesar de ello, la baja probabilidad de ganar no desincentiva el juego.

Por el contrario, en el ámbito jurídico una alta probabilidad de ganar puede no llevar siempre al individuo a iniciar el procedimiento judicial. Una herramienta de predicción de resultados judiciales que señalara un porcentaje de éxito del 71% puede no ser suficiente para presentar una demanda si el coste, en tiempo y recursos económicos, es relevante. En sentido contrario, puede ocurrir que el individuo sólo tuviera como alternativa judicializar el caso aunque su probabilidad de ganar sea de un 0,000000715%, bien para suspender la ejecución de una sanción, dilatar el pago o forzar una negociación con la otra parte. Piénsese ahora en el comportamiento de un jugador de azar si conociera que la probabilidad asociada a una combinación o la apuesta por la ocurrencia de un evento fuera de un 71%.

A pesar de lo anterior, en el ámbito jurídico comienzan a proliferar las herramientas de predicción que, a partir de la abundante información disponible, estiman la probabilidad del sentido de los fallos judiciales. Estas herramientas se suceden en un escenario dónde los individuos no están tan interesados en saber cuál es la solución en Derecho como la probabilidad de éxito y el coste asociado a la judicialización del proceso. En el desarrollo de estas herramientas aparecen distintas dificultades. Desde una perspectiva metodológica la selección de una muestra de casos comparables  que sirvan para realizar esas estimaciones constituye el principal desafío. Desde otras sensibilidades, la independencia judicial o las particularidades de cada procedimiento (práctica de la prueba, por ejemplo) reducirían la aplicación de estas herramientas predictivas por el notable margen de error asociado a la estimación.

Incluso sorteando estas dificultades y pudiendo realizar estimaciones con un reducido margen de error persiste la incógnita de por qué el cálculo de probabilidades genera distintos incentivos en el ámbito jurídico que llevan a apostar (judicializar) cuando la probabilidad de ganar es baja y a no apostar cuando la probabilidad de ganar es alta.

La respuesta más evidente es que la probabilidad no es independiente del contexto en el que se toman las decisiones. A diferencia de lo que ocurre en los juegos de azar, los individuos que deben decidir si judicializan un caso podrían no tratar de maximizar las ganancias sino de minimizar las pérdidas o calcular el riesgo jurídico. En otras palabras, no es tan importante la probabilidad de ganar como las consecuencias desfavorables de perder. Además la dilación para conocer el resultado o que una vez reconocido como ganador no se pueda cobrar el premio incrementan la incertidumbre e incentivan la adopción de una estrategia conservadora de minimización del riesgo. En esta situación, el individuo puede incluso no valorar que el mantenimiento del estatus quo en ocasiones representa un escenario equivalente a perder el juicio. Así, el individuo puede optar por no iniciar acciones judiciales  ante la imprevisibilidad de las consecuencias negativas que se puedan seguir del procedimiento judicial.

De acuerdo a este planteamiento ¿es posible identificar el riesgo jurídico? ¿resulta homogéneo este riesgo entre los distintos sectores del ordenamiento? ¿es la condena en costas más frecuente en algunos procedimientos? ¿existe una mayor tasa de estimación en función del tipo de asunto?

Con la ayuda de la base datos creada por el Centro de Investigación en Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma, el siguiente análisis explora dos de los factores asociados al riesgo jurídico como es la probabilidad de obtener un fallo estimatorio, así como de que el particular sea condenado en costas en caso de que sus pretensiones fueran desestimadas en tres sectores de la actividad administrativa (contratación, tributos y responsabilidad patrimonial).

En primer lugar, la tabla 1 refleja la frecuencia (probabilidad) de ocurrencia de un fallo estimatorio/desestimatorio con relación a los particulares y la Administración para cada uno de los sectores considerados.

Captura Tabla1

Se observa cómo la probabilidad de estimación de las pretensiones varía en función del sector considerado, de manera que en el caso de los tributos la probabilidad de conseguir una estimación total o parcial se incrementa considerablemente (59% de los casos) respecto a los otros dos sectores considerados, responsabilidad (15%) y contratación pública (27%), de manera estadísticamente significativa. Es en los casos de responsabilidad patrimonial donde las diferencias entre los casos de estimación y desestimación son más notables (55% de estimación de las pretensiones de la Administración y 15% de estimación de la posición de los particulares). Estos valores reflejan los resultados promedio considerando las distintas instancias del procedimiento en una muestra de sentencias de 2017 y con un error muestral del +/- 5%. La probabilidad de estimación varía en función de la instancia evidenciando así la importancia del contexto y de la selección de casos.

Si bien la probabilidad de obtener un fallo estimatorio no se distribuye de manera homogénea tampoco lo hace aquella relativa a la imposición de costas. En este sentido la tabla 2 muestra cómo la probabilidad de imposición de costas en una sentencia desestimatoria puede resultar menos frecuente precisamente en los sectores donde la probabilidad de éxito es menor, caso de la contratación pública (19%). En el área de tributos se observa cómo las diferencias entre los casos en los que se produce condena en costas al particular y a la Administración no es relevante en términos estadísticos (55% y 50%, respectivamente). Por el contrario, los casos de condena en costas a particulares  son menos frecuentes de lo esperado en el sector de contratación pública.

Captura Tabla2

El escenario descrito muestra la dificultad de utilizar el cálculo de probabilidades en el ámbito jurídico. No basta con estimar la probabilidad de éxito porque, en la práctica, ésta puede coincidir con un mayor riesgo de condena en costas. Dejando de lado el análisis de otros elementos que condicionan la decisión como la duración del procedimiento, lo cierto es que los cálculos de probabilidad no pueden desconocer los dos componentes de la función del riesgo jurídico: de un lado, la probabilidad de ganar y de otro los costes asociados al riesgo de perder. La delimitación de unos y otros componentes es más sencilla que la integración de ambos en una misma fórmula. Por ello no siempre una alta probabilidad de obtener un fallo estimatorio provocará que el individuo opte por la judicialización del caso.

Las herramientas predictivas en el ámbito jurídico son prometedoras, pero su alcance dependerá de la integración de variables específicas en los procesos de decisión jurídica.

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*