El ‘gol por la escuadra’ en materia de prostitución: ¿derrota o, tal vez, victoria?

El ‘gol por la escuadra’ en materia de prostitución: ¿derrota o, tal vez, victoria?

Es paradójico que, pese a ser comúnmente denominada la prostitución como el ‘oficio más antiguo del mundo’ siga siendo, en parte, tabú, y, en todo, motivo de desencuentro. A grandes rasgos, unos sectores pretenden esconder esta realidad, haciéndola, en último extremo, invisible al ojo público: así, los reglamentaristas mediante la creación de una ‘sociedad subterránea’ y los prohibicionistas mediante la creación de un ‘colectivo criminógeno’. Por el contrario, otras posturas prefieren afrontarla. No obstante, no existe acuerdo, ni filosófico ni, por ende, jurídico, sobre los fines que se pretenden alcanzar –y, en consecuencia, tampoco sobre los medios para lograrlos-. Así, mientras los abolicionistas quieren acabar con la prostitución, y, por ello, abogan por el castigo del cliente, los regulacionistas consideran que deberían otorgarse a l@s trabajador@s sexuales derechos fundamentalmente de contenido social, del mismo modo que sucede respecto a cualquier otro trabajo o servicio ofrecido en nuestras sociedades.

Precisamente, en tal enraizado debate entre estas dos posturas -abolicionismo vs. legalización-, la actual Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, afirmó, hace unas semanas, que la reciente aprobación del primer sindicato de trabajadoras del sexo en España constituye “un gol por la escuadra” que le “han colado”. En su opinión, la senda a transitar en materia de prostitución ha de ser abolicionista, dado que es “miembro de un Gobierno feminista”. Sin embargo, feminismos hay más de uno. De hecho, algunas trabajadoras del sexo se definen como ‘putas y feministas’.

A finales del año pasado, dos videos en youtube, primero, #holaputero (https://www.youtube.com/watch?v=cb7t10c-bIM) y, como respuesta, #holaabolicionista (https://www.youtube.com/watch?v=B1dwIEB8mTI), convirtieron en viral esta confrontación. Aquel definía a las prostitutas, sin excepción, como esclavas y a los puteros, todos, como violadores. Ante tal mensaje, un grupo de prostitutas, que lo calificaron de mediático, sensacionalista, cargado de mentiras y de información sesgada, pedían a las corrientes abolicionistas que “no tratasen de salvarlas”: no necesitaban tales servicios de ‘príncipe azul’, porque “a través de sus puteros podían salvarse de príncipes abolicionistas”, desde la libre disposición de su cuerpo.

Ciertamente, bien puede defenderse que no todas las prostitutas son víctimas y que la prostitución no es trata, ni, como también ha afirmado Valerio, siguiendo los postulados abolicionistas, que no “vulnera los derechos fundamentales de la mujer”. Por tanto, ese ‘gol por la escuadra’ puede así mismo verse desde la óptica del ‘delantero’ que ‘lo ha colado’ en pos de la libertad, en vez de la del ‘portero’, que es donde se sitúa nuestro gobierno, en principio, socialista.

Ahora bien, hay que ser justo: de igual forma, esta es la política europea en materia de prostitución. La Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, sobre Explotación Sexual y Prostitución y su Impacto en la Igualdad de Género, insta a castigar la compra de servicios sexuales -como, ya desde 1999, hace la ley penal sueca-. Así, dicha regulación se ha exportado a otros países: Noruega e Islandia (2009); Irlanda del Norte (2015); y Francia (2016).

Por tanto, ese primer sindicato español de prostitutas, ¿constituye una derrota o una victoria para los derechos fundamentales? En mi opinión una clara victoria. No hay evidencia empírica fiable ni, por un lado, del origen de la prostitución, esto es, si cerca del 90% es involuntaria, como suelen afirmar los defensores abolicionistas; ni, por el otro, de que la abolición de la prostitución, mediante el castigo del cliente, puede disminuir la trata con fines de explotación sexual.

El discurso abolicionista afirma que entre un 80 y un 95% de la prostitución es forzada dado que quienes la ejercen no tienen otra elección: muchas son víctimas de mafias dedicadas a la trata y/o proxenetas y han sufrido abusos sexuales en la infancia, tienen secuelas psicológicas y son pobres; en definitiva, son especialmente vulnerables. Además, su práctica es extremadamente peligrosa. Las consecuencias de estas afirmaciones, algunas sin someterse a prueba, otras con importantes sesgos tanto empíricos como conceptuales y argumentativos en los estudios que las avalan, es la ‘presunción de involuntariedad’ de la práctica de la prostitución y, de aquí, que “usualmente satisface los elementos de tráfico” (ONU dixit, aunque en un informe posterior de 2010 revela que “alrededor de una de cada siete” prostitutas es víctima de trata, lo que implica, aproximadamente, un 15% – https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf-)-

Ahora bien, ese porcentaje es consecuencia, por un lado, de un concepto de proxenetismo amplísimo, que abarca, incluso, a quien vive a expensas de la prostitución ajena -al conocido como ‘rufián’-; y, por el otro, engloba supuestos en los que la elección de la prostitución es consecuencia de circunstancias adversas, pero no está mediatizada por ningún tercero -verdadero proxeneta-.

Además, los medios de comunicación suelen presentar como ciertas estadísticas ofrecidas por los colectivos, gubernamentales o no, que persiguen acabar con la prostitución. Así, se publican artículos periodísticos con proclamas y exageraciones que producen olas de pánico moral, los cuales sólo parten de cifras sobre prostitución ofrecidas por asociaciones que representan a las trabajadoras del sexo como víctimas, por centros oficiales asistenciales que se centran en el sector de las prostitutas más desfavorecidas y, en general, por defensores de los postulados abolicionistas.

Tanto es así que, por ejemplo, en 2006, el defensor del lector de El País tuvo que retractarse de la cifra del 95% ofrecida por una editorial previa como porcentaje de prostitución forzada en España (http://elpais.com/diario/2006/03/05/opinion/1141513204_850215.html): no disponía de ningún estudio riguroso que lo avalara, tuvo que reconocer.

Lo cierto es que el porcentaje de prostitutas que está bajo control de terceros solo puede ser fiable si se basa en una clara definición de proxenetismo, la cual pueda usarse sistemáticamente en la recopilación de datos de todo el mundo. En consecuencia, dado que esta clase de investigaciones no se ha llevado a cabo a día de hoy, nadie está en posición de hacer estimaciones porcentuales en relación al fenómeno de la prostitución. En la actualidad, todo lo que se puede afirmar con certeza es que algunas prostitutas están sujetas al control de proxenetas y otras trabajan independientemente (O’Connell Davidson).

Sin embargo, digan lo que digan las cifras, el discurso abolicionista, partiendo de la falacia estadística (la media de prostitución no voluntaria se sitúa en torno al 84%) no sólo arriba, por un lado, a la falacia fenomenológica, en virtud de la cual, prostitución y trata son realidades absolutamente interconectadas. Además, también llega, por el otro, a la falacia deductiva, esto es, si se quiere acabar con un fenómeno delictivo tan grave como, ciertamente, es la trata de seres humanos, ello implica erradicar la prostitución. ¿Cómo? Mediante el castigo del consumidor final. Por tanto, aquí aparece la última de las falacias, la cual se podría denominar falacia de la disuasión.

Ahora bien, tampoco hay estudios empíricos incontrovertidos que indiquen que el castigo del cliente de prostitución es efectivo para terminar con este fenómeno y, así, con el tráfico. Algunos sectores insisten en que la implementación del modelo abolicionista ha comportado una invisibilización del trabajo sexual, mayores dificultades de persecución, dado que los clientes, por miedo al castigo, no están dispuestos a colaborar en la detección de la trata, y un efecto desplazamiento. En definitiva, las autoridades suecas han afirmado lo siguiente: “Los estudios empíricos que se han realizado tienen, en algunos casos, una muestra limitada, y han sido usados diferentes procedimientos, métodos y propósitos. En consecuencia, hay razones para interpretar los resultados con cautela”.

Y, mientras, en esta preocupación por “desandar lo andado” (https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Desandar-andado-van-tener-dificil_6_810928924.html), ¿qué tenemos en España? Pues, bien, una (pseudo)-regulación de la prostitución absolutamente contradictoria e insegura, en especial, para las personas que ejercen la prostitución.

El a priori modelo dual reglamentarista y abolicionista de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, esconde, también, un modelo prohibicionista que, según como se interprete, podría, incluso, posibilitar el castigo penal de las personas que se prostituyen en la vía pública. El art. 36 aptdo. 11 considera infracción grave “la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público”.

Sin embargo, a continuación, el mismo precepto añade lo siguiente: “los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 del [mismo] artículo”, esto es, otra infracción grave consistente en “la desobediencia (…) a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito”. En ambos casos, es decir, tanto para el oferente como para el demandante, la sanción adscrita es, en virtud del art. 39.1, multa de 601 a 30.000 euros.

Pero aún hay más. Quienes ofrecen tales servicios podrían cometer el delito tipificado en el art. 556 CP en caso de que su desobediencia, por no abstenerse de seguir practicando la prostitución en lugares públicos, se reputase grave y concurrieran los demás elementos típicos. Así, la criminalización de la prostitución se produciría de todos modos, aunque, ciertamente, sólo la callejera y de forma indirecta: prostituirse, per se, no constituye un delito, pero sí podría serlo mantenerse en la prostitución callejera contraviniendo un requerimiento policial. Formalmente es distinto, materialmente apenas.

Así, pues, parece que, por razones de seguridad ciudadana, el legislador español ha decidido prohibir la prostitución callejera. Por tanto, la opción que les queda a las personas que la ejercen, si no quieren ser castigadas por dichas conductas, es la siguiente: pueden trasladar su ‘lugar de trabajo’ a sitios apartados de la mirada de terceros, esto es, a espacios cerrados como hoteles, locales, clubs de alterne, burdeles, centros de masaje, etc.

Ahora bien, este planteamiento tiene consecuencias de orden penal contradictorias con el prohibicionismo administrativo: por un lado, para los terceros que regentan estos espacios, pues su cesión lucrativa podría convertirles en autores del delito de proxenetismo no coercitivo, basado en un modelo quasi-abolicionista y castigado con penas de hasta cuatro años de prisión (art. 187.1.II CP); y, por el otro lado, para las personas que ofrecen los servicios sexuales, dado que su práctica en lugares regentados por terceros a menudo conlleva que sean víctimas de abusos económicos y laborales.

En conclusión, las leyes que en la actualidad afrontan el fenómeno de la prostitución en España son injustas, opresivas, estigmatizantes y contradictorias. Ahora bien, el modelo abolicionista al completo no es, ni mucho menos, la opción preferible de implementación en los ordenamientos internos de ningún Estado. En mi opinión, el ‘gol por la escuadra’ lo están ‘colando’ los postulados, sesgados y falaces, de esta corriente que parte de una incorrecta aplicación del método empático: en vez de ponerse en el lugar de la prostituta a partir de sus vivencia y valores, los abolicionistas se colocan en su lugar con los propios valores y creencias (Pons i Antón).

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