Sobre el Brexit (o de cómo la libre circulación se convierte en inmigración)

Sobre el Brexit (o de cómo la libre circulación se convierte en inmigración)

 “There is no way to change the migration system without creating winners and losers. But we believe the UK should focus on enabling higher-skilled migration coupled with a more restrictive policy of lower-skilled migration in the design of its post-Brexit system”.

Prof.  Alan Manning, Migration Advisory Committee, EEA migration in the UK: Final Report, Septiembre 2018

“Proceso de divorcio” es el símil más utilizado y próximo a lo que acontece en torno al Brexit. La crónica de la separación del Reino Unido de la Unión Europea, tras cuarenta y cinco años de unión tensa pero pacífica, está llena de intereses económicos, políticos y sociales, por este orden. Sólo el paso del tiempo permitirá evaluar con cierta lucidez este proceso y sus consecuencias.

A estas alturas del partido, en el que las negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto, mientras el reloj sigue contando las horas para que el 29 de marzo de 2019 se produzca la salida de Reino Unido de la familia Europea, lo más prudente es centrar la atención en algunos de los elementos permanentes en este proceso. En particular, en el factor inmigración, una de las causas determinantes del Brexit.

Se trata de una cuestión fuertemente politizada en el discurso pre-referendum y en la actualidad. Buena evidencia de ello es el Informe Final del Comité Asesor de Migración –Migración del Espacio Económico Europeo en el Reino Unido-, publicado el 19 de septiembre; en el que se proponen las coordenadas de la política migratoria británica para la etapa post-Brexit, con referencias expresas a la migración europea.

A pesar de las dificultades para computar este tipo de migración, se estima que, desde 2004, más de dos millones de trabajadores procedentes de los Estados adheridos a Europa en ese mismo año y en el año 2007, han ejercido el derecho de libre circulación (art. 45 TFUE) para trabajar en RU. A ellos se han unido numerosos jóvenes procedentes de otros países europeos como España e Italia, con alarmantes tasas de desempleo juvenil. La ocupación de estos trabajadores se ha concentrado, principalmente, en sectores que requieren bajas cualificaciones (agricultura, comida procesada y empaquetado, hostelería y construcción).

Esta realidad se ha traducido en un sentimiento predominante anti-inmigración (europea) en algunas parcelas de la población; sentimiento canalizado a través de su voto pro-Brexit. Se trata de comunidades que presentan altas tasas de desempleo, bajos salarios y bajos niveles de educación; que se sitúan en regiones desindustrializadas del norte y centro de Inglaterra, así como en algunas zonas de Gales; áreas especialmente afectadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo por las sucesivas administraciones británicas. El sentimiento se enfoca, en consecuencia, hacia otros colectivos especialmente vulnerables y no hacia la gestión política de la crisis económica.

Pero ¿qué datos pueden explicar este sentimiento? De acuerdo con la información recogida en el Informe Final del Comité Asesor de Migración ya referido, las evidencias empíricas muestran que los nacionales de la UE que entran en RU lo hacen para trabajar y contribuyen positivamente a la economía. En general, no hay evidencias de que la migración del Espacio Económico Europeo haya supuesto la reducción de oportunidades de empleo de los nacidos en RU. Tampoco queda demostrado que la migración haya traído como consecuencia una bajada de los salarios medios de los trabajadores nacidos en este país. Es más, se concluye que ha tenido un impacto positivo en la productividad y que los trabajadores migrantes, especialmente los que provienen de la UE-13, contribuyen a las finanzas públicas con sus impuestos más de lo que reciben del Estado en forma de servicios públicos.

Se observa pues una clara divergencia entre sentimientos y evidencias.

De otra parte, la libre circulación de trabajadores, en su vertiente de ausencia de discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y demás condiciones de trabajo (art. 45.2 TFUE), no ha sido garantizada en RU. El proceso de debilitamiento de la acción sindical británica sufrido desde los años 80 del siglo pasado, ha neutralizado a la negociación colectiva como mecanismo de corrección y algunas decisiones del TJUE, como la adoptada en el Asunto Viking (C-438/05, 2007), tampoco han contribuido a su efectividad.

La promulgación de la Modern Slavery Act (2015) y la Immigration Act (2016) han introducido mayor confusión con sus muy distintos enfoques sobre la materia. Mientras la primera muestra la necesidad de proteger a colectivos vulnerables frente a situaciones de abuso; la segunda persigue controlar la inmigración irregular. En la práctica, las medidas de protección previstas resultan de difícil acceso para los sujetos protegidos. Asimismo, el protagonismo atribuido legalmente al empleador en el control de la inmigración irregular no parece haber dado sus frutos.

En este escenario, el Informe Final del Comité Asesor de Migración para el diseño de una política migratoria post-Brexit parte de la desactivación efectiva e incontestable de la libre circulación europea y declara al RU único dueño del control del acceso de personas a su territorio. Bajo esta perspectiva, se recomienda un diseño del sistema de migración que no introduzca normas de preferencia en el acceso al mercado de trabajo británico para los ciudadanos europeos.

El Informe señala que no participar de la libre circulación no convertirá a RU en un estado atípico, pues se cuenta con modelos similares ya consolidados como el caso de Canadá; o los acuerdos entre Australia y Nueva Zelanda, que regulan la libre circulación de trabajadores, entre países de nivel y desarrollo económico similares. En todo caso, se afirma que estos cambios sólo significan que los ciudadanos del EEE necesitarán una visa, en idénticas condiciones que el resto de ciudadanos de otros países no europeos (sic).

Con este enfoque, el Informe trasciende la cuestión de la nacionalidad y se centra en la clasificación de trabajadores entre los altamente cualificados -a los que se recomienda gestionar a través de un sistema o régimen menos restrictivo, a fin de evitar los efectos disuasorios de una política excesivamente burocratizada- y los trabajadores de medias y bajas cualificaciones. El Informe busca así la coherencia con la Estrategia Industrial del Gobierno publicada el pasado año. Esta estrategia se apoya sobre cinco pilares: ideas; personas; infraestructuras; entorno empresarial y comunidades en las que vivir y trabajar, todo ello bajo el eslogan “Construyendo una Gran Bretaña preparada para el futuro”.

Esta política de “atracción del talento” no resulta extraña; de hecho, está muy presente en propuestas como la de la Comisión Europea sobre la tarjeta azul para trabajadores altamente cualificados procedentes de terceros países, con el fin de reformar la Directiva 2009/50/CE, sobre las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificados, haciendo más accesible y atractivo este trabajo en Europa.

Ahora bien, estas propuestas invitan a hacer alguna reflexión: en primer lugar, respecto a la necesidad de hacer más preciso el discurso sobre migración, en el sentido de desplazar el foco que recae sobre los trabajadores altamente cualificados hacia otros elementos como las ofertas o puestos de trabajo que requieren habilidades especializadas. En efecto, una estrategia de inversión en el tejido productivo, de manera que se generen puestos de trabajo altamente cualificados, ocupará a los trabajadores –nacionales o no- adecuadamente formados y, sin duda, traerá como consecuencia una mayor contribución a las finanzas públicas y una mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos residentes. El hecho de que en la actualidad, tal y como indican los resultados del Informe de referencia, en RU haya una concentración de trabajadores en los sectores que requieren bajas cualificaciones y que están peor retribuidos, no presupone necesariamente la baja cualificación de quienes los ocupan.

En segundo término, el Informe no hace alusión a la necesidad de hacer reformas en el sistema nacional de educación, a partir de un diagnóstico adecuado de sus carencias y potenciales. La adaptación de los sistemas educativos favorecerá que los trabajadores residentes no tengan que competir por los trabajos no cualificados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos. Este enfoque traería efectos de relevancia en los sentimientos anti-inmigración descritos más arriba.

En todo caso, cabe concluir que la percepción de la libre circulación como inmigración no deseada ha chocado de manera muy dura con el desarrollo y consolidación del concepto de ciudadanía europea, cargado hasta el momento de fuertes connotaciones de progreso social y económico. Y la cuestión es que los 3,3 millones de ciudadanos europeos que residen en RU y los 1,5 millones de ciudadanos británicos que residen en Estados europeos como España y Francia deben empezar a ser conscientes del cambio de significado que va a operar el Brexit sobre el concepto de libre circulación para convertirlos en inmigrantes, cuyos derechos efectivos, adquiridos o no, se desconocen de momento.

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