¿A quién le corresponde resolver el contrato? (A propósito de la STS 513/2018)

¿A quién le corresponde resolver el contrato? (A propósito de la STS 513/2018)

La resolución del contrato ha requerido en la mayor parte de los casos intervención judicial sin la cual no despliega efectos jurídicos en el caso de que medie desacuerdo; así parece desprenderse del art. 1.124 del Código Civil.  La sentencia que acuerda la resolución presupone a su vez el reconocimiento de que concurren los requisitos materiales que permiten declarar el derecho a cambiar la situación creada en virtud del incumplimiento. Por consiguiente, aunque la resolución pueda estar asociada a la condena a determinadas prestaciones accesorias derivadas del hecho mismo del incumplimiento, la decisión judicial tiene una eminente naturaleza constitutiva.

Aun así, se está imponiendo una corriente doctrinal favorable a conferir al acreedor la facultad de resolver el contrato extrajudicialmente mediante una simple comunicación dirigida a la parte a quien se impute el incumplimiento, lo cual presenta algunos problemas, especialmente en el ámbito procesal, pues ello no dejaría de suponer un cambio que llevaría a tener que invertir los términos en que tradicionalmente se conciben las controversias judiciales en este tipo de asuntos.

Por lo tanto, a menos que legislativamente se abandone el sistema hasta ahora vigente y se sustituya éste como forma exclusiva de resolver el contrato, afirmar que el contrato puede ser resuelto por la simple manifestación comunicada por quien inicialmente se presenta como agraviado no añade mucho, salvo desconcierto, a lo que ya sabíamos que en algunos casos podía hacerse.

Es verdad que el ejercicio unilateral de la facultad resolutoria realizada extrajudicialmente tiene la ventaja nada desdeñable de que evita que el contratante que se presenta como perjudicado sea quien tenga que soportar la carga de obtenerla judicialmente. En cambio, tiene el inconveniente de que obliga a la parte a quien se le impute el incumplimiento a combatirla judicialmente y a soportar los gastos y el riesgo del proceso si realmente quiere impugnarla y a deducir una pretensión a fin de sea el juez quien decida si la resolución adoptada previamente estaba justificada o no lo estaba

Procesalmente, hay una gran diferencia entre ambas situaciones, pues mientras en la primera hipótesis estaríamos ante una acción de naturaleza constitutiva, en la segunda bastaría con que el juez declarase si la resolución previamente adoptada es fundada o infundada. La distinción con las acciones constitutivas es clara: como señaló CHIOVENDA, en el caso de las acciones declarativas, el juez debe limitarse a verificar lo que ya ha ocurrido («e avennuto») y extraer las consecuencias que se deriven de ello; en el caso de las acciones constitutivas, el juez deberá declarar qué es lo que debe ocurrir («debe avvenire») y, si entiende que la pretensión es fundada, operar el cambio.

El Tribunal Supremo tampoco ha logrado arrojar demasiada luz a esta cuestión: la STS 431/2013 [Roj 3679], ya señaló que en efecto el artículo 1.124 permite el ejercicio de la facultad resolutoria mediante declaración extrajudicial dirigida a la parte incumplidora pero siempre a reserva de que ésta, si es que no estuviera conforme, acuda a los tribunales para negar el incumplimiento resolutorio o rechazar la oportunidad de hacerlo valer como causa de extinción sobrevenida de la relación contractual, en cuyo caso esta resolución tendría lugar, no cuando se produjera el incumplimiento, sino cuando la parte que se presenta como perjudicada por él lo hubiese comunicado a la otra parte mediante una declaración o a través de un acto inequívoco o concluyente con el mismo significado y eficacia. Y lo mismo afirma la reciente STS 513/2018 [Roj 3233] que da razón a esta entrada.

Además, en el supuesto de que dicha decisión fuera contestada judicialmente por el deudor, eso no le liberaría (como no lo habría hecho en un proceso judicial que él mismo hubiera iniciado), de la carga de probar el hecho constitutivo de su pretensión: la existencia del incumplimiento porque, al oponerse, en realidad no estaría haciendo otra cosa que sosteniendo la existencia de aquél y, en consecuencia, manteniendo que efectivamente había una causa justificada para haber resuelto el contrato.

En este aspecto, sería importante subrayar que el acreedor, en la medida en que considerase que lo es, tendría, no sólo que ser coherente con su postura sino, en la hipótesis de que la declaración haya sido impugnada judicialmente, congruente con las causas esgrimidas como determinantes del incumplimiento, a las que quedaría vinculado so pena de situar a la otra parte en una situación de indefensión. De esta manera, al acreedor demandado, en el supuesto de que lo fuera, quizás no le se le debieran admitir otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación.

Eso significa que si no prosperase la demanda instada por el deudor, la sentencia no podría llegar a tener efectos constitutivos, sino declarativos ya que el efecto constitutivo y, en consecuencia, el cambio que a través de él se opera, ya habría tenido lugar y sus efectos habrían de retrotraerse al momento de la notificación; de suerte que la decisión judicial confirmatoria de la resolución no podría ser objeto de ejecución salvo que hubiera mediado una reconvención del demandado llamada a obtener la eventual condena para garantizar así el cumplimiento de los efectos que suelen ir íntimamente unidos a la resolución del contrato.

Mediante el eventual ejercicio de una acción declarativa por parte del contratante a quien se le hubiera reprochado el incumplimiento, lo único que podría conseguir es despejar la incertidumbre sobre la existencia de una determinada situación jurídica, en este caso, la que vendría provocada por la comunicación resolutoria de quien se considera víctima del aquél. Por lo tanto, al combatir la causa de la resolución, no se entendería que no dedujera al mismo tiempo y en la misma demanda una acción tendente a exigir el cumplimiento del contrato.

Como hemos dicho, otro aspecto importante consiste en saber si este nuevo modelo de resolución tiene alguna incidencia en las reglas de distribución de la carga de la prueba; desde luego, si aplicáramos literalmente la previsión contenida en art. 217 de la LEC, la parte a quien se le dirigió la comunicación resolutoria y a quien precisamente se le recrimina ser el causante del incumplimiento, si quiere oponerse ella, tendría que probar que cumplió con su obligación, lo cual en un contexto en que el acceso a las fuentes de prueba fuera sencillo no generaría ningún problema, máxime si la opción del legislador en este tipo de soluciones pasase por favorecer la posición procesal de la parte que haya optado por acudir a la resolución extrajudicial.

Pero si no fuera así, se podría llegar a pensar que, para eludir estos inconvenientes, quizás fuera posible llegar a plantearse (y en su caso admitir como premisa teórica), que esta nueva modalidad de resolución extrajudicial no produce una alteración en la posición de los sujetos de la relación material controvertida; el acreedor seguiría siendo acreedor, soportando por ello la carga de acreditar el incumplimiento, y el deudor, aunque se viera eventualmente obligado a demandar a quien dio por supuesta la resolución, seguiría siendo deudor y vendría obligado a probar su no-incumplimiento; bastaría con seguir atribuyendo al demandado-acreedor la carga de la prueba del incumplimiento, de modo que, para éste, el incumplimiento seguiría teniendo la categoría de hecho constitutivo.

Las vicisitudes procesales a que puede dar lugar la coexistencia de ambos sistemas pueden resultar procesalmente agotadoras. Hay que tener en cuenta, además, que normalmente el ejercicio de la resolución extrajudicial suele venir asociada la petición de restitución o de indemnización y no es descartable que en la declaración extintiva realizada extrajudicialmente se haga valer ante el ejercicio de una acción de cumplimiento deducida por la parte a quien se impute el incumplimiento. En este aspecto, hay quienes de ello han extraído la conclusión de que si se admitiera la resolución extrajudicial, correlativamente habría que admitir igualmente la posibilidad de hacer valer la resolución así declarada por medio de excepción al menos antes de que deudor incumplidor pretendiera su cumplimiento.

Al final la judicialización de la resolución está prácticamente asegurada; urge que legislativamente se adopte una posición que permita a las partes saber a qué atenerse en relación con esta materia. Pero parte del problema quedaría eliminado si la jurisprudencia adoptara una postura clara sobre este tipo de cuestiones si no quiere que las tasas de litigiosidad se incrementen debido a la inconsistencia que se observa en relación con la interpretación de las normas relacionadas con la resolución contractual.

1 Comentario

  1. Muy buen artículo, con este tipo de contenido nos queda a todos mucho más clara la legislación vigente. Buen trabajo

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