Ruptura matrimonial, derecho de uso de la vivienda familiar, impuestos y gastos de comunidad

Ruptura matrimonial, derecho de uso de la vivienda familiar, impuestos y gastos de comunidad

Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo en materia de Derecho de familia han acaparado la atención de los medios de comunicación. En particular, en esta entrada nos centraremos en diversas sentencias relacionadas con el derecho de uso de la vivienda familiar tras la ruptura matrimonial.

Son dos los grupos de cuestiones sobre los que debatiremos. En primer lugar: ¿cuándo se extingue ese derecho de uso asignado por el juez a uno de los ex-cónyuges? En otras palabras, ¿produce el matrimonio o la convivencia marital con un tercero la extinción de este derecho? A ello se añade una pregunta paralela: ¿la presencia de un tercero en la vivienda familiar, cuyo uso había sido asignado al cónyuge custodio e hijos comunes, ha de suponer una minoración de la cuantía de las pensiones alimenticias percibidas por los hijos menores de edad? En segundo lugar: ¿quién es el deudor de los impuestos y de los gastos comunes generados por la vivienda familiar? ¿Ha de aplicarse la misma solución al Impuesto de Bienes Inmuebles que a los gastos de la comunidad de propietarios?

Para responder al primer grupo de cuestiones centraremos nuestro análisis en el estudio de dos sentencias recientes del TS: la número 641/2018, de 20 de noviembre, y la número 33/2017, de 19 de enero. Por su parte, el segundo grupo de cuestiones se responderá analizando la argumentación seguida por el TS en otras dos sentencias: la número 399/2018, de 27 de junio [un comentario de esta autora sobre esta sentencia puede leerse en el número 110 de Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil] y, citada por ésta, la número 563/2006, de 1 de junio.

No nos detendremos en el análisis jurisprudencial del concepto de derecho de uso de la vivienda familiar tras la nulidad, separación o divorcio, pues su configuración bebe de la casuística. El elemento común a todos los litigios tiene su base en el artículo 96 del Código Civil: el derecho de uso se asigna al cónyuge custodio de los hijos y, en ausencia de hijos, al cónyuge cuyo interés sea el más necesitado de protección. Tengan en cuenta los lectores que entendemos por vivienda familiar, adecuada a las necesidades del interés superior del menor, a la que se refiere el citado artículo 96, la que fue vivienda familiar hasta el momento de la ruptura del matrimonio.

Respecto al primer grupo de cuestiones a tratar, la situación de la que debe partirse es la siguiente: el artículo 101 del Código Civil regula tres causas de extinción del derecho a la pensión compensatoria, a saber: “el cese de la causa que lo motivó [según el artículo 97, la causa de esta pensión no es otra que el surgimiento de un desequilibrio económico tras la separación o el divorcio de uno de los cónyuges en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio], por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”. Sin embargo, no se contiene en el Código Civil una regulación específica de las causas de extinción del derecho de uso de la vivienda familiar.

El Tribunal Supremo ha entendido extensible el concepto de causa de extinción a la figura del derecho de uso de la vivienda familiar. En particular, las causas del nuevo matrimonio o de la convivencia marital del titular del derecho de uso con un tercero, toda vez que esa nueva situación hace perder a la vivienda el carácter de vivienda familiar. En efecto, la STS de 20 de noviembre de 2018 añade un halo de esperanza al marco normativo [en sentido estricto, a la ausencia de regulación específica] y permite adaptar la solución jurídica a las circunstancias de la sociedad española actual, a falta de modificación del Código Civil. Por tanto, la línea interpretativa creada por el Tribunal Supremo permite afirmar que el matrimonio o la convivencia marital del ex-cónyuge acreedor de la pensión compensatoria y/o titular del derecho de uso de la vivienda familiar tienen un doble efecto extintivo, tanto de la pensión compensatoria como del derecho de uso de la vivienda familiar.

Está por ver cuál sea la consecuencia de la extinción de ese derecho de uso en la cuantificación de la pensión de alimentos de los hijos menores cuando el ex-cónyuge que tenía el derecho de uso ahora extinguido sea custodio de los hijos. En efecto, aunque el Alto Tribunal nada dice sobre este último extremo, la práctica nos permite afirmar que será frecuente la solicitud de incremento de la pensión alimenticia. Con todo, se entiende que la solución jurídica ofrecida por el Tribunal Supremo no perjudica per se el interés del menor, pues este concepto no implica el mantenimiento siempre y en todo caso de los hijos en un ambiente inalterable.

Tengan en cuenta los lectores la idiosincrasia del supuesto de hecho: tras la ruptura matrimonial, el excónyuge al que se le atribuyó el derecho de uso de la vivienda contrae nuevo matrimonio o comienza una convivencia more uxorio con un tercero en la vivienda familiar [a esta vivienda se pueden incorporar asimismo los hijos del tercero o las personas dependientes de éste]. A ello se pueden añadir otras circunstancias, pues el derecho de uso de la vivienda se puede generar en supuestos en los que el piso es bien ganancial de ambos ex-cónyuges o cuando es bien privativo, esto es, cuando la propiedad de la vivienda corresponde de manera exclusiva al otro excónyuge, no titular del citado derecho de uso. Asimismo, el derecho de uso puede existir incluso cuando la vivienda pertenezca a un tercero, que hubiera cedido su utilización a la pareja por el tiempo que duró el matrimonio.

Por tanto, la solución propuesta por el Tribunal Supremo confiere una misma respuesta extintiva del derecho de uso de la vivienda y de la pensión compensatoria por el matrimonio o convivencia more uxorio con un tercero. Ello es así porque, en palabras del Alto Tribunal “el derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto se conserve este carácter familiar”. Dado que la entrada del tercero en la que fuera vivienda familiar hace que ésta sirva para el uso de “una familia distinta y diferente”, este inmueble pierde el carácter familiar que antaño tuviera con respecto a la primera familia que convivió en él.

Ciertamente, la aplicación de la línea interpretativa iniciada por el Tribunal Supremo permitirá evitar que la libertad del ex-cónyuge custodio de los hijos para establecer relaciones estables de pareja con quien estime oportuno tras la ruptura matrimonial sea empleada en perjuicio del otro ex-cónyuge, no custodio. Ello con independencia de si la propiedad de la que fuera vivienda familiar corresponde únicamente a este último o si, por el contrario, se trata de un copropiedad de ambos ex-cónyuges. Será de especial interés que el convenio regulador contemple esta eventualidad y la respuesta que deba darse por las partes. La falta de pacto en el convenio regulador sobre este último extremo obligará a las partes a tener que solicitar la correspondiente medida de desafectación de la vivienda familiar respecto del uso originariamente atribuido, para recuperar el excónyuge no custodio su vivienda privativa, en unos casos, o, en otros, para proceder a la liquidación del bien ganancial. Cosa que habrá de hacerse a través de un nuevo proceso de modificación de medidas.

En paralelo se debe tener presente que ya con anterioridad, desde la STS de 19 de enero de 2017 previamente citada, el Alto Tribunal viene manteniendo que la convivencia en el domicilio familiar del ex-cónyuge custodio con una nueva pareja conduce a la reducción de la pensión de alimentos a abonar por el excónyuge no custodio a favor de los hijos. El argumento empleado por el Tribunal Supremo es sencillo, a la par que sensato: con la nueva convivencia surge el deber de la nueva pareja de contribuir a los gastos de la vivienda, aun cuando dicho inmueble sea un bien de naturaleza ganancial de ambos ex-cónyuges. De ahí que la nueva contribución el tercero suponga una reducción proporcionada de la pensión de alimentos, toda vez que no cabe duda de que la vivienda se engloba en el concepto de alimentos. Tengan en cuenta los lectores que en el litigio que dio origen a la STS de 2017 a la que ahora nos referimos la presencia de un tercero en la vivienda familiar no se plantea desde la perspectiva de la extinción del derecho de uso de esa vivienda, sino únicamente en relación con la prestación alimenticia.

En otro orden de cosas, el segundo grupo de cuestiones a las que hemos hecho referencia tiene que ver con los impuestos y los gastos generados por la vivienda familiar. El primer supuesto de hecho que debemos tener presente es el siguiente: una pareja casada en régimen de gananciales adquiere una vivienda que forma parte de un conjunto en régimen de propiedad horizontal, teniendo dicha vivienda naturaleza de bien ganancial. En la sentencia de divorcio, el juez otorga a uno de los ex-cónyuges, el cónyuge custodio de los hijos comunes, el derecho de uso de la citada vivienda, estableciendo asimismo una pensión de alimentos a favor de los hijos y con cargo al cónyuge no custodio. Nada se dice en la citada sentencia sobre la identidad del sujeto deudor del Impuesto de Bienes Inmuebles o de las tasas municipales (sobre recogida de basura, alcantarillado, vado, etc.) que genere la vivienda sobre la que se crea el citado derecho de uso, como tampoco se especifica quién ha de ser la persona que satisfaga los gastos de comunidad.

En diferentes sentencias el Tribunal Supremo ha dado una respuesta uniforme para ambos supuestos: tanto el IBI como los gastos de comunidad generados por la vivienda han de ser satisfechos por la persona propietaria de la vivienda en cuestión, y no así por la persona que tenga asignado el derecho de uso.

Si hablamos de un piso que es bien ganancial, la aplicación de esta doctrina interpretativa se traduce en la extraña situación, ciertamente alejada del sentido común, en la que el ex-cónyuge, copropietario de la vivienda, que no tiene un derecho de uso sobre ésta, ha de satisfacer el 50% de los gastos de la comunidad de propietarios y el 50% de los impuestos y tasas aplicables a la citada vivienda, siendo que el otro 50% restante de gastos de comunidad e impuestos será a cargo del ex-cónyuge copropietario de la vivienda y titular del derecho de uso.

La explicación dada por el Tribunal Supremo es escueta y ciertamente cuestionable: se trata de cargas propter rem, esto es, generadas por la titularidad del derecho de propiedad de la cosa, luego no derivan del uso de la cosa, sino de su mera propiedad. Por este motivo, son a cargo de los propietarios, y no de los usuarios. El Tribunal Supremo marca una clara diferencia entre el gasto propter rem y el gasto derivado del uso, como son los servicios de luz, agua, gas, etc. Para estos últimos, como cabría esperar, la solución es la contraria: han de ser asumidos únicamente por el ex-cónyuge que tenga el derecho de uso de la vivienda, sin perjuicio de que parte de dichos gastos sean computados como gastos de los hijos a efectos de calcular la pensión de alimentos de éstos.

La extensión de esta fórmula interpretativa al supuesto en el que la vivienda es propiedad única de uno de los ex-cónyuges o de un tercero -pongamos por caso, los progenitores de uno de los ex-cónyuges o un familiar cercano- conduciría a la solución surrealista de obligar al ex-cónyuge propietario o al tercero propietario, sin ser titular del derecho de uso de la vivienda, a tener que satisfacer el 100% de los gastos de la comunidad de propietarios, así como los impuestos generados por la vivienda. Tengan en cuenta los lectores que en este caso ese propietario igualmente habrá de seguir haciendo frente a la hipoteca que grave esa vivienda, cuando esta garantía real aún exista, aun cuando el derecho de uso se haya atribuido a otra persona.

La solución dada por el Tribunal Supremo respecto a los gastos de comunidad se separa de la respuesta que habría de darse si en vez de un derecho de uso de la vivienda creado por el juez en el proceso generado por la crisis matrimonial, estuviéramos ante un derecho de usufructo. En efecto, en este último supuesto, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 500, 501 y 504 del Código Civil, se ha entendido que los gastos comunes originados por la vivienda son a cargo del usufructuario, y no así del nudo propietario. La misma interpretación entendemos que habría de aplicarse al caso en el que lo que existe no es un usufructo, sino un derecho de uso común, toda vez que el Código Civil prevé la aplicación de las disposiciones referidas al usufructo de forma subsidiaria al derecho de uso (artículo 528).

Cuesta creer cuál es la diferencia entre la razón de ser de la identidad del sujeto obligado al pago en los dos supuestos de hecho, igual que parece poco sensato defender que lo que se satisface como gasto común en una comunidad de propietarios redunda siempre y en todo caso en un incremento del valor de la propiedad o, por lo menos, en la conservación de este valor. Más acertado parece entender que lo que se paga como gasto de comunidad es el quid pro quo por el hecho de ser titular de un derecho de uso de los elementos comunes de esa comunidad de propietarios, siendo que únicamente tendrá este derecho de uso quien a su vez sea titular del derecho de uso de un elemento privativo sito en esa comunidad de propietarios.

Crucemos los dedos hasta leer el siguiente capítulo de la saga jurisprudencial sobre el derecho de uso de la vivienda familiar, toda vez que no existe viso alguno de que el legislador español pretenda zanjar los problemas interpretativos con una regulación específica de este derecho de uso.

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