Los Presupuestos del Gobierno ante un Parlamento fragmentado

Los Presupuestos del Gobierno ante un Parlamento fragmentado

Resulta ya generalmente admitido que la Ley de Presupuestos constituye el “vehículo de dirección y orientación de la política económica que corresponde al Gobierno” (STC 223/2006, FJ 5). Esto implica que en todos los sistemas de nuestro entorno (incluido EE.UU.), es el Gobierno en quien reside la competencia de diseñar el proyecto de Ley de Presupuestos. La necesidad de una rápida actuación, los conocimientos técnicos y la posesión de datos provenientes de fuentes directas e inmediatas hacen del Gobierno el órgano adecuado para desempeñar esta tarea. En consecuencia, se ha generalizado la adopción de un esquema cuya premisa general ha pasado a ser la idea de que corresponde al Ejecutivo dirigir la política económica y presupuestaria (salvo, por ejemplo, en el caso estadounidense).

Dichos poderes de dirección política gubernativa se ven compensados, sin embargo, por una creciente conciencia del Parlamento acerca de su trascendental papel –todavía por definir en la mayoría de los sistemas— respecto de la determinación de lo que deben ser las líneas maestras de la política que posteriormente el Ejecutivo deberá implementar. En este sentido, resulta especialmente significativa la introducción de nuevas ocasiones de debate parlamentario para la fijación del marco de desarrollo de las decisiones económico-financieras, como es en nuestro sistema la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales (art. 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

De otro lado, en España, nuestra forma de gobierno responde a los rasgos del modelo conocido como parlamentarismo racionalizado. Por exigencias de esta variante del sistema parlamentario tradicional, extendido en muchas de las democracias parlamentarias a partir de la Segunda Guerra Mundial, se establecen determinados mecanismos de protección, tendentes a asegurar la estabilidad del sistema. Así, una de las más señaladas consecuencias del refuerzo del papel del Gobierno es la necesidad de limitar al máximo las situaciones determinantes de las crisis de gobierno. De este modo, los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política del Gobierno pasan a regularse expresamente, sometiéndose a procedimientos estrictos. En nuestro país, sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un cambio en la actitud de las fuerzas parlamentarias minoritarias, en el sentido de que, desde mediados de los ´90 del pasado siglo se ha instituido la práctica de que dichas minorías intenten controlar la acción del Gobierno, forzándole a la disolución de las Cámaras mediante la aprobación o el rechazo de los Presupuestos. Recordemos como en septiembre de 1995, Convergencia i Unió, entonces principal apoyo del Gobierno socialista, presentó una enmienda a la totalidad de los Presupuestos para 1996, lo que equivalía, según sus propias palabras, a una moción de censura, en un intento de presionar al Presidente González para la convocatoria inmediata de elecciones.

En este caso, hay quien ha defendido que el voto negativo sobre el Presupuesto determina automáticamente la caída del Gobierno y, con la formación del nuevo Gobierno, encargado de elaborar un nuevo Presupuesto y, eventualmente, su aprobación por parte de las Cámaras. No obstante, la cuestión no se presenta tan clara desde un punto de vista jurídico. En efecto, nuestro ordenamiento constitucional no establece la caída del Gobierno como consecuencia directa del rechazo de los Presupuestos que ha presentado ante las Cámaras.  Y es que no puede olvidarse que la facultad de disolución del Parlamento –fuera de los dos casos expresamente previstos por la Constitución— sí es disponible para el Presidente del Gobierno, en el sentido de que, tal y como establece el art. 115. 1 CE, es el propio Presidente quien –previa deliberación del Consejo de Ministros– la propone bajo su exclusiva responsabilidad. Por ello, aunque se pudiera considerar que, desde consideraciones políticas, se dan unas circunstancias que hacen aconsejable la disolución de las Cámaras, como medio de solventar eso que se ha dado en denominar “bloqueo institucional”, lo cierto es que ni constitucional ni legalmente existe tal obligación por parte del Presidente del Gobierno. Por el contrario, desde una perspectiva política, ante un eventual rechazo parlamentario de los Presupuestos, el Ejecutivo tiene ante sí dos opciones: la primera, considerarlo como una muestra de que ya no cuenta con la confianza del Parlamento para continuar realizando su proyecto de gobierno y, en consecuencia, proceder a la disolución de las Cámaras y convocar nuevas elecciones; o bien, también cabe la alternativa de proceder a ajustar el Proyecto de Ley de Presupuestos, adaptándolo a las exigencias del Parlamento. Lo que no parece aceptable desde una perspectiva política, es continuar como si tal cosa, simplemente gobernando con los Presupuestos prorrogados del anterior ejercicio. Respecto de la práctica institucional, si bien en las Cortes Generales solo en dos ocasiones (contando la presente) se ha producido un rechazo explícito del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno y ambas han llevado a la disolución de las Cámaras y consiguiente convocatoria de elecciones general, el caso opuesto lo encontramos en la Comunidad Autónoma Vasca, dónde casi podría decirse que la prórroga de los presupuestos se ha acabado convirtiendo en la regla general, más que en la excepción que debería ser.

De cualquier modo, ello no implica que el Gobierno se vea exento de la competencia-obligación de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos para su aprobación por las Cámaras. A pesar de la “costumbre” que parece haber hecho fortuna en los últimos años, y obviando el argumento literal (el Gobierno “deberá presentar”), lo cierto es que de la propia regulación que la Constitución articula sobre el instituto de la prórroga automática se desprende claramente que ésta es una solución transitoria y extraordinaria (“hasta la aprobación de los nuevos”) y, por encima de todo, deberá llevarse a cabo la interpretación más conforme a la Constitución, por cuanto el art. 1.3º CE define la forma política del Estado español como una Monarquía parlamentaria.

Todo esto de lo que hablamos tiene una importancia de la que hasta ahora carecía porque el escenario ha cambiado radicalmente. En un contexto de bipartidismo y mayorías claras, las fronteras entre Gobierno y Parlamento tienden a hacerse borrosas y ambas instituciones se solapan. Ahora, con un Parlamento altamente fragmentado, dichas fronteras tienden a marcarse, a estirarse hasta el límite, por lo que previsiblemente los conflictos serán cada vez más frecuentes. Esta situación, de Gobiernos en minoría y sin el suficiente respaldo parlamentario, por el contrario, ha sido frecuente en los sistemas autonómicos, lo que ha dado lugar a una amplia gama de modalidad de conflictos interinstitucionales; algo que ya hemos empezado a experimentar en el nivel estatal en relación con la cuestión de los llamados “vetos presupuestarios”, que ha dado lugar en menos de un año a dos conflictos entre órganos constitucionales y tres recursos de amparo planteados por diputados. De nuevo los Presupuestos como origen del conflicto…

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*