El reino de los jueces sí es de este mundo

El reino de los jueces sí es de este mundo

La confianza en el poder judicial pasa también por confiar en quienes administran justicia; y ya sabemos que muchas veces la buena imagen de la justicia no se extrae del sentido de sus resoluciones sino de la imagen que los ciudadanos tengan de sus jueces. Durante mucho tiempo la imagen del buen juez ha estado asociada a valores que, como derivación de las virtudes cívicas, uno supone que debería tener un juez.

En este aspecto, tal como ha tenido el acierto de poner de relieve Julia Solla, la recreación y elaboración a nivel normativo de cómo ha de ser un buen juez se ha elaborado históricamente bajo las categorías de la responsabilidad disciplinaria, hasta tal punto de que, así configurada, ésta ha sido en su opinión la gran invención del siglo XIX que es, utilizando sus propias palabras, cuando deja de ser la forma discreta en que la severa mano de los Presidentes de los Tribunales corregían, como una manifestación de su superioridad, los excesos y las deviaciones que observaban en la conducta de sus inferiores.

Pero más allá de cualquier consideración que trate de prefigurar el paradigma de cómo deben comportarse los jueces en su esfera personal, la política de gobierno, incluida la que se refleja a través de la responsabilidad disciplinaria, debería estar básicamente orientada a que al frente de cada juzgado o tribunal se encuentren unos jueces celosos de su propia independencia y respetuosos con los principios y valores constitucionales y que, como empleados públicos, presten un adecuado servicio a los ciudadanos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

La responsabilidad judicial no es un concepto monolítico; tiene varias facetas y requiere preguntarse no sólo quién debe ser responsable, si el juez o la institución a quien representa, sino ante quien y en consideración a qué, tanto por su comportamiento («behaviour accountability»), como por sus decisiones («decisional accountability») o por su actuación profesional («administrative accountability») y, no en menor medida, en qué casos debe ser aplicada.

En este último aspecto, parece que en muchos casos se tiende más que a contemplar soluciones orientadas exclusivamente a lograr el castigo del infractor («hard»), que por articular respuestas que traten de evitar que un juez pueda volver a incurrir en actuaciones similares, evaluando hasta qué punto han podido concurrir circunstancias externas o estructurales que hayan podido llegar a condicionar la actuación sujeta a responsabilidad, incluso, introduciendo medidas o códigos de conducta éticos que fomenten un buen funcionamiento de la justicia («soft»).

Así pues, con ser eso algo muy positivo, la solución pasa tanto por introducir criterios moralizantes como de someter el desempeño de la función judicial a unos estándares suficientemente razonables que generen confianza entre los justiciables y que permitan corregir todo aquello que, directa o indirectamente conduzca o provoque comportamientos irregulares.

Y probablemente todo sea debido a la ineficacia de los sistemas de responsabilidad disciplinaria lo que haya determinado que, últimamente, exista una tendencia mucho más acusada a la introducción de otro tipo de criterios que operan al margen de la responsabilidad profesional como sucede específicamente con la tendencia a impulsar la introducción de pautas de carácter ético aplicables al funcionamiento de los servidores públicos, como acaba de hacer por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, que sumándose a esta corriente, ha aprobado unos «Principios de Ética Judicial».

Pero se puede seguir siendo un buen juez desde el punto de adecuación de la conducta personal y profesional a ciertos estándares éticos y no ser el juez que responda a los requerimientos que demanda la sociedad en el ejercicio de la jurisdicción atendiendo a su nivel de conocimientos, preparación técnica y compromiso con principios y valores constitucionales.

No basta con que los jueces observen una conducta ejemplar. La competencia y la profesionalidad son elementos que deberían ser más tenidos en cuenta para adaptar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los nuevos tiempos; lo cual puede llevarse a cabo de varias maneras, incluso mediante controles intermedios de idoneidad a lo largo de la carrera judicial.

Ya sabemos que el grado de independencia de los jueces de un país depende en parte de factores sociales y culturales pero el grado de confianza que los ciudadanos tienen de sus jueces depende en gran parte de la propia actitud que los jueces observen ante los casos que se les someten; en otras palabras, la confianza que los ciudadanos tengan de la independencia de sus jueces depende fundamentalmente de ellos mismos.

La integridad moral del juez es muy importante pero no es determinante para asegurar una decisión conforme a la ley, una conducta difícil y complicada porque no toda norma jurídica constituye la derivación de una regla moral universalmente válida y aceptada por todos, pero, aun así, debe ser aplicada; de esta forma los jueces vienen forzados muchas veces a desobedecerse a sí mismos en el ejercicio de su función judicial aun cuando la norma no coincida con sus principios y sus valores.

En este sentido, sin necesidad de tener que someter a la judicatura a la prueba de las noventa y cinco tesis luteranas, ni obligarles a la lectura de Cicerón («De officiis»), a lo mejor sería conveniente cambiar de estrategia e invertir los términos de la cuestión y atajar el problema de otra manera, con más transparencia, con más formación y más incentivos a la promoción profesional a través de una excelencia premiada y, desde luego (¡cómo no!), con un reforzamiento de los comportamientos éticos como ya se ha empezado a hacer en otros ámbitos de la actividad pública y privada; a mi modo de ver, es preciso proyectar una cultura enfocada hacia la calidad del servicio que prestan los tribunales y aumentar los niveles de exigencia en materia de responsabilidad judicial.

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