La acusación pública en Inglaterra: «The Crown Prosecution Service»

La acusación pública en Inglaterra: «The Crown Prosecution Service»

La creación de una Fiscalía Europea ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la necesidad de armonizar nuestro proceso penal al existente en el resto de los países de nuestro entono, de claro predominio acusatorio, en donde el peso de la investigación se encuentre en manos del Ministerio Fiscal. Nadie puede negar que, en este aspecto, la configuración que haya de tener el Ministerio Fiscal en España y la determinación de los principios a los que debe ajustar su actuación, constituye una de las cuestiones que siguen siendo objeto de enorme controversia.

El hecho de haber elegido como modelo a este país obedece a varias razones; no sólo, como decía Eduardo Couture, por la magia que despierta la justicia inglesa y por la especial sensibilidad que siempre han mostrado sus ciudadanos por salvaguardar sus derechos individuales frente al ejercicio arbitrario del poder, sino porque el proceso penal de este país responde a los estándares que suelen servir de paradigma cuando se trata de representar al sistema acusatorio en su versión más pura, donde el ejercicio de la acción penal, aunque sometida a un cierto margen de discrecionalidad, es una decisión, pese a lo que pudiera parecer, razonablemente reglada.

Como sabemos, fruto de una evidente exaltación de las virtudes cívicas de la ciudadanía británica y a la desconfianza que despertaba entregar la acusación a instituciones dependientes del poder ejecutivo, el sistema acusatorio inglés desconocía originariamente la acusación estatal y confió inicialmente el ejercicio de la acción penal a los ciudadanos. La acción penal en Inglaterra representaba la acción pública por antonomasia. Es verdad que al principio, logró ser vista como una conquista ciudadana y con enorme simpatía, pero acabó siendo víctima de sus propias virtudes como la de dar cobijo a una heterogénea multitud de entidades privadas que se encargaban de perseguir los delitos cuya formalización encomendaban, a su costa, a abogados particulares para que asumieran el ejercicio de la acusación; con el paso del tiempo, y para precaverse de la existencia de ciertos abusos, esta función comenzó a institucionalizarse con la creación una oficina pública llamada a racionalizar el sistema de acusación.

Los ingleses no tardaron en darse cuenta de las molestias que suponía hacerse cargo de la defensa de sus propios intereses ante las agresiones que afectaban a sus bienes y personas, a raíz de lo cual, comienzan a surgir asociaciones que, a cambio de una cantidad, llevaban a cabo esta actividad. Este ejercicio gregario de la acción penal tampoco fue del todo bien acogido ya que no siempre se ejercitaba en interés de la justicia, sino más bien todo lo contrario, y poco a poco fue limitándose su uso debido a los abusos a los que se prestaba su utilización.

Con posterioridad, por delegación y en sustitución de los ciudadanos, la policía llegó a asumir, prácticamente de forma hegemónica, el ejercicio de la acción penal («prosecute»). A finales del siglo XIX finalmente se consideró la conveniencia de organizar un órgano propio que se responsabilizara del ejercicio de esta función, la oficina de Public Prosecutions, antecedente inmediato de la Crown Prosecution Service (CPS), que es la institución que desde 1986 se encarga de ejercitar en nombre de la Corona la acción penal.

La creación de este órgano, establecido por la Prosecution of Offences Act (1985), supuso un cambio radical en la configuración del sistema y condujo al desapoderamiento de la policía de sus facultades en cuanto al ejercicio de la acción penal se refiere, lo que estaba siendo fruto de abusos por el desmedido interés de las unidades de policía judicial por ver confirmadas sus sospechas ante los tribunales.

Al frente de esta agencia se encuentra el Director of Public Prosecutons (DPP), que ejerce sus funciones de manera independiente, aunque siempre bajo la supervisión del Attorney General que, como miembro del Gabinete, responde de su gestión como cualquier otro ante el Parlamento y quien tiene la obligación de presentar anualmente la Memoria correspondiente; este es, pues, el único mecanismo parlamentariamente formalizado para exigirle responsabilidad, que en todo caso es política dado que no responde sobre su actuación en casos concretos.

En la actualidad la Crown Prosecution Service ejerce prácticamente un dominio absoluto en cuanto al ejercicio de la acusación se refiere; es más, hasta la creación de este órgano, los agentes de policía tenían reconocida la facultad de ejercitar la acusación penal recurriendo a abogados adscritos al servicio de los departamentos de policía, lo que suponía dotarles de un margen muy amplio de discrecionalidad en el ejercicio de su labor. Además, el ejercicio de la acción penal por parte de los particulares tampoco tiene demasiado aliciente para quien lo asume.

Haber despojado a la policía de esta atribución, aunque obligada a prestar la colaboración que le demande el personal al servicio de la CPS, llegó a provocar en su momento cierto malestar entre algunos mandos policiales, acostumbrados como estaban a las prerrogativas que le confería el derecho a ejercitar la acción penal; es más, las tensiones iniciales derivadas de la puesta en marcha de la CPS se originaron precisamente por la falta de sintonía con la policía, sobre todo cuando el prosecutor decidía no acoger la petición de ejercitar la acción penal que le hubiera planteado la policía. A pesar de ello, las directrices de actuación aconsejan que trabajasen con cierto nivel de coordinación, aunque la decisión de acusar quedase siempre en manos del letrado de la acusación («[p]rosecutors and investigators work closely together, but the final responsibility for the decision whether or not a case should go ahead rests with the CPS»).

El ejercicio por los particulares de la acusación, aunque legalmente permitida, ha llegado a ser absolutamente excepcional dado que, además de tener que asumir el coste que representa la intervención de un abogado, como se ha adelantado no está del todo bien vista y su subsistencia depende de que sea finalmente secundada por la CPS, máxime si se evidencia que el único interés que mueve al particular es meramente represivo o vindicativo, sin atender al daño social que haya podido producir el delito; de ahí que aunque el ejercicio de la acción penal siga siendo pública, los particulares prefieran dejar su ejercicio en manos de los prosecutors.

Como puso de relieve Gómez Orbaneja, el particular que ejercita la acción penal, exactamente igual que cuando lo hace el prosecutor, actúa en nombre de la Corona en el ejercicio de una función pública: la acusación del perjudicado por el delito tiene también naturaleza pública porque público es el interés que le debe guiar, ya que se ejercita en interés de toda la comunidad. Así pues, el prosecutor no es un fiscal; ejerce la acción pública cuya titularidad reside en todos los ciudadanos.

Por eso, en los casos en que sea el particular quien ejercite la acción penal, la función del prosecutor reside en decidir si prosigue con su ejercicio o renuncia finalmente de él con arreglo a los criterios a los que más adelante nos referiremos. Aun así, debido a los recortes en materia de personal, se está empezando a barajar de nuevo la posibilidad de devolver a la policía el ejercicio de la acusación en los asuntos en los que no haya oposición («uncontested and low-level offences») ya que se están detectando muchos retrasos y suspensiones en la celebración de juicios debido al excesivo número de señalamientos, a los que el CPS no puede hacer frente con la plantilla con la que dispone en estos momentos por lo que se suele recurrir a abogados particulares, barristers o solicitors, dado que con el personal adscrito al servicio no se puede hacer frente al volumen de trabajo.

El problema es que esta situación se ha agravado con la crisis y estos abogados amenazan ahora con no llevar más casos, ya que entienden que las 46.50 libras que perciben por día en el tribunal no son suficientes.

En las actuales circunstancias, pensar en atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no parece que sea un debate tan estéril como lo pudo ser hace años, aunque sí exige someterlo, cuando menos, algunas cuestiones entre las cuales no es la menor la de definir los criterios que habrían de servir para tomar la decisión acusar, esto es, de proceder penalmente contra el sospechoso de la comisión de un delito y, en consecuencia, de ejercitar la acción penal, una propuesta, por cierto, que siempre ha suscitado opiniones de diverso orden: a la luz de este debate no cuesta imaginar lo refractarios que pueden llegar ser quienes se oponen a un cambio tal radical de nuestro actual sistema ni las razones porque las que lo hacen.

Así pues, suponiendo, como dijo Alonso Martínez que algún día el legislador, «echándose en brazos de la lógica», llegue algún día a abordar la reforma del sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es conveniente examinar cómo esta problemática es tratada en países con sistemas similares, procurando proyectar sus posibles soluciones al derecho español y en su caso aprovechar los resultados que su aplicación les ha proporcionado.

Ya lo decía Ihering, no tiene sentido rechazar las naranjas sólo porque no hayan crecido en tu propio jardín.

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