La lesión de un derecho de crédito ajeno por un tercero: ¿un supuesto de responsabilidad extracontractual?

La lesión de un derecho de crédito ajeno por un tercero: ¿un supuesto de responsabilidad extracontractual?

1. PLANTEAMIENTO

En nuestro Derecho, son muchos los interrogantes que pueden plantearse sobre la cuestión de la responsabilidad de un tercero por la lesión de un derecho de crédito ajeno. La existencia de la denominada tutela aquiliana del crédito no es una cuestión admitida unánimemente por la doctrina. Más bien todo lo contrario, pues si algo caracteriza a este tema es precisamente la ausencia entre los juristas de una tesis consensuada. Cierto es que en las últimas décadas, con carácter general, la doctrina ha ido admitiendo, con mayor o menor extensión, su existencia.

Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia pone de manifiesto que existen más casos de los que en un principio podría pensarse, en los que un tercero colabora o provoca la lesión de un derecho de crédito ajeno. Y no solamente eso, sino que además el estudio de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo permite constatar que cuando concurren determinados requisitos, se imputa responsabilidad extracontractual al tercero por los daños y perjuicios ocasionados al acreedor lesionado. Estamos, por tanto, ante una cuestión no meramente teórica, sino que tiene su reflejo en el terreno práctico.

¿Existe un deber general de respetar todos los derechos subjetivos ajenos (ya sean absolutos o relativos)?; ¿los terceros pueden lesionar materialmente los derechos de crédito ajenos?; ¿en qué casos? Si la respuesta a estas preguntas fuera afirmativa deberíamos, a continuación, cuestionarnos si los terceros que lesionan un derecho de crédito ajeno, ¿responden de los daños ocasionados al acreedor o quedan exonerados?

La respuesta a estos interrogantes permitirá esbozar el régimen jurídico de la tutela aquiliana del crédito en nuestro Ordenamiento y concretar las consecuencias jurídicas que se derivan para el tercero que lesiona un derecho de crédito ajeno.

 2. LA LESIÓN DEL DERECHO DE CRÉDITO POR UN TERCERO: UN INTENTO DE TIPIFICACIÓN

Los supuestos de lesión del derecho de crédito por acto de un tercero son muy heterogéneos y no pueden recibir un tratamiento conjunto. No está de más introducir cierto orden e intentar hacer una tipificación de los mismos. Tipificación que ha de servir, al mismo tiempo, para acotar la materia. Los distintos casos de lesión del crédito por el tercero pueden clasificarse en tres grandes grupos:

– Un primer grupo que está formado por los casos de lesión directa del derecho de crédito por el tercero, en los que la conducta del tercero, sin intervención del deudor, lesiona el crédito en sí mismo[1].

– En el segundo grupo se incluyen los casos de lesión indirecta del derecho de crédito por el tercero[2]. Se trata de supuestos en los que lesión del crédito se produce de manera mediata; esto es, la conducta del tercero provoca directamente la lesión de un bien o un interés jurídico diferente al derecho de crédito e indirectamente se causa la lesión de este. Y esto puede producirse porque el tercero causa lesiones físicas al deudor de una obligación personalísima que le impiden cumplir su obligación o porque un tercero destruye la cosa debida.

– Y finalmente, el tercer grupo está integrado por los casos de colaboración del tercero con el deudor en la lesión del derecho de crédito. Se trata de casos que tienen como denominador común que el tercero con su conducta facilita que el deudor incumpla su obligación frente al acreedor. En todos estos casos, la lesión del derecho de crédito es imputable al deudor, incurriendo este, por tanto, en responsabilidad contractual (arts. 1101 y ss. CC). Sin embargo, la cuestión problemática es determinar si al tercero también le es imputable la lesión del crédito, teniendo que responder extracontractualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 1902 CC, de los daños y perjuicios que sufre el acreedor.

Me centraré en el análisis de este último grupo de supuestos, por ser el que, a mi juicio, plantea mayores interrogantes en la práctica.

3. LA DENOMINADA TUTELA AQUILIANA DEL DERECHO DE CRÉDITO: ¿EXISTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO?

 Para determinar si en nuestro Ordenamiento jurídico los derechos de crédito gozan o no de la denominada protección aquiliana frente a los ataques ilícitos de los terceros, es necesario dar respuesta básicamente a las siguientes cuestiones:

  • ¿Existen impedimentos legales para que un tercero responda por los daños derivados de la lesión de un derecho de crédito ajeno?
  • ¿Cuáles son las soluciones legalmente previstas por el Legislador para determinados casos de lesión de un derecho de crédito por el deudor con la colaboración de un tercero?
  • ¿Qué requisitos exige el Tribunal Supremo para imputar responsabilidad extracontractual a un tercero por la lesión de un derecho de crédito ajeno?

La respuesta a cada una de las cuestiones permitirá, en su caso, esbozar el régimen jurídico de la tutela aquiliana del crédito en nuestro Derecho.

En la actualidad, la mayoría de la doctrina admite, bajo determinados presupuestos, la existencia de responsabilidad de un tercero que lesiona un derecho de crédito ajeno. Aunque, no es menos cierto, que se trata de una cuestión polémica. Polémica quizás fomentada por la carencia de una norma en nuestro Derecho que reconozca expresamente, con carácter general, la responsabilidad de un tercero por la lesión de un derecho de crédito ajeno.

Los argumentos legales que suelen esgrimirse para negar la existencia de la tutela aquiliana del crédito en Derecho español son principalmente tres[3]:

  • El principio de relatividad de los contratos, contenido en el artículo 1257 CC.
  • El artículo 1186 CC, referente a la pérdida de la cosa imputable a un tercero.
  • El artículo 1902 CC, la norma genérica de responsabilidad civil extracontractual en nuestro Derecho.

Adelanto que la conclusión a la que llego es que ninguno de ellos constituye un verdadero impedimento para la existencia de la protección aquiliana del crédito en nuestro Ordenamiento y, por tanto, si se dan determinados requisitos, el tercero que lesiona un derecho de crédito ajeno puede incurrir en responsabilidad frente al titular del derecho lesionado. A continuación, analizaré, brevemente, cada uno de los argumentos legales a los que he hecho referencia.

3.1. El argumento del artículo 1257 CC

El denominado principio de relatividad de los contratos, que se extrae del artículo 1257 CC, es el argumento que más se utiliza en contra de la posible responsabilidad de un tercero por la lesión de un derecho de crédito ajeno. Sin embargo, en mi opinión no se trata de un argumento decisivo para determinar si los derechos de crédito gozan o no de la denominada tutela aquiliana frente a los ataques ilícitos de los terceros.

Es cierto que el artículo 1257 CC señala que los contratos sólo obligan al deudor y al acreedor y a sus causahabientes. Esto es, hace referencia a los efectos directos de un contrato o, dicho con otras palabras, establece el límite subjetivo de la eficacia contractual (quién debe cumplir y quién puede exigir el cumplimiento). Pero del citado precepto lo que no se puede deducir es que los terceros no pueden materialmente realizar actos que lesionen los derechos de créditos ajenos. Como tampoco se puede deducir del principio de relatividad de los contratos que los terceros no tienen el deber de respetar los derechos de crédito ajenos.

Deber de respeto, por cierto, predicable respecto de cualquier derecho subjetivo, y, por tanto, también respecto de los derechos de crédito[4]. Ahora bien, las cuestiones problemáticas en esta materia son dos: a) en primer lugar, y con relación a los derechos de crédito, debe determinarse en qué casos se activará para los terceros este deber de respeto; y b) en segundo lugar, es necesario concretar qué consecuencias jurídicas tiene para los terceros el incumplimiento del citado deber de respeto. Ambas cuestiones serán abordadas posteriormente.

3.2. El argumento del artículo 1186 CC

El segundo de los argumentos legales que suele esgrimirse por la doctrina en contra de la existencia de la tutela aquiliana del crédito es el artículo 1186 CC. A mi entender, el citado precepto tampoco constituye un impedimento para que en determinados casos un sujeto responda por la lesión de un derecho de crédito ajeno, sino más bien todo lo contrario.

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la finalidad del artículo 1186 CC, al establecer que el acreedor podrá ejercitar todas las acciones que el deudor tuviera contra los terceros, como consecuencia de la pérdida de la cosa, no es resarcir los daños causados en la esfera del acreedor, sino evitar que se produzcan enriquecimientos injustos por parte del deudor y en la medida de lo posible proteger los intereses del acreedor.

En segundo lugar, el artículo 1186 CC no resuelve satisfactoriamente el problema de la lesión de los derechos de crédito por acto de un tercero. Existen casos en los que el acreedor lesionado no puede obtener por dicha vía la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios sufridos. No hay que olvidar que los daños que sufren el deudor y el acreedor, por la pérdida de la cosa debida imputable a un tercero, pueden ser distintos y que el acreedor, conforme a lo dispuesto en el artículo 1186 CC, sólo puede obtener la reparación de los daños que a su vez se hayan producido en la esfera del deudor.

Y en tercer lugar, la posibilidad de que la conducta del tercero genere en el acreedor una serie de daños y perjuicios que no queden resarcidos por el artículo 1186 CC, parece que hace necesario articular en nuestro Derecho un mecanismo de protección de los derechos de crédito frente a los ataques ilícitos de los terceros. Este mecanismo de protección no es otro que la denominada tutela aquiliana del crédito conforme a lo previsto en el artículo 1902 CC.

3.3. El argumento del artículo 1902 CC

El último de los argumentos legales que suele invocarse para negar, con carácter general, la existencia de la tutela aquiliana de los derechos de crédito en nuestro Ordenamiento, es el artículo 1902 CC. Se afirma que el citado precepto no protege cualquier clase de derecho, sino sólo a los derechos absolutos. A mi entender, se trata de un argumento rebatible. Debe recordarse que el artículo 1902 CC es una norma que está redactada de forma muy amplia y que no realiza ninguna referencia a la clase de derechos que resultan protegidos por la misma. Esta es la razón por la cual la doctrina, de forma prácticamente unánime, afirma que nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual es de cláusula general o de atipicidad de daños. Por tanto, no se puede afirmar que los derechos de crédito no están amparados por el artículo 1902 CC. En la actualidad, la doctrina mayoritaria considera que el artículo 1902 CC resulta aplicable siempre que exista un daño jurídicamente relevante, con independencia de si lo que se ha lesionado es un derecho absoluto, un derecho de crédito, o un interés jurídico digno de tutela jurídica. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo corrobora esta interpretación. De su estudio se extrae la siguiente conclusión: la Sala Primera de nuestro Alto Tribunal, cuando concurren determinados requisitos, imputa responsabilidad extracontractual al tercero que colabora con el deudor en la lesión de un derecho de crédito.

En conclusión, de todo lo expuesto hasta ahora puede deducirse que, con carácter general, no existen impedimentos para que el titular del derecho de crédito lesionado, conforme a lo establecido en el artículo 1902 CC, sea resarcido de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de un tercero, siempre y cuando los daños  sean imputables subjetivamente a este. En todo caso, en esta materia hay que ser especialmente prudentes, pues una concepción excesivamente amplia de la denominada tutela aquiliana del crédito puede tener efectos prácticos no deseados (disminuiría la seguridad jurídica en el tráfico de los negocios y se produciría una ralentización del tráfico jurídico al tener los contratantes que desplegar determinada diligencia para investigar si el negocio que van a celebrar lesiona derechos de crédito ajenos).

Ahora bien, lo que acaba de afirmarse no significa que el titular de un derecho de crédito lesionado pueda reclamar, en cualquier caso, conforme al artículo 1902 CC, responsabilidad al tercero. Esto solo será posible cuando se pruebe que el acreedor (titular del derecho de crédito lesionado) ha sufrido un perjuicio cierto y este sea imputable a la conducta del tercero. En el resto de supuestos, el tercero no va a ser responsable de la lesión del derecho de crédito ajeno. La cuestión problemática es determinar, como analizaremos a continuación, en qué casos dicha lesión va a ser imputable subjetivamente al tercero.

4. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TUTELA AQUILIANA DEL DERECHO DE CRÉDITO

Para concretar en qué casos un tercero va a responder de la lesión de un derecho de crédito ajeno es imprescindible realizar, con carácter previo, un estudio de la normativa reguladora de determinados supuestos de lesión del derecho de crédito por el deudor con la colaboración de un tercero. Me refiero, entre otros, a los casos de fraude de acreedores (arts. 1111, 1291.3.º, 1295 y 1298 CC), de doble venta (art. 1473 CC), de venta de la cosa arrendada (art. 1571 CC), así como a los casos de inducción a la infracción contractual (art. 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal)[5]. En cada uno de estos supuestos, el Legislador, ponderando los intereses en juego, establece una solución distinta.

Asimismo, para fijar los criterios de imputación de responsabilidad de un tercero por la lesión de un derecho de crédito ajeno es necesario analizar exhaustivamente la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre este tipo de casos, dedicando especial atención a los supuestos de vulneración de derechos de exclusiva y de derechos de opción de compra. Nuestro Alto Tribunal, ante la ausencia de una regulación expresa en nuestro Derecho, ha resuelto estos casos, básicamente, a través del artículo 1902 CC.

Las conclusiones que se obtienen de este estudio legal y jurisprudencial es una herramienta imprescindible para establecer los criterios de imputación de responsabilidad aplicables a los terceros que colaboran con el deudor en la lesión de un derecho de crédito, y, en definitiva, para construir el régimen jurídico de la denominada tutela aquiliana del derecho de crédito en nuestro Ordenamiento.

4.1. Los criterios de imputación subjetiva de la lesión de un derecho de crédito a un tercero

¿En qué casos va a ser imputable la lesión del derecho de crédito al tercero? La respuesta a dicho interrogante no es tarea sencilla, aunque en un principio pueda parecerlo. A mi juicio, no basta con afirmar que al tercero le será imputable la lesión del derecho de crédito cuando su comportamiento sea doloso o negligente, sino que considero necesario dar un paso más y precisar cuándo se considera en este ámbito (el de los derechos de crédito) que el comportamiento del tercero es doloso o negligente. Adelanto que es imposible dar un único criterio válido para todas las hipótesis de lesión de derechos de crédito por acto de tercero. Esto, sin embargo, no significa que no se pueda extraer de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como de diversas normas de nuestro Ordenamiento (a las que antes he hecho referencia), una serie de criterios que, aplicados al caso concreto, permitirán determinar si el comportamiento del tercero ha sido doloso o negligente; esto es, si la lesión del derecho de crédito es o no imputable subjetivamente al tercero.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden al afirmar que la mala fe es uno de los requisitos que debe concurrir en la persona del tercero para que le sea imputable la lesión del crédito ajeno. Mala fe entendida como conocimiento de la existencia del derecho ajeno.

Precisamente es este conocimiento del derecho de crédito ajeno el que activa para los terceros el denominado deber de respeto de los derechos ajenos al que antes hice referencia, cuya violación tiene consecuencias jurídicas para aquéllos. Ahora bien, es importante señalar que la vigencia en nuestro Ordenamiento del denominado deber de respeto no significa que los terceros tengan la obligación de conocer o de indagar si existen o no derechos de crédito ajenos[6]. En concreto, al tercero sólo se le imputará la lesión del derecho de crédito cuando tenga conocimiento o, dadas las circunstancias, no pueda desconocer su existencia. Es en estos casos cuando el tercero responderá, conforme  a lo dispuesto en el artículo 1902 CC, de los daños y perjuicios ocasionados al acreedor lesionado.

A modo de conclusiones de la temática expuesta puede afirmarse lo siguiente:

  1. En nuestro Ordenamiento jurídico, la lesión de un derecho de crédito ajeno por acto de un tercero puede dar lugar al nacimiento de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual (art. 1902 CC).
  2. La lesión de un derecho de crédito sólo será imputable subjetivamente al tercero cuando este conozca o, dadas las circunstancias, no pueda desconocer la existencia del derecho de crédito ajeno incompatible.
  3. Solo en los casos en los que el tercero no sea de buena fe (conoce o, dadas las circunstancias, no puede desconocer la existencia del derecho de crédito ajeno incompatible) estará el tercero obligado a soportar el ejercicio del derecho de crédito por su titular (reparación in natura) o, en su caso, a indemnizar, conforme a lo previsto en el artículo 1902 CC, los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho de crédito lesionado (reparación por equivalente).
  4. La determinación de si el tercero tiene o no conocimiento de la existencia del derecho de crédito ajeno es una cuestión de hecho que compete al juzgador de instancia. Durante el proceso judicial, el titular del derecho de crédito lesionado deberá acreditar hechos relevantes y significativos que permitan a la autoridad judicial llegar a la convicción de que el tercero conocía, o dadas las circunstancias, no podía desconocer la existencia del derecho de crédito.
  5. Finalmente, hay que señalar que en los casos en los que se produzca la lesión de un derecho de crédito por el deudor con la colaboración de un tercero, el deudor responderá frente al acreedor, conforme a las normas de la responsabilidad contractual (arts. 1101 y ss. CC), de los daños y perjuicios que este (el acreedor) haya sufrido como consecuencia del incumplimiento contractual. Y ello sucederá con independencia de si al tercero le es o no imputable subjetivamente la lesión del derecho de crédito ajeno; esto es, independientemente de que se trate de un tercero de buena o mala fe[7].

 

 

[1] Véase, como ejemplo, la STS (Sala 1.ª) de 26 de abril de 1927 (Col.  Leg. 186; ponente Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez).

[2] Un caso de estas características es resuelto por la STS (Sala 1.ª) de 30 de mayo de 1986 (RJ. 1986/2918; ponente Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno).

[3] En Derecho comparado, los argumentos legales que se utilizan son similares a los esgrimidos en nuestro Derecho, lo cual no significa que la solución sea idéntica en todos los Ordenamientos.

[4] La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo mantiene esta misma tesis. Entre otras, pueden citarse las SSTS (Sala 1.ª) de 26 de mayo de 1995 (RJ. 1995/4129; ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes), 5 de diciembre de 1996 (RJ. 1996/8943; ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes) y 17 de junio de 2011 (RJ. 2011/4641; ponente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán).

[5] Sobre esta cuestión puede consultarse también el interesante trabajo de la Profesora Aurora CAMPINS VARGAS, “Inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos (análisis del artículo 14.1 de la Ley de competencia desleal)”, Revista de Derecho mercantil, 2014, núm. 293, pp. 129 a 197.

[6] Véase, entre otras, SSTS (Sala 1ª) de 28 de mayo de 1956 (RJ. 1956/2449; ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Domínguez de Molina) y 1 de julio de 1997 (RJ. 1997/5504; ponente Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete).

[7] Para un análisis más exhaustivo de cada una de las cuestiones que se abordan en esta entrada del Blog, puede consultarse la monografía La protección aquiliana del derecho de crédito, Madrid, 2005.

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