Bosquejo sobre la prevención y castigo del blanqueo de capitales en España

Bosquejo sobre la prevención y castigo del blanqueo de capitales en España

I

            La denominación “blanqueo”, tachada en algunas ocasiones incorrectamente de neologismo, pertenece a la jerga de la criminalidad económica, y, aunque pudiera carecer de una base técnica, es la más conocida internacionalmente y así la emplea tanto el actual Código Penal español de 1995, como la vigente Ley española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 2010, al igual que la anterior  de 1993. En Francia se utiliza la expresión «blanchiment de l`argent», en Portugal la de «branqueamento de capitais», en Italia «riciclaggio», en Alemania «Geldwäsche», en Austria «Geldwäscherei», en los Estados Unidos de América se prefiere hablar de «money laundering», en Brasil “lavagem de dinheiro”, etc, locuciones que suelen traducirse al español como «lavado de dinero o activos”, y que también suele utilizarse en los países de Iberoamérica. En cualquier caso, expresiones como «blanqueo», «lavado», «reciclaje» o, incluso, «legitimación», son utilizadas indistintamente por la doctrina penal para referirse al mismo fenómeno.

Lo que no parece correcto es referirse al objeto del blanqueo como “dinero”, pues en muchas ocasiones lo que se trata de blanquear o lavar son otros “bienes” o “activos”, de ahí que la amplitud de la expresión “blanqueo de capitales” nos permite abarcar toda clase de objetos materiales susceptibles de operaciones de blanqueo.

A modo de definición cabe entender por blanqueo de capitales “el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero”. Obviamente, ese proceso de «integración» o de «reconversión» de los bienes obtenidos mediante la previa comisión de hechos delictivos que trata de conseguir dar la apariencia de haberlo sido de manera lícita, requiere distintas fases. La doctrina penal las sistematiza de la manera siguiente: fase de sustitución (o de colocación o de inserción), fase de ocultación (o de ensombrecimiento) y fase de integración (o de reinversión); en definitiva, en la primera fase se inserta el dinero en el sistema financiero, en la segunda se oculta el mismo, y en la fase última se produciría la reinversión de lo obtenido en actividades ilícitas.

De la evidente importancia que para el correcto funcionamiento del llamado «orden socioeconómico» de un determinado país tiene el hecho de la licitud de los bienes y capitales que circulan en el tráfico económico, es fiel exponente la atención que la doctrina penal española ha dedicado en los últimos años al estudio de dicho fenómeno y las muchas sentencias que los Tribunales penales españoles han dictado sobre la materia.

II

            Normalmente, todas las operaciones de blanqueo necesitan, aunque no siempre, de una cierta organización inmersa en lo que ha venido en denominarse criminalidad organizada, es más, se ha afirmado que el blanqueo de capitales “es el culmen de la peligrosa criminalidad organizada”.  Aun cuando, y desde los años 90, sigue existiendo una controversia conceptual sobre su definición, el art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la L O 5/1999, de 13 de enero, indica en su apartado 4 que «… se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente y reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos», que enumera a continuación y entre los cuales está el blanqueo de capitales.  

Además, aunque estas mafias han operado fundamentalmente en el campo del narcotráfico, esa criminalidad organizada no restringe su ámbito a dichas actividades. Cualquier actividad lucrativa está en el punto de mira de las organizaciones mafiosas que, además, suelen aprovechar las ventajas que les proporcionan los países cuyas permisivas legislaciones hacen que sean conocidos como “paraísos fiscales”  (o también, como “países de baja tributación” o como “países de tributación privilegiada”), concepto que hace referencia a aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades que en dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, señala en el apartado 1 de su Disposición adicional primera:

“Tendrán la consideración de paraíso fiscal los países o territorios que se determinen reglamentariamente. Dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.

Los países o territorios a los que se refiere el párrafo anterior volverán a tener la consideración de paraíso fiscal a partir del momento en que tales convenios o acuerdos dejen de aplicarse.”

Pues bien, aun cuando el fenómeno de la criminalidad organizada no sea nuevo, es común su calificación como característico de nuestra época, en la que sus manifestaciones se hacen cada vez más patentes en el ámbito internacional y con incidencia progresiva en una pluralidad de sectores: tráfico de estupefacientes, de armas, de obras de arte, prostitución, emigración clandestina, extorsión, etc. A ellos ha de sumarse de manera significativa el blanqueo de los capitales procedentes de esas ilícitas actividades, por su indudable repercusión en el orden socioeconómico.

III

Especial interés tienen, desde el punto de vista de su prevención y castigo, las Recomendaciones del GAFI y, en lo que se refiere al espacio europeo, las Directivas dictadas sobre la materia. En referencia al blanqueo de capitales, y también a la financiación posterior del terrorismo, la Unión Europea ha dictado, entre otras de menor calado, las siguientes Directivas:

Directiva 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

Directiva 2001/97/CE, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE.

– Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

– Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

– Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

– Directiva (UE) 2018/1673, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.

IV

La normativa sancionadora española de actividades susceptibles de ser calificadas como de blanqueo de capitales está contenida actualmente, por un lado, en los artículos 301 a 304 del  Código Penal, aprobado por la LO 10/1995, de 23 de noviembre (con las modificaciones introducidas por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, y por la LO 5/2010, de 22 de junio), y, por otro, en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, modificada por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. La Ley ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley.

Nos encontramos, pues, con una doble respuesta, de carácter penal y de carácter administrativo. El sistema, así, se enmarca en una clara tendencia, también a nivel internacional, no solo de promover coactivamente la colaboración de las entidades privadas en la persecución de las infracciones administrativas y penales cometidas por sus empleados y directivos (dando lugar a las “palabras mágicas” compliance como nuevo fin del Derecho Penal o a la autorregulación como estrategia del Estado en el contexto del nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas), sino también de imponer obligaciones a determinados colectivos para facilitar la prevención, detección y persecución de los delitos cometidos por sus clientes.

El tipo penal básico (art. 301.1 CP) contempla: «El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”.

Las penas, además de por alguna condición personal del sujeto (empresario, funcionario público, etc.), se agravan cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas , y en aquellos supuestos en que los bienes tengan su origen en cualquiera de los delitos de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de fraudes y exacciones ilegales, de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, y sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

El CP también contempla el castigo de la modalidad imprudente, una excepción de territorialidad y la aplicación de las reglas del decomiso de los bienes o productos provenientes del delito.

Finalmente, indicar que el esquema institucional para la prevención del blanqueo en España se asienta en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

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