Competencia judicial internacional y ley aplicable a los efectos del concurso sobre procedimientos iniciados en el extranjero

CFAH
Competencia judicial internacional y ley aplicable a los efectos del concurso sobre procedimientos iniciados en el extranjero

De todos es sabido que las situaciones de insolvencia plantean un problema de acción colectiva en el que los acreedores se comportan egoístamente con el objetivo de cobrar la máxima cantidad de lo que se les adeuda, con la mayor celeridad posible. El legislador trata de fomentar un comportamiento más cooperativo, que beneficie a la mayoría, y que permita que el patrimonio disponible se reparta de forma adecuada teniendo en cuenta las posiciones de prioridad o subordinación que cada acreedor había adquirido previamente a la crisis patrimonial, a través del Derecho concursal.

El Derecho concursal internacional responde a esta misma idea y su relevancia práctica se acrecienta en una sociedad globalizada en la que los acreedores, en múltiples ocasiones, son extranjeros o los activos de las empresas que potencialmente se van a ver afectados por la situación de insolvencia se encuentran localizados en diferentes Estados.

Un ejemplo práctico de lo que acabamos de afirmar es la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) el pasado 7 de mayo de 2019. En ella, el TS resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Pontevedra (Sección 6ª). La controversia que origina estos recursos afecta a una sociedad española dedicada a la construcción de grandes buques (Factorías Vulcano, SA; demandante, en adelante “Vulcano”) y a una entidad domiciliada en Reino Unido (PGS Geophysical UK Ltd, antes Arrow Seismic II Ltd; demandada, en adelante, “PGS”).

Ante el Juzgado de Primera Instancia (JPI) núm. 13 de Vigo, la demandante planteó demanda de juicio ordinario con el objetivo de que se declarase, entre otros extremos, que PGS está sujeta al convenio de acreedores del concurso de Factorías Vulcano aprobado en marzo de 2012, que en virtud de la quita aprobada en dicho procedimiento los dos créditos de los que la entidad británica es titular se han visto reducidos en una determinada cantidad y que se deje sin efecto una ejecución seguida contra Vulcano ante la oficina de embargos de Bergen. Ello supondría el alzamiento de los embargos trabados contra los créditos de Vulcano frente a dos sociedades británicas (como garantía de los pagos que la entidad española adeudaría a la sociedad demandada).

Los créditos de los que es titular PGS frente a Vulcano surgieron como consecuencia del incumplimiento de un programa de contratación para la construcción de buques sísmicos por parte de la entidad española. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los bienes de la compañía española con los que la entidad acreedora pretende cobrar se encuentran situados en Noruega.

Las dos cuestiones más relevantes que se plantean en este supuesto, desde el punto de vista del Derecho concursal internacional y de los fines a los que nos hemos referido más arriba, son la competencia judicial internacional (CJI) de los tribunales españoles en relación con este tipo de demandas relacionadas con un procedimiento concursal y la ley aplicable a los efectos del concurso sobre los procedimientos pendientes de los que el deudor es parte.

En relación con la primera cuestión, el TS sitúa acertadamente el litigio que da origen al recurso en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, en lugar de aplicar la regulación de la CJI contenida en el Reglamento 1215/2012, sobre CJI y el reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis). Con ello, acomoda su resolución a la doctrina del TJUE plasmada ya en 1979 en la sent. Gourdain c. Nadler (as. 133/78) de 22 de febrero de 1979 y, posteriormente, en la sent. Seagon y Deko Marty (as. 339/07) de 12 de febrero de 2009.

De acuerdo con estas resoluciones, cuando el Reglamento Bruselas I bis deja fuera de su ámbito de aplicación en el art. 2.1.b “La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y los demás procedimientos análogos” se refiere no sólo al procedimiento de apertura del concurso en sí, sino también a cualquier acción relacionada con la situación de insolvencia, como es el caso del juicio ordinario a raíz del cual se plantean estos recursos ante el TS. Esto es comprensible si, como sucede en este caso, no hay un cauce propiamente concursal en el Derecho Procesal nacional para articular acciones como la que planteó Vulcano.

Por lo tanto, a la hora de determinar la CJI en el asunto en cuestión debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia, en la actualidad sustituido por el Reglamento 848/2015. La aplicación del primero, en este supuesto, viene determinada por la fecha de inicio del concurso (2011), que es anterior al 26 de junio de 2017 (arts. 84 y 92 del Reglamento 848/2015).

En relación con esta primera cuestión, aplicamos además el Reglamento UE de Insolvencia en lugar de la Ley Concursal española (Ley 22/2003 – Derecho autónomo español en la materia), porque el centro de intereses principales de la entidad concursada se encuentra en España y no en un tercer Estado. Este hecho no parece presentar dudas, pues, si bien el litigio presenta ciertos vínculos de transcendencia con Noruega (estado donde se hayan trabados los embargos, Estados de localización de los créditos que se utilizan como garantía), el domicilio, tanto de la entidad demandante como de la sociedad demandada, se encuentran situados en la UE.

En cuanto a la segunda cuestión clave, se plantea cuál es la ley aplicable para determinar en qué medida la apertura del procedimiento de insolvencia puede afectar a los procedimientos judiciales en curso en los que sea parte el deudor. Concretamente, en este asunto se trata de decidir si es posible “desactivar” los embargos dictados contra bienes de la demandante (créditos, en este caso) situados en Noruega.

Esta cuestión no puede ser resuelta utilizando las normas del Reglamento de insolvencia, dado que los créditos se localizan en un tercer Estado, no miembro de la UE. No obstante, la regulación contenida en la Ley Concursal española a este respecto toma claramente como modelo el Reglamento 1346/2000 (arts. 4.2.f y 15, actualmente arts. 7.2.f y 18 del Reglamento 848/2015).

De acuerdo con estos preceptos, los efectos del concurso sobre los procedimientos declarativos en curso contra el deudor en otros Estados miembros (precitados arts. 15 y 18) quedan sometidos exclusivamente a la ley del Estado en que el procedimiento esté pendiente (Lex fori processus), mientras que los procedimientos de ejecución individual (precitados arts. 4.2.f y 7.2.f) quedan sometidos a la Ley del Estado de apertura del procedimiento concursal (Lex fori concursus). Es decir, en este supuesto a la legislación española en lugar de a la noruega.

Lo mismo establecen, por consiguiente, los arts. 209 (procedimientos declarativos en curso) y 200 (regla general sobre ámbito de aplicación de la ley aplicable a los procedimientos de insolvencia) de la Ley Concursal española.

Por consiguiente, esta reciente decisión del Tribunal Supremo resuelve de una manera bastante satisfactoria los problemas jurídicos planteados por la entidad demandante en relación con los efectos del concurso más allá de nuestras fronteras, quedando en todo caso la eficacia de lo establecido por los tribunales españoles condicionado por el reconocimiento y ejecución de tales decisiones por las autoridades y los órganos jurisdiccionales noruegos. Esto es, pendiente de la cooperación de otros Estados para logra la continuidad a escala internacional de los derechos subjetivos de los operadores jurídicos.

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*