Competencia judicial internacional para reclamaciones por vulneración de los derechos de la personalidad de personas jurídicas

Competencia judicial internacional para reclamaciones por vulneración de los derechos de la personalidad de personas jurídicas

Hace ya dos años, aproximadamente, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una decisión relativa a la interpretación de las normas que, en el Derecho derivado de la UE, regulan la competencia judicial internacional (CJI) en el caso de demandas relativas a la vulneración de los derechos de la personalidad de una persona jurídica (STJUE de 17 de octubre de 2019, as. C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ). Se trataba de interpretar el art. 7.2 del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis, RBIbis) que, como es sabido, regula el foro especial en materia de obligaciones extracontractuales, en ese tipo de supuestos.

La cuestión se centraba en la CJI para reclamaciones en las que se pretende ejercitar el derecho de rectificación y se solicita, además, la eliminación de información, supuestamente lesiva, para el derecho al honor de una persona jurídica. Además, se refiere a la posible vulneración del derecho al honor a través de Internet, red potencialmente global, a través de la cual, por la propia naturaleza del medio de difusión empleado, tan potente, el perjuicio puede producirse en una multitud de Estados, como consecuencia de un mismo acto.

Este tipo de reclamaciones debe diferenciarse de aquellas en las que se reclama una compensación económica por el perjuicio padecido. Es decir, de los supuestos en los que el objetivo principal de la demanda es obtener una indemnización (= acciones de daños y perjuicios). En relación con estas últimas, el RBIbis establece la aplicación alternativa del foro general del art. 4 RBIbis (= competencia de los tribunales Estado del domicilio del demandado) con el foro especial por razón de la materia del art. 7.2.

De tal modo que, de conformidad con la doctrina del TJUE en este tipo de litigios, cabe plantear, en primer lugar, una demanda tanto por el daño global como parcial, ante los tribunales del Estado del domicilio del demandado. En segundo lugar, por lo que se refiere al foro especial, de acuerdo con la interpretación propuesta por el TJUE, “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” será, para demandas por el daño global, el tribunal del origen del daño, concretado como el domicilio del emisor; es decir, del editor, cuando se trata de un medio de comunicación con una estructura tradicional, según se desprende de la conocida STJUE de 7.3.1995, Shevill y otros, as. C-68/93. Por lo que se refiere a demandas solicitando una indemnización por daños parciales, según se desprende de esa misma decisión judicial, el foro especial atribuye competencia a los tribunales de todos aquellos Estados donde la información sea difunda y la presunta víctima sea conocida (= teoría del mosaico).

En su conocida sentencia de 25.10.2011, eDate Advertising y otros,as. C-509/09 y C-161/10, el TJUE completó su interpretación de este foro especial cuando la vulneración de un derecho de la personalidad se produce a través de Internet. Según la postura del TJUE, el esquema de foros que hemos presentado debe completarse con la posibilidad de que los tribunales del centro de intereses principales de la persona agraviada, puedan entrar a conocer. Se trataba, en los dos casos resueltos en esta sentencia, de personas físicas y el TJUE se mostraba partidario de interpretarlo, salvo excepciones, como el lugar de la residencia habitual de la parte presuntamente lesionada (habitualmente, la parte demandante).

La peculiaridad del asunto Bolagsupplysningen OÜ es doble: por un lado, como ya he señalado, hay dos personas perjudicadas: una persona física y una persona jurídica, siendo en esta última en quien se centran las preguntas dirigidas al TJUE y la decisión de este órgano. Por otro, porque las cuestiones se refieren a una acción de rectificación y a la eliminación de la información lesiva, en lugar de centrarse, como en ocasiones anteriores, en los aspectos indemnizatorios.

Respecto al primero de estos aspectos, el TJUE sostiene que la CJI puede atribuirse no solo a los tribunales del Estado del domicilio del demandado, sino también, siguiendo la línea iniciada en decisiones anteriores, los del centro de intereses principales de la víctima, pudiendo dicho lugar no coincidir con el domicilio de dicha persona. Lo relevante a este respecto, según la decisión del TJUE, es el lugar en el que la persona despliega mayoritariamente su actividad empresarial. Ello se justificaría con el argumento de que, en dicho lugar, sería donde la reputación de la persona jurídica es más relevante, bien jurídico que se pretende proteger mediante estos derechos subjetivos.

Desde mi punto de vista, el planteamiento del TJUE es básicamente acertado, puesto que resultaría inadecuado hacer coincidir, en todo caso, el domicilio de la persona perjudicada con su centro de intereses principales. Como afirma el TJUE, allí donde la persona jurídica desarrolla principalmente su actividad, la protección de su reputación presenta mayor importancia. En mi opinión, resultaría útil, para facilitar su labor a los órganos jurisdiccionales, emplear en este tipo de supuestos una presunción iuris tantum, en favor de los tribunales del domicilio social de la persona jurídica. Presunción que habría de ser destruida probando, como señala el tribunal, que una persona jurídica desarrolla esencialmente su actividad en otro Estado, en el que su reputación debe ser protegida.

En cuanto al tipo de acción ejercitada, la posición del TJUE consiste en que los tribunales de los lugares en los que se producen daños parciales no pueden tener atribuida CJI para la demanda de rectificación y supresión de la información lesiva porque, en definitiva, la competencia para dicha acción ha de basarse en una conexión razonable con el ejercicio de una acción que afecta globalmente a todo el supuesto y no a aspectos parciales del mismo.

En relación con este aspecto, me parece adecuado limitar la multiplicación de foros en relación con este tipo de demandas. Comparto la visión de que de la acción de rectificación, cuando lo que se pretende es eliminar datos publicados en internet a nivel general, ha de conocer bien un tribunal al que se sometan las partes, expresa o tácitamente, o bien los tribunales del Estado del domicilio del demandado o del editor (= identificados como los tribunales del origen del daño) o bien los del centro de intereses principales de la persona jurídica supuestamente lesionada, interpretado como el lugar donde la reputación de la misma es de mayor relevancia.

Creo que esta interpretación sería conforme con el derecho a la tutela judicial internacional efectiva, que es, en definitiva, el derecho fundamental que debe salvaguardarse en el ámbito de la litigación internacional. Este punto de vista no debe determinar la solución en cuanto al Derecho aplicable, para el que la norma de conflicto, desde mi punto de vista, debe tener en cuenta el ejercicio adecuado del derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho a la información cuyo desarrollo tiene atribuido especialmente los medios de comunicación.

De todos modos, si lo que quiere la persona agraviada es efectuar una rectificación a una escala meramente local, desde mi punto de vista, debería mantenerse la CJI de los tribunales de un Estado miembro que, sin ser los del centro de intereses principales de la víctima, sean los de un Estado en los que la información sea accesible y la persona cuyos derechos están siendo lesionados sea conocida, pues ella misma esta eligiendo ese Estado, como un lugar para el que precisa una cierta protección de sus derechos fundamentales.

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