Islamofobia en las redes sociales

Islamofobia en las redes sociales

La historia de España es inconcebible sin el Islam. Quizá por ello, en la Exposición de Motivos de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, se reconoce la relevancia de la religión islámica como factor de la identidad nacional: “La religión islámica, de tradición secular en nuestro país, con relevante importancia en la formación de la identidad española”. En un momento como el actual en el que la identidad nacional es relativamente débil, la citada afirmación puede reconfortar. Si es como se dice en la Ley, la influencia musulmana en nuestro país es mucho más que cultural. Nadie, por tanto, debería sentirse amenazado por esta religión. Sin embargo, es dudoso que la ciudadanía lo tenga completamente asumido sobre todo cuando la Administración utiliza reiterativamente la expresión “normalizar el Islam” y lleva a cabo políticas públicas para integrar las costumbres religiosas musulmanas en nuestra sociedad.

En España la presencia musulmana es evidente y forma parte de la diversidad religiosa existente: hay velo islámico en las aulas universitarias, hay mezquitas en pueblos y ciudades –la mezquita de la M-30 de Madrid es mucho más grande que la catedral de la Almudena-, hay cementerios musulmanes, se imparte enseñanza religiosa musulmana en los colegios públicos, ciertas celebraciones musulmanas son desde hace una década fiesta oficial en nuestro país (concretamente en Ceuta y Melilla), o se pueden encontrar alimentos halal en los supermercados. Indudablemente, la diversidad ayuda al progreso y las sociedades sin diversidad están menos desarrolladas.

No obstante, los delitos de odio contra los creyentes religiosos en general aumentan anualmente en España, como ha declarado la Directora General de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio de Justicia hace unas semanas en un foro académico. El Ministerio del Interior actúa en este campo desde el año 2012 y según su Plan de Acción contra los Delitos de Odio de 14 de enero de 2019, en 2017 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España registraron 1.419 incidentes como “delitos de odio”, un 11,6% más que en 2016. En 2017, un 36,5% de los hechos relativos al discurso del odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se produjeron en Internet y un 17,9% en las redes sociales. Los incidentes relacionados con delitos de odio contra los creyentes religiosos han aumentado un 120% entre 2016 y 2017.

Efectivamente, las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de la comunicación. Los blogs, Twitter y otras redes sociales se están llenando de opinadores que dan constantes lecciones de ética. Hay personas que viven en las redes sociales y hay que defender la libertad de expresión aunque sirva para hacer comentarios que no nos gustan. Otra cosa muy distinta es el ciberodio y estas plataformas digitales se convierten, en ocasiones, en altavoz de islamófobos. La islamofobia es el odio al Islam y hacia los musulmanes.

El 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que modificó profundamente los artículos 510 y 607. La nueva redacción ha facilitado una herramienta poderosa para perseguir conductas cuyo elemento motivador es el odio y la discriminación. La libertad de expresión comprende el derecho a manifestarse de modo inadecuado pero si se incita a la intolerancia o al odio religioso se entra en el ámbito de lo penalmente relevante. Como se señala en la sentencia del Tribunal Constitucional 112/2016, de 20 de junio, la sanción penal de las expresiones vertidas “supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores en la medida en que puedan ser consideradas como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades”.

Entre algunas de las sentencias condenatorias por este delito y que aplican el artículo 510 del Código Penal, podemos destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 10 de noviembre de 2017, en la que se condenó al actor por un delito de odio contra varios colectivos, entre ellos el musulmán. Se concluyó que las noticias y comentarios en su Facebook provocaban violencia. Y el Juzgado de lo Penal nº 22 de Barcelona, el 11 de diciembre de 2017, condenó por delito de odio al acusado de difundir, a través de su página web, opiniones vejatorias contra personas que profesan la religión musulmana. Según los hechos probados, entre los textos escritos por el acusado se decía: “El Islam sólo aporta regresión, miseria, brutalidad, maldad, degradación, suciedad, decadencia, intolerancia y muerte. El Islam es la negación de todos los valores e ideales que sustentan la Civilización Occidental: el progreso, la igualdad entre el hombre y la mujer, las libertades individuales y colectivas, los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la solidaridad”. Por su parte, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 12 de julio de 2018, confirmó que la conducta del recurrente a través de Twitter podría subsumirse como delito de odio.

Más recientemente, en enero de 2019, el Juzgado Penal nº 2 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) condenó a un usuario de Facebook a un año de cárcel y una multa de 2.160 euros por realizar insultos islamófobos en la red social. Se concluyó que cometió el delito del artículo 510 del Código Penal y se le inhabilitó para ejercer su profesión en el ámbito educativo durante cuatro años. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 28 de febrero de 2019, se condenó al acusado por un delito contra los derechos fundamentales a la pena de 15 meses de prisión al difundir mensajes radicales islamófobos desde su canal de Youtube. Por su parte, según una noticia de 12 de abril de 2019, un hombre fue detenido en La Laguna (Tenerife) como presunto autor de un delito de odio. Supuestamente difundió por las redes sociales publicaciones con contenido violento contra colectivos de inmigrantes y musulmanes. Y en mayo de 2019, el Juzgado Penal nº 3 de Jaén condenó al autor de unos comentarios publicados en Facebook por constituir una incitación directa a la violencia contra los musulmanes.

Las grandes empresas de Internet están comprometidas contra los delitos de odio –existe un Código de Conducta para la lucha contra la Incitación Ilegal al Odio en Internet promovido por la Comisión Europea, suscrito el 31 de mayo de 2016-. Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan contra el odio. La Instrucción núm. 1/2018, de 5 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, creó la «Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio». Desde esta Unidad se supervisa, coordina e impulsa la labor preventiva en materia de delitos de odio de las Delegaciones de Participación Ciudadana que existen en las Comisarías de Policía Nacional. A nivel local se han creado unidades con agentes especializados que prestan atención integral a los delitos de odio. Así, por ejemplo, la «Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid» -que funciona desde 2016-, ha establecido planes de actuación “para prevenir comportamientos discriminatorios y ha elaborado protocolos de actuación en la materia desde un compromiso integral, coordinando desde la Unidad el resto de servicios que de forma especializada y específica trabajan sobre este tipo de hechos, ya sean presenciales o en redes sociales”.

Las religiones odian las bromas y cuentan con organismos propios que se dedican a analizar los incidentes ofensivos que padecen. El «Observatorio Andalusí» es un organismo autónomo de la Unión de Comunidades Islámicas de España, que se dedica al seguimiento de la situación del ciudadano musulmán y la islamofobia en España en colaboración con el Consejo Musulmán de Cooperación en Europa. Asimismo, el «Observatorio de la Islamofobia en los Medios» es una iniciativa del Instituto Europeo del Mediterráneo y la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe. En el informe 2018 de este Observatorio se señala que según las estadísticas producidas a partir de los más de 1.900 artículos de varios periódicos analizados de 2018, poco más de la mitad no eran islamófobos. Además, el 50% de los artículos sobre mujeres musulmanas o el velo islámico eran islamófobos. Los resultados reflejan, según el informe, “que el Islam se sigue relacionando mayoritariamente con elementos negativos. Esto ocurre en el 73% de los artículos…entre estos elementos negativos, el terrorismo domina en 2018 la información en torno al islam: más del 60% de los artículos sobre el Islam tratan este tema, seguido por la cuestión de la radicalización”.

En febrero de 2018, las principales confesiones con notorio arraigo en España (católicos, evangélicos, judíos y musulmanes) se unieron para hacer un “comunicado” en el que denunciaron los ataques gratuitos y ofensivos contra los creyentes españoles y transmitieron un mensaje de respeto para una convivencia mejor. Este documento es relevante porque debe ser la primera vez que se ha producido una “alianza” de las cuatro confesiones para llamar la atención sobre esta cuestión concreta, lo que demuestra que la situación se está sobrepasando.

En definitiva, la educación es fundamental para la convivencia y para erradicar algunos tópicos islamófobos. Si el objetivo es conseguir una sociedad más justa y participativa en la que se respete la multiculturalidad, no se debe menospreciar ni dejar en un segundo plano lo religioso en el espacio público y debe protegerse a los creyentes. Por su parte, el ateo tiene derecho a no creer y como cualquiera a no superar obsesiones –si es que las tiene-, pero no tiene derecho a impedir el ejercicio de la libertad religiosa de los demás. Lo público pertenece a la sociedad, es de todos, y no se pueden permitir conductas discriminatorias y delictivas. El Tribunal Constitucional ha reconocido que la religión es algo positivo y los poderes públicos están obligados a tener en cuenta las creencias religiosas presentes en la sociedad y a establecer relaciones de cooperación con las confesiones religiosas (artículo 16.3 de la Constitución Española).

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