A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)

A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)

El 24 de enero de 2020 el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, admitida a trámite el 28 de enero y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 31 de este mismo mes. Sometida a toma en consideración el martes, 11 de febrero, fue aprobada por el pleno por amplia mayoría (203 votos a favor; 140 votos en contra; y 2 abstenciones).

El texto de esta Proposición de Ley (PL) es, en realidad, prácticamente idéntico al de una PL presentada también por el Grupo Parlamentario Socialista en la legislatura anterior, que fue asimismo tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso[1], si bien su tramitación no pudo arribar a buen puerto como consecuencia de la disolución anticipada de las Cortes Generales. PL esta que, a su vez, traía causa de una anterior similar, presentada por el mismo grupo parlamentario, en la XII legislatura, que, pese a haber sido igualmente tomada en consideración con el voto favorable de la mayoría de la cámara[2], tampoco pudo concluir exitosamente su tramitación parlamentaria.

Nos encontramos, por tanto, ante el tercer intento de sacar adelante la aprobación de una ley orgánica que regule la eutanasia que inicia su andadura parlamentaria. Y si bien se han de tomar las debidas cautelas, sobre todo en un momento político como el presente, en el que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno se encuentra muy fragmentada y depende de variables difícilmente previsibles, todo parece indicar que, en esta ocasión, el procedimiento legislativo sí podrá concluir con la aprobación de una ley orgánica que reconozca un nuevo derecho individual “a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”, como el propio art. 1 de la PL dispone. De ser finalmente así, la eutanasia acabaría siendo legal en nuestro país, tal y como sucede ya en otros de nuestro entorno (Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá).

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Ya he tenido ocasión de ocuparme, en un pasado no muy lejano, de analizar el contenido de la PL presentada en la XII Legislatura, similar al actual, y también me he pronunciado sobre su -en mi opinión- indudable constitucionalidad, pequeñas matizaciones al margen, en relación, por ejemplo, con la discutible falta de reconocimiento de este derecho a los menores emancipados y suficientemente maduros, o con la confusa definición acerca de si los graves trastornos psíquicos entran, o no, dentro del llamado contexto eutanásico. A ellos me remito[3].

En este momento, con el ánimo de no repetirme en exceso, quisiera centrar tan solo la atención en algunas cuestiones que me parece que merecen algún comentario, en la medida en que puedan contribuir, siquiera sea muy modestamente, a enriquecer un debate público, muy necesario, que ya se ha abierto (no siempre, por cierto, de manera ejemplar, a tenor de ciertas intervenciones que tuvieron lugar en el debate de toma en consideración) y que, con toda seguridad, en las próximas semanas o meses adquirirá nuevo brío.

Veamos.

1) En primer lugar, creo que es importante volver a dejar constancia de algo que me parece difícilmente cuestionable: que el legislador español se encuentra perfectamente legitimado para regular la eutanasia (o, más precisamente, el «derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir»: art. 1.1 PL), y que la forma en que se hace en la PL objeto de este comentario, resulta, con las ligeras dudas que manifestaré luego, acorde a la Constitución.

Las razones son suficientemente conocidas: En positivo, nos encontramos ante un derecho de configuración legal que se encuentra directamente conectado con ciertos derechos fundamentales (a la vida y a la integridad física y moral: art. 15 CE; a la libertad ideológica: art. 16.1 CE; y a la intimidad personal: art. 18.1 CE) y bienes, valores, principios o derechos constitucionalmente garantizados (dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad: art. 10 CE; y libertad, como valor superior del ordenamiento jurídico: art. 1.1 CE). Y, en negativo, no existe en el texto constitucional ninguna disposición que establezca un deber de proteger la vida en todo caso, aun en contra de la voluntad de su titular; o, dicho de otro modo, nuestra Ley Fundamental no concibe (el derecho a) la vida como una obligación que ha de soportar su titular en cualquier circunstancia. De hecho, si así lo hiciera, estaría incurriendo en una paradoja de difícil solución, pues un derecho no puede ser para su titular al mismo tiempo una obligación.

Además, la regulación legal de este nuevo derecho se adecua a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha venido a sostener que el derecho a la disposición de la propia vida se encuentra amparado por el artículo 8 CEDH (respeto a la vida privada), si bien -según el propio TEDH- la despenalización de esas prácticas eutanásicas ha de venir acompañada de un régimen legal específico que regule sus modalidades y establezca las necesarias garantías para todas las partes, a fin de que cumplir con las exigencias derivadas de la seguridad jurídica (Sentencia de 14 de mayo de 2013caso Gross c. Suiza), tal y como hace la PL aquí analizada.

En razón de todo ello, cabe concluir provisionalmente que la decisión de regular a través de ley la eutanasia encuentra cobertura constitucional suficiente, por más que de la propia Constitución quepa derivar la necesidad del establecimiento de unas amplias garantías que eviten, o, al menos, dificulten, un ejercicio abusivo de este derecho. En tal sentido, entiendo que las precauciones establecidas en la PL (intervención previa del médico responsable y del médico consultor, así como de la Comisión de Evaluación y Control competente), por más que hayan sido objeto de crítica por su excesivo rigor, merecen ser valoradas positivamente, en la medida en que sirven a un plausible fin último: impedir (o dificultar) el mal ejercicio de un novedoso derecho que acarrea como consecuencia final la muerte de una persona.

No obstante lo dicho, sí hay un aspecto susceptible de mejora: cuando el art. 10.4 PL establece que la resolución definitiva de la Comisión de Evaluación y Control deberá ponerse, «en el plazo más breve posible», en conocimiento del médico responsable, quizás fuera preferible que estableciera, con precisión, un plazo máximo, añadiendo, por ejemplo, «y, en todo caso, antes de que transcurran 96 horas». En último término, tampoco se puede olvidar que la propia PL prevé, como es lógico, por otra parte, que la resolución desfavorable de la Comisión pueda ser recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa (10.5 PL), sin perjuicio, cabría añadir, de las responsabilidades que quepa derivar en caso de que la misma haga un uso incorrecto de su función que pueda venir motivado, por ejemplo, por razones ideológicas (me refiero, claro está, al temor manifestado desde ciertos foros a que dicha Comisión, al variar de una Comunidad Autónoma a otra, pueda ser utilizada en algún lugar para «boicotear» el cumplimiento de la ley).

2) En segundo término, no deja de llamar la atención que mientras que en la primera PL (de la XII Legislatura) -según quedaba reflejado en su Exposición de motivos y posteriormente en el articulado- se buscaba «legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de discapacidad grave y crónica, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico», en la PL de la anterior legislatura (XIII), el término “discapacidad grave y crónica” se sustituyó por “enfermedad grave, crónica e invalidante”, lo que se mantiene en la PL actual. Seguramente, este cambio terminológico tenga que ver con el hecho de que desde el movimiento asociativo de las personas con algún tipo de discapacidad se criticó severamente la equiparación entre “enfermedad grave e incurable” y “discapacidad grave y crónica”, como requisitos que han de darse en una persona para que pueda solicitar la ayuda para morir, en la medida en que eso podría suponer una estigmatización de estas personas.

Si bien ya tuve ocasión de sostener en su momento que esa forma de enfocar el problema no me parecía adecuada, pues lo que en aquella PL se procuraba era simplemente definir una situación objetiva grave (ya sea enfermedad o discapacidad), causante de unos sufrimientos físicos o psíquicos susceptibles de ser valorados subjetivamente por quien los padeciese como insoportables, sin que ello, por tanto, significara calificar peyorativamente o estigmatizar esa enfermedad o discapacidad (o a quien la padece), lo cierto es que la modificación señalada acusa el golpe, no solo con el cambio de nomenclatura, sino también, y esto es lo más relevante, con la modificación de las definiciones que de dichas expresiones se contiene en sendos arts. 3 de la PL precedente y de la actual.

De acuerdo con el «viejo» art. 3 (PL de XII Legislatura), dichos términos se habían de entender en el sentido siguiente:

2. «Discapacidad grave crónica»: situación en la que se produce en la persona afectada una invalidez de manera generalizada de valerse por sí mismo, sin que existan posibilidades fundadas de curación y, en cambio, sí existe seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona. Se entienden por limitaciones aquellas que inciden fundamentalmente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, así como sobre su capacidad de expresión y relación, originando por su naturaleza sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables, sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

3. «Enfermedad grave e incurable»: la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

Por su parte, de conformidad con el nuevo art. 3 (PL de XIV Legislatura, que reproduce literalmente el de la XIII) se ha de entender esto otro:

b) «Enfermedad grave, crónica e invalidante»: situación que resulta de una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vaya a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.

c) «Enfermedad grave e incurable»: toda alteración del estado de la salud provocada por un accidente o enfermedad, originados independientemente de la voluntad del o la paciente, que lleva asociada sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable y en la que existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

A la vista de estas variaciones, parece que las nuevas definiciones de las condiciones habilitantes  que permiten activar el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir resultan menos precisas, lo que podría tener como consecuencia una mayor apertura del abanico de situaciones que podrían encajar dentro del llamado “contexto eutanásico”. Quizás sea este un efecto deseado, pero, en todo caso, parece razonable defender la conveniencia de definir con la mayor precisión posible los contornos de dicho «contexto eutanásico», a fin de evitar ambigüedades que podrían conducir a un mal uso de este derecho o a situar a los actores intervinientes en todo este proceso en situaciones «difíciles», también desde el punto de vista de la seguridad jurídica.

3) En tercer lugar, se sigue haciendo uso, incluso con más insistencia, de un término que ya tuve ocasión de criticar en su momento, y que sigo pensando que es confuso. Me refiero al adjetivo “intolerable”, empleado para calificar a los sufrimientos físicos o psíquicos que forman parte de la definición del contexto eutanásico. Este término es, en efecto, confuso porque, dada su naturaleza eminentemente subjetiva (¿intolerable para quién?), se desvirtúa el pretendido carácter objetivo de la situación que trata de describirse. Por eso, tal vez, hubiera sido preferible sustituirlo, por ejemplo, por “grave” o “agudo”. Y, en  todo caso, convendría dejar claro que ese grave (o agudo) y constantes sufrimiento físico o psíquico es susceptible de ser considerado «intolerable» (o, mejor, «insoportable») por quien lo padece (y no por un tercero).

4) Por último, también merece la pena centrar un momento la atención en un hecho que, tal vez, tenga más relevancia de la que se le ha dado (al menos, por mi parte, en los anteriores trabajos referidos). Y es que la actual PL (al igual que las precedentes), aunque se denomine “de regulación de la eutanasia”, en realidad, está también regulando los supuestos de “suicidio asistido”. Ya en la propia Exposición de motivos se hace referencia a ello, aunque no se emplee ese término. Así, cuando se afirma que “la ley distingue entre dos conductas eutanásicas diferentes, la eutanasia activa y aquella en la que es el propio o la propia paciente la persona que termina con su vida, para lo que precisa de la colaboración de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias de medicamentos, su prescripción, o, incluso, su suministro con el fin de que el o la paciente se lo administre”, en realidad, lo que se está haciendo es definir lo que jurídicamente se entiende por suicidio asistido. Algo diferente es la eutanasia activa, que -según la referida Exposición de motivos- “es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un o una paciente de manera deliberada y a petición de este o esta, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento intolerable”.

En la parte dispositiva, en el momento de proceder a definir qué se ha de entender por cada término o expresión empleada en la propia PL, queda perfecta constancia de ello. Así, de acuerdo con el art. 3:

g) «Prestación de ayuda para morir»: acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades:

(i) La administración directa al o la paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente.

(ii) La prescripción o suministro al o la paciente por parte del profesional sanitario competente de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, ya sea en el propio centro sanitario o en su domicilio, para causar su propia muerte.

En el subapartado i) se estaría regulando, por consiguiente, la «eutanasia activa directa», y en el ii) el «suicidio asistido». La duda surge, en este punto, a partir de la constatación de que la PL sitúa en un plano de igualdad ambas modalidades, de modo que es el propio paciente, en caso de encontrarse consciente, el que -según dispone el art. 11.1 párrafo segundo- «deberá comunicar al médico o médica responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para morir», precisándose en los apartados 2 y 3 de este mismo precepto cómo habrá de llevarse a efecto cada una de las mismas. Y surge una duda porque no parece que sea exactamente lo mismo una cosa que la otra. En el suicidio asistido es el propio paciente, titular del nuevo derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el que realiza el último acto en ejercicio de este derecho (autoadministrarse la sustancia letal), por más que haya recibido ayuda previa del profesional sanitario mediante la prescripción o suministro de dicha sustancia. Sin embargo, en el caso de la eutanasia activa directa es el profesional sanitario competente el que realiza la última acción (administración directa de la sustancia al paciente), admitiéndose, por tanto, que el titular del derecho no lleve a cabo el ejercicio del mismo hasta el final, aun cuando se encuentre en condiciones de poder hacerlo. Cuando menos es algo que merece la pena repensar, pues lo propio de un derecho individual, como lo es el que se trata de reconocer con esta PL, es que su titular pueda ejercerlo, en la medida que lo desee, por sí mismo. Y solo cuando se encuentre imposibilitado para ejercerlo por sí mismo debería intervenir un tercero (el profesional sanitario, en este caso), en sustitución del propio titular. Y es que -según lo entiendo- lo que se está reconociendo, en último término, con este nuevo derecho, es la facultad de que una persona pueda poner fin a su vida de manera digna, con la ayuda de terceros, una vez que se cumplan ciertas condiciones (contexto eutanásico). De ese modo, solo cuando dicho titular del derecho, tras haber recibido la ayuda necesaria, no pueda ejercer dicho derecho por sí mismo en su etapa final debería activarse la posibilidad de que un tercero lo hiciera en su lugar.

Creo, además, que eso se compadece mejor con la insistencia de la PL en que el procedimiento debe de contar en todo momento con el consentimiento informado del paciente y en que la decisión de este ha de ser autónoma. ¿Qué mejor modo de garantizar hasta el último momento dicha autonomía del paciente que disponiendo que sea él mismo el que, pudiendo hacerlo, realice el acto final de autoadministrarse la sustancia nociva, previamente preparada por el profesional sanitario competente, y con la garantía, en todo caso, de que disfrutará de la necesaria observación y apoyo por parte del médico responsable y del resto de los profesionales sanitarios hasta el momento de su fallecimiento?

En definitiva, me parece que convendría reflexionar sobre la posibilidad de que la ley dispusiera una gradualidad necesaria entre las dos modalidades que prevé para recibir la ayuda para morir, de forma que si es el propio paciente el que puede realizar el último acto de ejercicio de su derecho, habría que optar necesariamente por esta modalidad (suicido asistido); y solo cuando tal cosa no fuera posible, debería ser el profesional sanitario competente el que habría de realizar esa actuación (eutanasia activa directa). Creo que esta forma de afrontar el problema es más acorde con la naturaleza y finalidad del derecho que se trata de reconocer[4].

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En conclusión, y aunque hay que esperar a ver cómo evoluciona la tramitación parlamentaria de esta PL, parece que esta vez sí puede ser la definitiva, de forma que en unos pocos meses dispongamos en España de una ley orgánica que reconozca un nuevo derecho legal de raigambre constitucional: el «derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir», que se suele simplificar con la expresión «derecho a la eutanasia», si bien, como hemos visto, dentro de la PL se acoge, en realidad, la regulación de la «eutanasia activa directa» y del «suicidio asistido». Dado que se trata de un derecho nuevo que entronca directamente con un viejo derecho fundamental, que es, a su vez, condición necesaria del reconocimiento y ejercicio de todos los demás derechos, el derecho a la vida, interesa a todos que su regulación sea lo más depurada posible. Si con este modesto trabajo se puede, de alguna manera, contribuir a ello, me sentiré más que satisfecho. Al fin y al cabo estamos hablando de una «muerte digna», corolario final de una «vida digna», que es la que nos reconoce, con toda plenitud y garantías, el art. 15 de nuestra Constitución.

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[1] Los resultados de la votación, celebrada el 10 de septiembre de 2019, fueron elocuentes: 243 votos a favor, 92 en contra y 2 abstenciones.

En esta misma Legislatura (XIII) el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentó también una Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia, el 12 de julio de 2019, que ni siquiera llegó a ser tomada en consideración.

Asimismo, en esta Legislatura (XIII) fue presentada por el Parlamento de Cataluña, el 21 de junio de 2019, una Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio, que, en realidad, había sido ya presentada, con idéntico contenido, en la Legislatura anterior (XII), el 10 de agosto de 2017, y tomada en consideración, el 10 de mayo de 2018, con 175 votos a favor, 136 en contra y 32 abstenciones, si bien terminó finalmente caducando como consecuencia de la disolución de las cámaras. En la XIII Legislatura la PL del Parlamento de Cataluña tampoco pudo continuar su tramitación parlamentaria como consecuencia, igualmente, de la disolución de las Cortes Generales, de modo que acabó siendo trasladada a la vigente Legislatura (XIV).

[2] Los resultados de la votación, que tuvo lugar el 26 de junio de 2018, fueron los siguientes: 208 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.

[3] Se trata del artículo “El derecho a una muerte digna en el ordenamiento constitucional español”, en M. Aragón Reyes / J. Jiménez Campo / C. Aguado Renedo / A. López Castillo / J. L. García Guerrero (dirs.), La Constitución de los españoles. Estudios en homenaje a Juan José Solozabal Echavarria, Fundación Manuel Giménez Abad, CEPC, Madrid, 2019, pp. 613-634; así como al breve artículo de opinión «La eutanasia como un auténtico derecho individual», publicado en Agenda Pública, el 10 de noviembre de 2018.

[4] Así tuve ocasión de exponerlo en el debate que tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el pasado 6 de febrero de 2020, en el marco del interesante Seminario «Eutanasia, suicidio asistido y declaración de fin de vida: la experiencia italiana», entre los apreciados e ilustres colegas italianos y españoles que allí se encontraban. Aunque no se puede decir que dicha propuesta fuera acogida acríticamente, sí creo que la misma despertó ciertas dudas. Dudas que convendría despejar tras una reflexión sosegada y detenida sobre la disyuntiva planteada.

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