Necesidad social imperiosa o foco ideológico: eutanasia y suicidio asistido

Necesidad social imperiosa o foco ideológico: eutanasia y suicidio asistido

Las convicciones éticas o religiosas imponen a algunos respetar que la muerte les llegue en una hora que no pueden determinar. Otros, en cambio, piensan que elegir la hora de la muerte es el último acto de un hombre libre. Desde esta visión de dignidad humana que se apoya en una hipotética neutralidad ideológica del Estado, se piensa que éste tiene la función de garantizar a la sociedad civil una serie de derechos que permitan al individuo vivir (o morir en su caso) según sus propios dictados. Bajo el paraguas de la dignidad de la persona, se tiende a equiparar y confundir dignidad humana con calidad de vida, hasta el punto que la vida y la dignidad humana se convierten en algo cuantificable en grados según esa calidad de vida. La eutanasia sería así una cuestión (y por tanto una elección) puramente privada que no tiene en cuenta el impacto social que puede tener su legalización.

Sin embargo, la discusión en torno a la legalización de la eutanasia va mucho más allá de la cuestión de los derechos individuales. La decisión individual de la persona que desea acabar con su vida no es el único parámetro que se debe tomar en consideración. La cuestión de la eutanasia y del suicidio asistido es siempre una cuestión pública que presenta una dimensión socio-jurídico-política. A ese respecto, como señalara Maritain, la eutanasia difiere del suicidio, mientras que suicidarse resulta del dominio natural que tiene cada uno sobre su propio cuerpo y que le permite disponer de su vida, ya que en nuestros sistemas jurídicos, el suicidio es una libertad y no un derecho subjetivo: de hecho –y no de derecho– puedo quitarme la vida. Pues bien, el ejercicio de esa libertad interpela fuertemente la sociedad pero no es avalado por ella y no compromete al cuerpo médico. Al contrario, la eutanasia y el suicidio asistido médicamente comprometen directamente a la medicina y atañen a los fundamentos del Estado de Derecho.

La eutanasia está obviamente relacionada con el valor supremo y primer derecho fundamental, el derecho a la vida que constituye la fuente y origen de todos los demás derechos. Además enlaza obviamente con el concepto de dignidad humana, la integridad física y autonomía personal y en consecuencia con el derecho a la libre disposición de la persona sobre su cuerpo y su vida, en definitiva su libertad, pero la pregunta es sí el respeto a la autonomía y la libre disposición de una persona sobre la base de su dignidad, está por encima de la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida, y relacionado con lo anterior, sí el titular del derecho a la vida puede comprometer a la sociedad y al Estado en su deseo de finalizarla.

En España el artículo 15 reconoce el derecho a la vida en su vertiente positiva por lo que no existe a la luz de dicho precepto el derecho a la propia muerte.

La doctrina del Tribunal Constitucional es clara en este sentido, así la STC 120/1990, en su fundamento jurídico séptimo ( relativa a la obligatoriedad de asistencia médica coactiva por parte de la Administración Penitenciara a unos miembros del GRAPO ) señaló que ” no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente…Desde la perspectiva del derecho a la vida, la asistencia médica obligatoria autorizada por resolución judicial no vulnera dicho derecho fundamental, porque en éste no se incluye el derecho a prescindir de la propia vida, ni es constitucionalmente exigible a la Administración penitenciaria que se abstenga de prestar asistencia médica que, precisamente, va dirigida a salvaguardar el bien de la vida que el artículo 15 de la Constitución protege”, doctrina que se ha reiterado en otras sentencias posteriores.

Frente a esta posición los defensores de la eutanasia apuntan a la prevalencia de la autonomía de la voluntad del paciente, voluntad y autonomía que, por otra parte, no creemos que sea completa en esas circunstancias de dolor y sufrimiento, pero además la autodeterminación libre y consciente de la persona es utópica desde el momento en el que para llevar a cabo el acto de solicitud de ayuda para morir se ha de recurrir a otras personas, y al propio Estado.

En cualquier caso, actualmente tanto la eutanasia como el suicidio asistido están tipificados como delito, en el artículo 143 del Código Penal español.

Sin embargo, lo cierto es que desde que se planteara el mediático caso de Ramón San Pedro, el tema de la eutanasia ha estado presente en nuestra sociedad con una cada vez mayor sensibilidad social a la cuestión del dolor y del sufrimiento.

En estas líneas nos centramos únicamente en el análisis de la Proposición de ley promovida por el partido socialista obrero español (PSOE).de 31 de enero de 2020, aprobada en votación plenaria el pasado 11 de febrero.

Prescindiendo de nuestra posición personal con un tema de tanta trascendencia como es el bien vida, resaltamos los aspectos más relevantes de la proposición de ley.

En primer lugar nos referiremos a la Exposición de Motivos, que señala por un lado, que el objeto de esta ley es dar respuesta a una demanda de la sociedad que solicita la eutanasia como un derecho, y por otro lado, la legalización se justifica por la necesidad de estar en consonancia con los países de nuestro entorno.

Con respecto al primer tema, ya hemos puesto de relieve como con la configuración actual de nuestro sistema jurídico y la fórmula establecida en el artículo 15 y la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que se protege es el derecho a la vida en su vertiente positiva.

En relación al segundo aspecto, de todos es sabido que aunque el debate ciertamente esté en la calle, la realidad es que en Europa, solo Holanda, Bélgica y Luxemburgo permiten la eutanasia. En Suiza, se permite se admite el auxilio al suicidio al enfermo que lo solicita. En el resto del mundo, esa asistencia al final de la vida está regulada en Colombia, Canadá y en algunos Estados de EE UU y de Australia, lo que significa que no existe un criterio unánime y que en todo caso los Estados que la prohíben son mayoría en contra de lo que se afirma en la Exposición de Motivos.

Entrando en el articulado, la ley contempla la eutanasia y el suicidio asistido. El solicitante puede ser cualquier persona con nacionalidad española o residencia legal en España, mayor de edad, capaz y consciente en el momento de la solicitud y con el previo consentimiento informado sobre su historial, las posibles alternativas terapéuticas, y cuidados paliativos. En este punto la proposición nos parece vaga y generalista, sobre todo en relación al tema del consentimiento informado en donde se echa de menos la cuestión de quién y qué requisitos han de darse para cuando se trate de persona incapaz o inconsciente que no pueda dar un consentimiento válido y haya que actuar por medio de representante. La ley solo se refiere a persona mayor de edad y capaz en algunos preceptos, sin mayores aclaraciones ni requisitos. Relacionado con lo anterior, sí partimos del hecho de que el pretendido derecho a una muerte digna procede del respeto a la libertad del individuo para poner fin a su vida, tendremos que afirmar que esa misma libertad individual se ha de reconocer no solo cuando se pide activamente la muerte, sino también cuando en contra de la voluntad del equipo médico se quiera mantener la vida aunque sea por medios artificiales y tanto si es a petición propia por estar consciente o haberlo expresado en documento de instrucciones previas, como si se trata de un menor o de un adulto incapacitado por estar inconsciente cuyo familiar y / o representante legal ostenten esa pretensión y al respecto la proposición guarda silencio absoluto.

En cuanto a los requisitos, la ley dice que ha de tratarse de una persona que padezca una enfermedad grave, incurable o con un pronóstico de vida limitado, o que esté afectada por sufrimientos psíquicos o físicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio. También personas con discapacidad grave, sin que existan posibilidades fundadas de curación. Se habla de “pronóstico de vida limitado” de manera ambigua y nada clara. Tampoco es precisa la disposición en cuanto a qué se debe de entender por sufrimiento psíquico insoportable y si dentro de este sufrimiento se incluiría la depresión o en general los problemas o trastornos mentales.

En cuanto a la solicitud, ésta debe hacerse libre, voluntaria y por escrito, sin presiones externas, y tendrá que hacerla dos veces con un intervalo entre una y otra de 15 días naturales, no obstante el plazo puede ser menor en virtud de las circunstancias clínicas según criterio del facultativo responsable con el previo consentimiento informado del paciente, en presencia de un profesional sanitario, que debe rubricarla.

Tras recibir la solicitud de ayuda para morir, el médico responsable en un plazo máximo de dos días realizará un proceso deliberativo sobre diagnóstico, tratamientos y posibles cuidados paliativos que se hará por escrito. Pasadas 24 horas el médico responsable recabará del paciente su decisión de decaer o continuar con la prestación de ayuda y recabará la firma del paciente el documento del consentimiento informado. El médico responsable deberá consultar a otro médico que estudiará el caso y verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 5,1 en un máximo de diez días naturales, redactando un informe que se unirá a toda la historia clínica. Cumplido este proceso se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control competente para realizar el control previo primero por dos miembros designados al efecto que elevarán sus conclusiones en un plazo máximo de siete días, una propuesta a la Comisión, positiva o negativa que en ningún caso vincula a la Comisión que cumplido este trámite dictará la resolución en el menor tiempo posible. Sin embargo, otra cuestión discutible es que se puede obviar el control previo mencionado en casos excepcionales de muerte o pérdida de capacidad inminente según el médico responsable.

La proposición de ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia del profesional sanitario. No se dice nada sí esta objeción será reconocida a las personas jurídicas que ostenten una determinada ética o cosmovisión contraria a la eutanasia, como son los hospitales de la Iglesia Católica y otras confesiones.

Un elemento que nos sorprende es la creación de un órgano de vigilancia y control que recuerda a la antigua Comisión Nacional de Objeción de Conciencia. El artículo 17 dispone la creación de una Comisión de Control y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla creadas por los respectivos gobiernos autonómicos y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de manera que las diferencias normativas están garantizadas, y que tendrá que resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones denegadas.

En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir, la Comisión de Control y Evaluación competente requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico, o médica del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios. La denegación deja abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa.

También nos llama la atención, la cuestión un tanto eufemística sobre la consideración de la muerte eutanásica como muerte natural. Si tal como parece se trata de una conducta legal y no constituye delito no se entiende la razón por la que se ha de considerar muerte natural como si la muerte hubiera provenido de causas naturales y no se certifica como muerte por acto eutanásico con nombre y apellido.

En definitiva la eutanasia no solo se despenaliza sino que además de ser un derecho fundamental es una prestación más, contenida en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública, sin embargo nada se habla en la proposición de ley de una mayor inversión en cuidados paliativos de acceso universal que sería la cuestión prioritaria si lo que se pretende de verdad es tratar de aliviar el sufrimiento.

En este momento no sabemos el devenir de la futura regulación, pero si ponemos en duda desde luego el oportunismo en este momento político y la sospecha ideológica Si sale adelante desde luego se tendrán que debatir y esclarecer muchos puntos como el del consentimiento, los plazos, la objeción de conciencia, el de las enfermedades mentales…etc.

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