La resocialización tenía un precio

La resocialización tenía un precio

El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que incluye una modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece dos referencias a los tratamientos farmacológicos durante la estancia en prisión de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que tendrán efectos en la posibilidad de que estos disfruten permisos de salida. En concreto, la propuesta del nuevo art. 74.2 LOGP, es la siguiente:

«2. En los casos en los que subsista un riesgo elevado de reincidencia, pero a la vez, dadas las circunstancias del penado, se considere necesario el disfrute de un permiso de salida de la prisión que favorecerá el proceso de reinserción social, previo consentimiento del penado, podrá administrársele un tratamiento farmacológico que le inhiba sexualmente con carácter transitorio».

Pese a que no se recoge de manera explícita (y se cuida mucho de hacerlo), de la redacción de este artículo puede extraerse un mensaje de sus redactores/as a sus potenciales destinatarios, que se construye, digamos, en cuatro actos: i) nos preocupa mucho su proceso de resocialización, y queremos que conste, pero; ii) también nos preocupa mucho la seguridad de la ciudadanía; iii) usted puede dejar de ser peligroso si quiere; así que iv) si no «pasa por el aro», no disfrutará de su permiso. Este mensaje se emite, además, tras proponer previamente un nuevo artículo para la LOGP que señala expresamente que la aceptación o rechazo de un tratamiento farmacológico no podrá conllevar consecuencias positivas o negativas para la situación penitenciaria del reo.

El asunto de la castración de delincuentes sexuales, ya sea química o quirúrgica, es un prisma con numerosas aristas del que, por razones de extensión, me ocuparé limitadamente. En concreto, me interesa si realmente el establecimiento de esta condición –el sometimiento a tratamiento farmacológico de los condenados por delitos contra la libertad sexual– es equiparable a otras del ordenamiento penal y penitenciario. Y es que nuestro Código Penal admite ya que los tratamientos en otros contextos tengan una cierta incidencia: así, ya recoge, por ejemplo, tipos penales privilegiados en el caso de que quien haya cometido determinados delitos contra la salud pública acredite haber finalizado un tratamiento de deshabituación (art. 376.2 CP, previendo una pena inferior en uno o dos grados), y también prevé un régimen privilegiado de suspensión en estos supuestos, bastando la satisfacción de la responsabilidad civil en el caso de que el sujeto se someta a un tratamiento deshabituador o acredite su deshabituación (art. 80.5 CP). Al margen de estos casos, en los que se impide el acceso a un régimen privilegiado si el condenado no se somete a un tratamiento, nuestro Código Penal también prevé que la suspensión de la prisión permanente revisable de los condenados por delitos de terrorismo quede supeditada a que el reo «muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista» y, además, haya colaborado (muy) activamente con las autoridades (vid. art. 92.2 CP).

La medida que plantea el Anteproyecto sigue la tónica de este último ejemplo: durante la fase de ejecución de la pena, y, en este caso, mientras subsista la peligrosidad del sujeto (suponemos acreditada por el Juez), el condenado no podrá acceder al régimen general de beneficios penitenciarios a menos de que se someta a un determinado tratamiento. Ahora bien, a pesar de dicha similitud, qué tratamiento sea el exigido resulta de vital importancia: desde luego, intuitivamente, no reaccionaríamos de la misma manera si lo que se requiriera fuera el sometimiento a un tratamiento o programa de corte psicoterapéutico, tal y como sucede, por ejemplo, en los casos de violencia de género (como hiciera LO 1/2004). Y es que es, precisamente, el contenido de la medida exigida lo que convierte este caso en objeto de atención y preocupación específica, y quizás explique también por qué alguien rechazaría someterse a él cuando lo que está en juego no es únicamente su salida de prisión, sino también, como señala la propia propuesta, el mantenimiento del progreso de su proceso resocializador.

La castración química consiste en la administración de un fármaco antiandrógeno que, actuando directamente sobre el cerebro, reduce la producción y efectos de la testosterona, disminuyendo el impulso sexual. El más común de estos fármacos es el acetato de medroxiprogesterona (MPA), comercializado bajo el nombre «Depo-Provera» por la farmacéutica Pfizer, que señala expresamente en su prospecto que dicho medicamento sólo se encuentra indicado para la prevención del embarazo (aunque en dosis de ocho a cuarenta veces menor que la prevista para la castración química). El MPA disminuye el nivel de la testosterona en el torrente sanguíneo, de manera que vuelve a ser el mismo que antes de la pubertad, lo que, por un lado, reduce el impulso y la excitación sexual, pero también suprime o reduce la frecuencia de las erecciones y las eyaculaciones, así como la producción de espermatozoides. A pesar de dichos efectos, la efectividad de este fármaco como tratamiento para delincuentes sexuales sólo ha sido demostrada en relación con una subcategoría de los mismos: los parafílicos. Las parafilias se caracterizan por impulsos sexuales intensos y recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco habituales. El trastorno parafílico se da cuando la parafilia causa aflicción o incapacidad al individuo, o cuando la satisfacción de la misma conlleva un daño personal o un riesgo de daño a terceros. En el caso de los varones, esta última modalidad del trastorno se caracteriza por un patrón de excitación sexual en el que la fantasía o la realidad de una desviación específica acompaña a casi todas las erecciones y eyaculaciones. Evidentemente, ni todos los delincuentes sexuales tienen parafilias, ni todas las personas que tienen una parafilia son delincuentes sexuales (ya sea porque el objetivo de su parafilia no constituye un delito o porque son capaces de controlar sus impulsos); sin embargo, debe señalarse que los delincuentes sexuales parafílicos son más propensos que otros delincuentes sexuales a cometer múltiples delitos sexuales, habida cuenta de la estabilidad en su preferencia. De acuerdo con los estudios realizados, la utilización del MPA no funcionará en aquellos casos en los que las tendencias sexuales del individuo sean independientes de la testosterona, como pueden ser los casos en los que el sujeto utiliza su conducta sexual para satisfacer sus necesidades primarias no-sexuales (amor, afecto, poder o ira). En consecuencia, el tratamiento con MPA debería ser únicamente valorado como opción en aquellos casos en los que un especialista haya comprobado la idoneidad del individuo como sujeto del tratamiento, algo en lo que no parece haber reparado el Anteproyecto, que lo impone como condición general. Por si esto fuera poco, la eficacia misma del tratamiento con MPA en delincuentes sexuales con parafilia también ha sido cuestionada, habiéndose señalado la existencia de problemas metodológicos en los estudios realizados, como la ausencia de grupos de control, la existencia de sesgos, o el hecho de que sean los propios sujetos del estudio los que facilitan informes sobre su progreso.

No menos relevancia tienen los efectos secundarios del tratamiento con MPA, así como la necesidad de que este sea continuado dado su carácter reversible. Así, en cuanto a los primeros, debe mencionarse aumento de peso, disminución en el conteo de esperma, respuesta hiperinsulinémica a la glucosa, funcionamiento irregular de la vesícula biliar y diverticulitis en casos de tratamiento a largo plazo, fatiga o letargo, atrofia testicular, diabetes mellitus, sofocos y escalofríos, flebitis, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, pesadillas, disnea, hiperglucemia, calambres en las piernas, pérdida de vello corporal y aumento de la temperatura basal del cuerpo. En cuanto a lo segundo, los niveles de testosterona del paciente vuelven a la normalidad tras el cese de suministro del fármaco, de modo que los estudios también han puesto de manifiesto que la suspensión del tratamiento con MPA da lugar a la vuelta del apetito sexual, siendo probable la reaparición de las conductas anteriormente empleadas para la satisfacción de dicho apetito: la tasa de reincidencia se eleva drásticamente cuando los pacientes dejan el tratamiento, pues son incapaces de controlar su conducta sexual. En este sentido, el texto del Anteproyecto parece acertar de pleno al hacer referencia al carácter transitorio de la inhibición sexual, pero esta circunstancia plantea dudas importantes acerca de la utilización de este fármaco, pues, o bien se asume que, para evitar la reincidencia, ha de suministrarse de manera permanente, o bien, como han señalado los expertos, el tratamiento farmacológico ha de estar acompañado de un tratamiento psicológico, de modo que cabe dudar de que el sometimiento al tratamiento farmacológico previsto en el Anteproyecto tenga como finalidad última la propia resocialización del condenado a largo plazo, sino, más bien, únicamente garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el breve lapso de tiempo que dure el permiso de salida.

Por otro lado, los expertos desaconsejan expresamente el uso de estos fármacos en casos de ausencia de consentimiento, pues insisten en que el fármaco sólo podrá ser eficaz frente a sujetos que, conscientes de sus actos, sean incapaces de controlar su comportamiento y decidan voluntariamente someterse al mismo. Por ello, siendo posible dudar de la sinceridad del carácter voluntario del sometimiento al tratamiento, difícilmente puede tener eficacia en la readaptación del comportamiento del condenado.

En suma, puede afirmarse rotundamente que la medida legislativa comentada no es, ni por su contenido ni por sus efectos, comparable a las otras ya mencionadas y previstas en el Código Penal. La castración química se configuraría, más bien, como una medida añadida a la pena impuesta (privación de libertad) que condiciona el disfrute de los beneficios ordinarios y que se sustenta en la supuesta peligrosidad del sujeto; una medida con efectos corporales, que provoca una modificación del funcionamiento cerebral y graves efectos secundarios en la salud del reo, sin garantía alguna de que tenga efectos en la readaptación del comportamiento del condenado a largo plazo y de forma permanente. En definitiva, aunque con otra denominación, hablamos de una pena corporal, inconstitucional en sí misma por inhumana (¿o es que admitiríamos la constitucionalidad de los latigazos si se infligieran habiendo prestado su consentimiento el condenado como condición para acceder a un permiso de salida?). Una pena inhumana creada bajo el pretexto de no torpedear el proceso de resocialización del penado, que pretende seguir siendo el horizonte de la privación de libertad. Y es que, en el mejor de los casos, la resocialización tenía un precio, sí. Y muy alto.

1 Comentario

  1. Joaquin Noval 4 meses hace

    Enhorabuena por la entrada! No soy penalista, pero me ha dejado muy preocupado por la posible medida a imponer. Evidentemente, el problema no es fácil. La misión de la pena no es la venganza sino la resocialización y en este tipo de delitos no es fácil. Por otro lado, mientras el penado no esté resocializado no debe dársele la oportunidad de volver a delinquir, ni siquiera mediante permisos «legales». Ahora bien, ¿un tratamiento médico como condicionante a la concesión del permiso que le prive de su capacidad humana? No sé. Ya digo que no soy especialista en Penal y que el tema es muy complejo. De hecho, yo no me atrevería ni siquiera a proponer una solución al mismo porque no sabría qué es mejor. Pero este tipo de tratamientos me trae a la memoria alguna novela (La naranja mecánica) o alguna película (Alguien voló sobre el nido del cuco) que, aunque leídas o vistas hace muchos años, creo que ponen de manifiesto claramente el peligro de este tipo de tratamientos. Porque, además, ¿quién vigila al vigilante? En cualquier caso, reitero mi enhorabuena por la claridad del artículo y por poner de manifiesto la posible inconstitucionalidad de la medida. Un saludo

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