La Fiscalía, el 324 y el gato de Cheshire

La Fiscalía, el 324 y el gato de Cheshire

La Fiscalía General del Estado acaba de emitir un informe señalando que la disposición que habilita para la reanudación de los plazos prevista en el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia ha de interpretarse en el sentido de que es posible volver a iniciar desde el principio las investigaciones ya existentes pues, según afirma, de esta manera dicho Real Decreto-ley garantiza, a la espera de la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el coronavirus no generará impunidad.

A la vista de ello, da la sensación de que la Fiscalía parece entender que esta reforma neutraliza de momento los contraproducentes efectos de una norma, como el art. 324 de la LECRIM, que tenía por objeto limitar temporalmente el periodo de instrucción y que, dado que se promulgó en un momento en que con más intensidad arreciaban los casos de corrupción, algunos partidos políticos se aventuraron a calificarla como la ley de punto final.

Es verdad que, para los fiscales, esta reforma resulta complicada de aplicar, ya que no tienen el control del procedimiento, y eso hace que resulte bastante difícil manejar los tiempos de la instrucción. Pero la solución a la que al parecer pretende acogerse la Fiscalía General del Estado, intentando dar luz verde al hecho de que se pueda reiniciar, en lugar de reanudar, una instrucción desde el principio, sin tomar en consideración el plazo que hubiera transcurrido antes de la declaración del estado de alarma, a mi modo de ver, excede con creces de lo que puede ser una interpretación acorde con el contexto en que se dicta y no haría sino relegar a los afectados que se encontraran a la espera de juicio a la posibilidad de tener que afrontar, al menos desde la perspectiva temporal, una nueva instrucción totalmente renovada.

Ya sabemos, como sostenía Alonso Martínez, que, en materia penal, hay siempre dos intereses contrapuestos; el de la sociedad, que tiene el derecho a castigar, y el del acusado, que tiene el derecho de defenderse. La opinión pública no siempre acepta con agrado las garantías procesales que las leyes atribuyen a los ciudadanos y se pregunta por qué a los infractores se les rodea de tantas prerrogativas, sin ser demasiado conscientes de que tales precauciones son, en realidad, instrumentos que nos protegen a todos frente a quienes se les ha encomendado la función de perseguir el delito y combatir la delincuencia.

Por eso, la justicia penal se encuentra siempre ante el dilema de cómo dar respuesta o enjuiciar conductas que no son del agrado de la sociedad y que las rechaza con un ánimo especialmente vindicativo, esperando que el Estado no muestre la más mínima complacencia con sus autores.

Muchos podrán pensar que las garantías procesales son excesivas y que dificultan la labor investigadora de quienes tienen que velar por la seguridad pública pero, como todas las cautelas, están dispuestas para precaverse de un daño mayor y pensadas ante la eventualidad de que algo falle y cause otro tipo de daños de mayor entidad. Aquí el mal que se pretende evitar es la condena de un inocente o que, con ocasión de una investigación criminal, se puedan lesionar o vulnerar los derechos individuales.

La mayor parte de las medidas que dispone el proceso penal moderno están orientadas a garantizar los derechos del acusado. Esta regla no puede sufrir derogaciones en función de la naturaleza o de la gravedad de la infracción, por muy odioso que nos resulte el delito o por muy repugnante que nos parezca su responsable; el proceso penal tiene sus fronteras y un objetivo constitucional: el enjuiciamiento a través de un juicio justo y con todas las garantías. En esto, como sostuvo Ronald Dworkin, no se puede ser tacaño.

Las garantías procesales no señalan con su dedo acusador a quienes día a día luchan contra el delito; no se establecen frente a quienes hacen las cosas bien y cumplen con las leyes, sino que están dispuestas frente a quien eventualmente puedan hacer las cosas mal. No puede aceptarse que tal asimetría en la que aparece configurada la justicia penal desde el punto de vista de las cargas procesales, constituya un obstáculo en la lucha contra la criminalidad. El Estado tiene suficientes resortes y dispone de medios legales y recursos materiales para perseguir el delito y asegurar la condena de sus responsables.

Pero la legítima reacción del Estado frente al delito queda muchas veces enturbiada por el mantenimiento de un proceso penal que se sustancia con excesiva lentitud, privando al procesado de la oportunidad de eliminar, en un plazo razonable, de una forma definitiva la incertidumbre a que la imputación le ha llevado.

Para ello es imprescindible que se introduzcan las reformas adecuadas que permitan al Ministerio Fiscal llevar un control exhaustivo sobre la situación de cada uno de los procesos que tiene a su cargo. Una instrucción sometida a plazo comportará un efecto sumamente beneficioso tanto para las víctimas como para la sociedad misma, que podrá comprobar cómo la respuesta frente al delito es tan expeditiva y contundente como lo requiera la complejidad del caso.

Una instrucción indefinida es incompatible con la presunción de inocencia, algo que debe quedar claro en la ley que va a impulsar el Ministerio de Justicia para resolver los problemas de la justicia penal desde la perspectiva del derecho de defensa. Uno no puede estar sometido a un procedimiento en el que las sospechas sean como la evanescente figura del gato de Cheshire que, en la famosa obra de Lewis Carroll, aparece y desaparece y vuelve a parecer y luego se desvanece ante los perplejos ojos de Alicia, y luego vuelve a aparecer simplemente para insinuar su presencia y a desvanecerse a medida que convenga al interés de sus protagonistas.

1 Comentario

  1. Alicia 3 meses hace

    Muy profesional!

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