Prisión permanente revisable, Derecho penal internacional y Derecho de la Unión Europea

Prisión permanente revisable, Derecho penal internacional y Derecho de la Unión Europea

A escasas semanas de cumplirse el quinto aniversario de la vigencia de la pena de prisión permanente revisable (PPR) —introducida mediante LO 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el 1/7/2015—, y a la espera aún de tener una resolución del Tribunal Constitucional (TC) español respecto a su constitucionalidad, procuraré en estas breves líneas contribuir a reavivar el debate suscitado en torno a la (ausencia de) necesidad político-criminal y a la (i)legitimidad jurídica de la nueva pena de PPR.

La PPR constituye una pena privativa de libertad que, de conformidad con su naturaleza y duración, reviste carácter grave —arts. 33.2.a) y 35 CP— y que se ha previsto para un numerus clausus de figuras delictivas de indudable gravedad sistémica (algunos delitos contra la vida y contra la comunidad internacional y ciertos delitos de terrorismo —véanse los arts. 140.1, 140.2, 485.1, 573 bis 1.1.ª, 605.1, 607.1.1.º, 607.1.2.º y 607 bis 2.1.º CP—). En un sistema en el que la determinación judicial de la pena se había venido caracterizando desde hace décadas por conducir a la fijación de penas exactas, la nueva pena de PPR se ha configurado como un supuesto —el único— de condena indeterminada (o, lo que es lo mismo, de condena determinada a posteriori) en el que el juez que dicta sentencia no fija la cuantía total de encierro a cumplir por parte del condenado: al momento de recibir su pena, este sabrá cuánto tiempo mínimo pasará efectivamente tras las rejas [se establece un período de seguridad no menor de 25 años —art. 78 bis 2.a) CP y 92.1.a)— o de 30 años —art. 78 bis 2.b) CP—], pero no tendrá certeza respecto al momento preciso de finalización del cumplimiento efectivo de su pena, que dependerá de que, tras dicho período, se le conceda la suspensión de la ejecución del resto de la pena —esto es, de que se le otorgue la libertad condicional—.

La suspensión de la ejecución del resto de la pena de PPR reviste, por tanto, relevancia mayúscula: a diferencia de lo que sucede con penas privativas de libertad de carácter esencialmente temporal —frente a las que, con independencia de si se concede o no la suspensión del resto de la ejecución, el condenado sí tiene certeza sobre la fecha máxima de posible finalización del cumplimiento de su pena—, la PPR se caracteriza por su probable duración perpetua y por su marcada incertidumbre: la obtención de la libertad condicional depende de que se haya obtenido el tercer grado penitenciario —que no podrá concederse antes del cumplimiento de un mínimo de 15 años de encierro efectivo (art. 36.1.b) CP)— y de que el tribunal interviniente, a la vista de los múltiples factores contenidos en el art. 92.1.c) del CP, pueda fundar “la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.” —pronóstico que no solamente debe obtenerse para la concesión de la suspensión de la pena, sino también para la obtención previa del tercer grado [para el que se exige “pronóstico individualizado y favorable de reinserción social” (art. 36.1 CP)]—.

Los argumentos contrarios a la legitimidad de la PPR que se han ido esgrimiendo más frecuentemente pueden sistematizarse en torno a la falta de concurrencia de necesidad político-criminal o de eficacia preventiva que la justifiquen, y en torno a la incompatibilidad de su concreta configuración legal con los principios de legalidad, de culpabilidad, de proporcionalidad, de igualdad, de prohibición de penas inhumanas o degradantes y de resocialización —todos ellos de raigambre constitucional—. No pretendo aquí realizar una presentación ni un examen —siquiera sucintamente— de estos argumentos [sobre ellos la bibliografía existente es relativamente amplia y puede consultarse, entre otras, la obra colectiva de Arroyo Zapatero/Lascuraín Sánchez/Pérez Manzano (eds.) y Rodríguez Yagüe (coord.), Contra la cadena perpetua, ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, 2016].

Lo que sí quisiera es insistir en dos argumentos que han recibido menor atención, que proceden del ámbito internacional y que contribuyen (también) a deslegitimar la PPR.

El primer argumento procede del Derecho penal internacional (DPI), es más bien de tipo político-criminal, y puede sintetizarse de la siguiente manera: no resulta conveniente ni necesario acudir en el ordenamiento jurídico-penal nacional a una pena —la de prisión perpetua— que parece estar perdiendo protagonismo en el ordenamiento jurídico-penal internacional.

Aunque pueda resultar quizás contrario a nuestras intuiciones de justicia, lo cierto es que los niveles de punición en el ámbito del DPI —en el que se enjuician los delitos (crímenes) más atroces, de mayor lesividad social y merecedores de los castigos más severos de entre aquellos que resulten valorativa y jurídicamente admisibles— se han ido morigerando gradualmente. Ello puede constatarse a partir de un examen efectuado desde un plano abstracto como desde un plano concreto. Respecto al primero: la sanción máxima prevista para el castigo de supuestos no extraordinarios en el Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional (CPI) no es la pena de muerte (proscripta), ni tampoco la reclusión perpetua [revisable y susceptible de reducción a partir del cumplimiento de 25 años de encierro —110.3 ER— que solo es procedente frente a supuestos no precisados de extraordinaria gravedad o, en palabras del ER, “cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado” —art. 77.1.b) ER—], sino la pena de reclusión temporal de hasta 30 años —art. 77.1.a) ER—, revisable tras el cumplimiento de dos terceras partes de la pena —art. 110.3 ER—. Respecto al segundo: los niveles de severidad de castigos efectivamente impuestos por la CPI se sitúan actualmente en una media de 16,25 años si se computan únicamente las cuatro condenas por la comisión de delitos nucleares de DPI dictadas hasta la fecha (todas ellas a pena de reclusión temporal) y no dejadas sin efecto en sede de apelación: condenas a penas de reclusión de 14 años para Lubanga (2012), 12 años para Katanga (2014, quien se benefició en luego de la reducción de su condena), 9 años para Al Mahdi (2016) y 30 años para Ntaganda (2019); tal media resulta inferior, por ejemplo, a las de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda —en los que, por otra parte, sí se admitía y aplicaba la pena de prisión perpetua, además de penas temporales de prisión— (véanse las penalidades aritméticas medias aplicadas por dichos tribunales, por ejemplo, en Meernik, “Sentencing Rationales and Judicial Decision Making at the International Criminal Tribunals”, Social Science Quarterly, vol. 92, n. 3, 2011, pág. 601 y Ambos, Treatise on International Criminal Law, vol. II, Oxford University Press, 2014, pág. 254, nota al pie 51 —con múltiples referencias—).

Teniendo en cuenta estas tendencias constatables en un campo de criminalidad de gravedad sistémica del máximo nivel, y considerando que el sistema del ER y el de las jurisdicciones nacionales de los Estados parte que han suscrito el ER son independientes entre sí, pero se vinculan a través del principio de complementariedad —en el sentido de que los delitos de competencia de la CPI pueden y deben ser investigados, enjuiciados y, en su caso, castigados (en principio) por parte de tribunales nacionales, aunque la decisión última respecto a quién deba intervenir recaiga sobre la propia CPI—, cabe plantearse los siguientes interrogantes: ¿Resulta legítimo que los sistemas penales de los Estados parte del ER sigan una tendencia punitivista cuando exactamente la tendencia inversa es la que se identifica en los niveles de punición en el ámbito del DPI convencional más reciente? ¿La configuración estatutaria de la reclusión perpetua en el ER —prevista como penalidad máxima en el DPI desde el abandono de la pena de muerte, que reviste carácter excepcional y altamente discrecional, que se orienta al castigo de los crímenes más graves contra la comunidad internacional, que resulta revisable tras el cumplimiento de 25 años y sin mayores exigencias y que aún no ha sido aplicada en ningún supuesto concreto por la CPI— se erige en un argumento en favor de la reintroducción en España de la prisión perpetua en la concreta configuración legal que se la ha adjudicado (como indicara el propio legislador en el último párrafo del apartado II de la exposición de motivos de la LO 1/2015) o, constituye, más bien, un argumento en su contra —siendo que la PPR reviste carácter discutiblemente excepcional, que resulta de aplicación obligatoria, que difícilmente se utilice (solo) para el castigo de crímenes de gravedad equivalente a los que su imposición se reservaría en el DPI, que se sujeta a requisitos de revisión sumamente estrictos que la tornan virtualmente en perpetua y que ya ha sido objeto de aplicación jurisprudencial a nivel nacional—?

Evidentemente que el legislador español ha conservado su soberanía respecto a cómo regular la materia penal y de configurar sus propias sanciones (como se reconoce expresamente en el ER —art. 80 ER—); pero desde una perspectiva de lege ferenda que se preocupe por la construcción de un sistema racionalmente configurado no resulta político-criminalmente atendible ni tampoco respetuoso con exigencias de proporcionalidad (ordinal, en terminología de von Hirsch) que la penalidad máxima aplicable en sede nacional presente menores exigencias y pueda resultar, en la práctica, de mayor severidad que la penalidad máxima aplicable en el DPI —que, en principio, se reserva (estatutaria y jurisprudencialmente) para el castigo de los crímenes que, por su relevancia sistémica, resultan de máxima (extraordinaria) gravedad—.

El segundo argumento en contra de la PPR en el que quisiera aquí insistir se infiere del Derecho de la Unión Europea (DUE), es más bien de tipo jurídico-penal, y puede sintetizarse de la siguiente manera: no resulta compatible con el DUE configurar en el Derecho nacional una pena que se revise recién tras el cumplimiento de un período mínimo de 25 años, siendo que el DUE, en materia de cooperación judicial, autoriza a desconfiar de la legitimidad de penas privativas de libertad impuestas por órganos judiciales extranjeros cuando la revisión de las mismas deviene jurídicamente posible recién tras haberse cumplido períodos superiores a los 20 años de su cumplimiento efectivo.

De conformidad con el principio de primacía del DUE, cualquier contradicción entre una norma de DUE y una norma de Derecho nacional (con independencia de la jerarquía de las normas en conflicto) debe resolverse en favor de la aplicación de la primera y de la inaplicación de la segunda —se inspira en dicho principio el nuevo art. 4 bis de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducido mediante LO 7/2015, de 21 de julio—. Además, de conformidad con el principio de interpretación conforme, las normas nacionales deben interpretarse en función de lo prescripto por el DUE. Ello significa que si hipotéticamente la Unión Europea tuviese competencia (y la ejercitase) para dictar una norma sustantiva que regulara qué penas serían inadmisibles de conformidad con el DUE (por ejemplo, por lesionar derechos fundamentales), sus Estados miembro no podrían contravenir dicho mandato. Pues bien: aunque la Unión Europea no ostenta competencias para incidir directamente en la configuración del sistema de sanciones de sus Estados miembro, sí que goza de competencias de cooperación judicial en materia penal. Y a través de las normas secundarias que se dicten en ejercicio de tales competencias, la Unión Europea sí puede incidir indirectamente en la forma en que se deberían configurar e interpretar los ordenamientos jurídicos nacionales y sus correspondientes normas jurídicas y principios y derechos fundamentales —como sucedió en el conocido asunto Melloni, en el que el Tribunal Constitucional (TC) español se vio obligado a revisar su jurisprudencia en materia de extradición a partir de la interpretación del DUE efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)—.

¿Qué relevancia, entonces, puede tener el DUE para dar lugar a un argumento en contra de la legitimidad jurídico-penal de la PPR en España? El DUE parte del principio de que se debe cooperar en asuntos penales en el espacio judicial único europeo y restringe significativamente las causales por las que se permite no cooperar o, en su caso, condicionar la cooperación —las cuales, además, deben interpretarse restrictivamente, de conformidad con extendida jurisprudencia del TJUE en materia de euroorden—. En materia de entrega de personas condenadas en aplicación de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembro (DM 2002), el DUE contempla con desconfianza las penas privativas de libertad no revisables hasta la ejecución de un mínimo de 25 años, como sucede con la PPR; ello en tanto que se autoriza a condicionar la cooperación frente a penas de tan significativa aflictividad: la DM 2002 —al amparo de la cual se originó la controversia en el asunto Melloni anteriormente citado— contempla específicamente en su considerando (13) que “Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a […] penas o tratos inhumanos o degradantes.” [cursiva añadida]; además, la DM 2002 especifica en su art. 5.2 que “cuando la infracción en que se basa la orden de detención europea esté castigada con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden de detención europea podrá estar sujeta a la condición de que el Estado miembro emisor tenga dispuesto en su ordenamiento jurídico una revisión de la pena impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos 20 años […]” [cursiva añadida].

Si se reconoce que el DUE y su interpretación por el TJUE deben incidir, de alguna manera, en la configuración y en la interpretación del Derecho de los Estados miembro, y si se tiene en cuenta que en el ámbito español el TC reconocía en materia de extradición —sentencia 91/2000, de 30 de marzo— una protección mayor ad intra del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE respecto a la que reconocía ad extra —exigía respeto pleno de dicho derecho frente a condenas nacionales, pero admitía cooperar y extraditar a los ciudadanos reclamados a España en tanto las condenas extranjeras hubiesen sido dictadas respetando el contenido esencial o el núcleo irrenunciable con proyección universal del referido derecho—, entonces la previsión del art. 5.2 de la DM 2002 debería conducir a que el sistema penal español se configurase de forma tal que el plazo de veinte años contemplado en dicho artículo fuese la exigencia inferior a tener en cuenta con proyección ad extra (esto es, a utilizarse cuando fuese un órgano judicial español el que actúa a requerimiento de uno extranjero para la entrega de un ciudadano), y que la exigencia superior con proyección ad intra condujese al establecimiento legislativo de un período de seguridad menor para la pena de PPR. De no proceder de esta manera, nos encontraríamos ante un escenario en el que, en un ámbito no armonizado, el Estado español adoptaría ad intra una concepción menos tuitiva de derechos fundamentales que la concepción que adoptaría ad extra de conformidad con lo exigido por el art. 5.2 de la DM 2002.

En conclusión, a partir de la vigencia del principio de primacía del DUE, y en razón de lo dispuesto en el art. 5.2 de la DM 2002, no resulta jurídico-penalmente legítima la configuración legislativa de la pena de PPR que se ha introducido mediante LO 1/2015.

En atención a lo expuesto, tanto desde el DPI convencional más reciente, como desde el ámbito del DUE pueden construirse argumentos que cuestionan la necesidad y la legitimidad de la PPR. Con todo, en vísperas de un nuevo aniversario de su entrada en vigor, poco tenemos para festejar, en tanto no pareciera avizorarse como probable en el horizonte temporal inmediato la derogación de la PPR o su declaración de inconstitucionalidad, ni tampoco la morigeración de su aflictividad —a partir de su reconfiguración legislativa—.

2 Comentarios

  1. Luis Manteiga Pousa 2 semanas hace

    Estoy totalmente a favor de la Prisión Permanente Revisable. Y también es muy necesario endurecer, y bastante, la Ley del Menor, que es absurda. Si no hay orden no hay libertad real.

  2. Luis Manteiga Pousa 22 horas hace

    Y los delitos graves, asesinatos, por ejemplo, no deberían prescribir. Me parece absurdo que lo hagan.

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*