Libertad religiosa en tiempo de coronavirus

Libertad religiosa en tiempo de coronavirus

La libertad religiosa ha estado en pleno debate público en la vigencia del confinamiento derivado del Estado de Alarma. Se han suspendido las ceremonias religiosas, la Semana Santa y el Ramadán se han visto cercenadas. Hemos asistido a declaraciones de mandatarios públicos que asociaban el epicentro de contagios a Iglesias derivados de celebraciones religiosas e incluso a desalojos de templos religiosos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se estaban celebrando ceremonias religiosas. Las imágenes de ceremonias religiosas improvisadas en terrazas de edificios desalojadas han dado lugar a que, durante el tiempo de confinamiento los servicios religiosos ofertados por diversas cadenas de televisión hayan sido las únicas ceremonias en las que los creyentes han podido participar.

También hemos sufrido, bien de forma directa, o bien de forma indirecta, la imposibilidad de despedir y acompañar a las personas que han fallecido durante la pandemia en las ceremonias religiosas de acompañamiento a nuestros difuntos.

¿Hasta qué punto podemos limitar/eliminar el derecho fundamental de libertad religiosa en el Estado de Alarma?. ¿La gestión de la emergencia sanitaria ha respetado este derecho? ¿se debe criticar la gestión en el marco del derecho fundamental de libertad religiosa?

I.- El Derecho Fundamental de libertad religiosa

La delimitación de este derecho se ha efectuado por el TC, así la STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9: “El derecho a la libertad religiosa del art. 16.1 CE garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. Pero junto a esta dimensión interna, esta liber­tad, al igual que la ideológica del propio art. 16.1 CE, incluye también una dimen­sión externa de “agere licere” que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, de 13 de febrero FJ 2;120/1990, de 27 de junio FJ 10; y 137/1990, de 19 de julio FJ 8)”.

Interesa el contenido esencial que se manifiesta en el desarrollo de las celebraciones religiosas o los denominados “actos de culto”, que aparece garantizado en el Art. 2,1,b) LOLR “Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir se­pultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales”.

Es también parte de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, como indica el Comité de Derechos Humanos, en el Comentario General No. 22, artículo 18 (48º periodo de sesiones 1993) U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 179 (1993) como forma indiscutiblemente de ma­nifestar una religión o creencia a través del culto.

Como cualquier derecho fundamental, presenta limitaciones que encontramos en los textos internacionales y en la regulación nacional. En concreto se debe citar el Art. 3,,1 y 3,2 LOLR  que establece como límites: los derechos de los demás, el orden público (entendido en sentido moderno como amplio margen de protección de derechos para su ejercicio), con los límites específicos de: moral pública, salud pública y seguridad pública, excluyéndose de este derecho las manifestaciones relacionadas con el “estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos”. En todo caso, las limitaciones a la libertad religiosa tan sólo pueden imponerse legíti­mamente sobre su dimensión externa “agere licere” que faculta a los ciudadanos para actuar conforme a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros, y en todo caso, los límites de los derechos fun­damentales deben interpretarse en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos” (STC 159/1986).

II.- El Estado de Alarma

Para hacer frente a la epidemia, de entre las tres posibilidades que contaba el Gobierno (alarma, sitio o excepción), decidió optar por decretar el Estado de Alarma. En este supuesto, el Gobierno puede establecer limitaciones al ejercicio de derechos y libertades, pero no suspenderlos (ex Art. 55,1 CE). Las restricciones fundamentales se han fijado en la libertad de circulación de los ciudadanos, estableciendo su confinamiento obligado en sus domicilios con unas pocas excepciones: acudir al trabajo, a centros de venta de alimentos, farmacias, compra de periódicos, banca… Materialmente lo que se ha producido en realidad es una suspensión general de la libertad de circulación Art. 19 CE.

El Art. 7 del Real Decreto 463/2020, donde se determina la limitación de la libertad de circulación de las personas (Art. 19 CE), y la suspensión de apertura al público de los locales y establecimientos minoristas (artículo 10), ha sido completado por normas posteriores dirigidas a reducir aún más la movilidad de la población con el fin de controlar y reducir el contagio del Covid-19. La palabra clave es el “distanciamiento social” y limitación de relaciones sociales. El lema es «Quédate en casa».

Esta circunstancia afecta a los lugares destinados a la celebración de ceremonias religiosas, ya que son espacios donde se reúnen personas para asistir y participar en los actos de culto. Se ha de recordar que, la suspensión de un derecho no conlleva su desaparición, sino la sustitución de su regulación ordinaria por un régimen de legalidad extraordinario. Conforme a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en su Art. 11 dispone que se podrán acordar, entre otras, las medidas siguientes: “a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. Sólo existen dos resoluciones del TC donde se ha pronunciado sobre el Estado de Alarma: (la Sentencia del caso previo de los controladores aéreos TC 83/2016, de 31 de mayo y el Auto relacionado con el derecho de reunión en plena pandemia AT 40/2020, de 30 de abril). En ambas resoluciones se señala que: “a diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos…”

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación a la libertad religiosa, señala en su Artículo 11. Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas, que: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Sin embargo, la realidad ha sido otra, hemos asistido a desalojos de templos y prohibición de celebraciones en plena pandemia.

Parece que la problemática no estaba relacionada con la estancia en un lugar de culto, sino con la circulación en la vía pública. Si esto fuera así, sería de aplicación lo previsto en el Art. 7 del Real Decreto 463/2020, que habilita para circular por las vías o espacios de uso público. En este caso, habría que haber entendido que el desplazamiento para asistir a un acto de culto o ceremonia religiosa debe entenderse que está comprendido dentro del artículo 7.1. h), es decir, en “cualquier otra actividad de naturaleza análoga”.

Así el marco legal preveía la limitación de las celebraciones religiosas -como se ha señalado- a las medidas organizativas propias: evitar aglomeraciones de personas, y garantizar el distanciamiento social de, al menos, un metro. Sin embargo, llaman poderosamente la atención determinadas actuaciones policiales en España que han tenido lugar en Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid, entre otros lugares, donde se han interrumpido ceremonias religiosas durante el estado de alarma, actuaciones claramente desproporcionadas. (Por todas: Catedral de Valladolid, parroquia de San Servando y San German, en el barrio gaditano de La laguna; en una iglesia evangélica en Murcia; en la azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana, donde se estaba celebrando la Eucaristía; catedral de Granada; parroquia en Madrid, etc.). Se puede afirmar así que, de hecho, en la realidad, la prohibición ha sido absoluta.

Los Reales Decretos que siguieron al señalado, esto es el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en los que  se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma o se prorroga dicha declaración (476/2020, de 27 de marzo y 487/2020, de 10 de abril) no afectan al derecho a la libertad religiosa, simplemente se limitan a declarar la prórroga y establecer su duración. Ninguna de estas disposiciones modificó el artículo 11. Lo mismo puede afirmarse del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, que pretende reducir la movilidad (desplazamientos) por causa de la actividad laboral y profesional, relacionada con el artículo 7.1 c) del Real Decreto de declaración de estado de alarma, pero que no se aplica a los desplazamientos de los sacerdotes y feligreses para asistir a las ceremonias de culto.

De manera específica para la libertad religiosa se aprobó la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, tiene por objeto establecer medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.  Su preámbulo literalmente señalaba que: “En el artículo 11, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece que la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro. No obstante, debido a las especiales características que rodean las ceremonias fúnebres, es difícil asegurar la aplicación de las medidas de contención y distanciamiento con la separación interpersonal de más de un metro necesaria para limitar la propagación del virus”. Por otra parte, en el caso del COVID-19, familiares o allegados del fallecido han podido ser contactos estrechos por lo que deberán permanecer en sus casas observando la cuarentena correspondiente.

Para evitar contagios se prohibieron todos los velatorios, tanto en instalaciones públicas como privadas, y restringieron ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del fallecimiento, y limitaron los servicios funerarios. Así, se disponía en el Artículo Tercero. Velatorios: “Se prohíben los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, así como en los domicilios particulares”. Artículo Quinto. Ceremonias civiles o de culto religioso: “Se pospondrá la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta la finalización del estado de alarma, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo siguiente. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de tres familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la Confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. En todo caso, se deberá respetar siempre la distancia de uno a dos metros entre ellos”.

Esta orden modifica substancialmente lo establecido en el Real Decreto 463/2020 de declaración de estado de alarma al introducir nuevas prohibiciones y restricciones al culto no contempladas. Por lo demás, no señalaba nada distinto con relación a las ceremonias religiosas no fúnebres. Con lo que se debe entender que el artículo 11 ya citado continuaba vigente.

Cronológicamente, se debe seguir la cita de la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Se articulaban las 4 fases graduales para la consecución de la denominada “normalidad” en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. Se flexibilizaban determinadas restricciones sociales, (grupos de personas, viaje en un mismo vehículo privado, etc…), pero, en relación a la libertad religiosa se flexibilizaban las medidas para la contención de la enfermedad aplicables a los velatorios y entierros, y establecidas por la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo. Se disponía en su Arts. 5. Velatorios y entierros, que: “1. Se autorizan los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de quince personas en espacios al aire libre y diez personas en espacios cerrados. 2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto”.  Con relación a los lugares de culto, el Art. 6: “Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de higiene y distancia física establecidas por las autoridades sanitarias”.

El Ministerio de Sanidad por Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, acordó la flexibilización de determinadas restricciones en aplicación de la fase 1. Con relación a los Lugares de culto, el Art. 9 señala: “1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 2. Si el aforo máximo no estuviera claramente determinado se podrán utilizar los siguientes estándares para su cálculo: a) Espacios con asientos individuales: una persona por asiento, debiendo respetarse, en todo caso, la distancia mínima de un metro; b) Espacios con bancos: una persona por cada metro lineal de banco; c) Espacios sin asientos: una persona por metro cuadrado de superficie reservada para los asistentes; d) Para dicho cómputo se tendrá en cuenta el espacio reservado para los asistentes excluyendo pasillos, vestíbulos, lugar de la presidencia y colaterales, patios y, si los hubiera, sanitarios. Determinado el tercio del aforo disponible, se mantendrá la distancia de seguridad de, al menos, un metro entre las personas. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto. 3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en cuentan las condiciones del ejercicio del culto propias de cada una de ellas, con carácter general se deberán observar las siguientes recomendaciones: a) Uso de mascarilla con carácter general; b) Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar, y durante el desarrollo de las actividades, se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia; c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en los accesos e inmediaciones de los lugares de culto; d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del lugar de culto, que deberán estar siempre en condiciones de uso; e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa; f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes, señalizando si fuese necesario los asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido en cada momento;  g) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales y se ubicará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado; h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones; i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones, se evitará: 1.º El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 2.º La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos. 3.º Tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen. 4.º La actuación de coros”.

Finalmente, la Orden del Ministerio de Sanidad  SND/414/2020, de 16 de mayo, determinó la flexibilización de determinadas restricciones en aplicación de la fase 2. En particular, el artículo 9, sobre Lugares de culto, establece que: “1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. Se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 2. Serán de aplicación los requisitos previstos en el artículo 9, apartados 2 y 3, de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”.

Todas estas situaciones han dado paso a la “Orden de Servicio Plan Desescalada COVID-19” que el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía que ha remitido a todas las jefaturas superiores para el despliegue según las fases del plan del Gobierno. La nota destacada del documento en cuanto a culto público se refiere, es que la orden de la Policía es comunicar y coordinar con «obispados y representantes de asociaciones musulmanas y otras confesiones la vigilancia, supervisión y control de aforos».

III. Conclusiones

No parece lógico que se haya limitado hasta estrangular el derecho fundamental de libertad religiosa. Se han seguido celebrando ceremonias religiosas, pero sin público y con televisión -con máximos picos de audiencias. Sin embargo, la actividad asistencial de las Confesiones Religiosas no ha parado en tiempo de crisis. La realidad es que ha estado cerrada la puerta principal del templo religioso, pero ha estado abierta la puerta trasera, de forma que se han repartido ayudas a las personas necesitadas con bolsas de comida y ayudas de todo tipo, pero no se ha podido desarrollar asistencia religiosa.

El denominado “pasto religioso y espiritual” o la atención religiosa en momentos en los cuales muchas personas a nuestro alrededor estaban falleciendo, la imposibilidad de dar el último adiós a los familiares y amigos fallecidos ha supuesto una limitación desproporcionada de la libertad religiosa.

Se ha entendido que el ciudadano tenía derecho al “supermercado” pero no a la alimentación de su espíritu de forma que la trascendencia de la vida humana, recogida en el Derecho fundamental de libertad religiosa se ha limitado tanto que se ha impedido el derecho fundamental de libertad religiosa. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Los porcentajes de ocupación de terrazas de bares o de su interior -dependiendo las fases- eran más amplios que los de los lugares de culto.

Es verdad que todos teníamos que aprender de esta pandemia, y que las propias confesiones religiosas han aceptado -prácticamente sin protestar-, las limitaciones impuestas, pero el Estado de Derecho tiene mayores mecanismos para hacer las cosas mejor. La propia Comisión Asesora de Libertad Religiosa, no ha sido consultada en ninguna de las medidas adoptadas, cuando es el órgano de asesoramiento al Gobierno de España en las medidas que se adopten sobre la libertad religiosa, y tiene que pronunciarse sobre cualquier disposición relativa a la regulación de este Derecho. Este hubiera sido el primer elemento para verificar la proporcionalidad de las medidas adoptadas, teniendo en cuanta que en este órgano están representadas las confesiones religiosas, los diferentes ministerios y expertos en esta materia.

En definitiva, en el campo de la libertad religiosa, las cosas podrían haberse hecho bastante mejor.

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