Música en los balcones y propiedad intelectual

Música en los balcones y propiedad intelectual

Uno no sabe si escribir estas cosas en pasado o en futuro, dada la incertidumbre que provoca esta situación de crisis sanitaria. Lo haré en pasado para así adoptar una posición más optimista. Durante todo el tiempo que ha durado el confinamiento, los balcones se han convertido en auténticas tribunas donde la gente ha mostrado su apoyo al personal sanitario, se ha quejado de la gestión del Gobierno y ha tratado de entretener a los demás. Es en esta última faceta en la que me voy a centrar. Hemos visto en redes sociales, en televisión o en primera persona, cómo se cantaban canciones en plan karaoke, cómo se interpretaban melodías con instrumentos de música o simplemente cómo se ponía música, todo ello con altavoces lo suficientemente potentes como para que lo escuchara el último vecino del final de la calle. Nadie duda de la buena intención con que se han hecho todas estas conductas, pero, con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en la mano, todas ellas constituyen infracciones.

En particular, el derecho de propiedad intelectual más afectado es el de comunicación pública, que constituye un derecho de explotación. En el ámbito musical, son titulares de este derecho no sólo los autores (de la melodía y de la letra de la canción), sino también los artistas intérpretes o ejecutantes (cantantes y músicos) y los productores de fonogramas. El derecho de comunicación pública es un derecho de exclusiva e implica la posibilidad de autorizar o prohibir todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra o prestación protegida sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (arts. 20.1.I, 108 y 116 LPI). Sólo los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores pueden decidir si se llevará a cabo o no la comunicación pública de sus obras o prestaciones (de las actuaciones o de los fonogramas), y de qué manera. Nadie puede arrogarse este derecho, aunque sea con la buena fe de entretener al vecindario, salvo que, en principio, se disponga de la debida autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual para comunicar la música al público.

El uso de contenidos protegidos con fines altruistas y no lucrativos no excluye la necesidad de autorización, pues constituye igualmente explotación. La explotación abarca todo acto por el cual la obra o prestación se proyecta hacia el público, desbordando el ámbito personal o privado del que lo realiza. La explotación de un contenido protegido se produce cuando el usuario del mismo lo «expone» de tal manera que terceros puedan disfrutar de él, con independencia de que obtenga o no un beneficio económico a cambio. En definitiva, el titular de derechos de propiedad intelectual tiene, valga la redundancia, derecho a controlar todo uso público que se haga de su obra o prestación, incluso el realizado de manera gratuita. No hay ninguna norma en la LPI que haga decaer este poder de exclusiva por el mero hecho de producirse un uso sin finalidad lucrativa. La ausencia de esta finalidad se tendrá en cuenta de cara a fijar el quantum indemnizatorio o a establecer la eventual remuneración debida al titular de derechos, pero no para determinar si hay o no infracción.

Debemos partir de tres reglas clave: 1) que seamos propietarios del soporte donde está contenida la obra (ej.: el CD) por haberlo adquirido lícitamente en un establecimiento abierto al público, no significa que dispongamos de los derechos de propiedad intelectual que recaigan sobre las canciones contenidas en él ni que podamos hacer lo que queramos (art. 56.1 LPI); 2) que el acceso a la música haya sido gratuito (ej.: mediante videoclips colgados en Youtube) no implica que el uso de dicha música se pueda hacer de cualquier manera; 3) que se haya pagado la correspondiente licencia del prestador del servicio de música (ej.: Spotify o iTunes), no supone que tengamos vía libre para utilizar las canciones a nuestro libre albedrío. En todos estos casos, el usuario únicamente puede utilizar la música en un contexto privado, es decir, únicamente podrá hacer uso de ella para su disfrute personal -de hecho, si uno lee detenidamente las condiciones de uso de estas plataformas, comprobará que la difusión pública de sus contenidos está prohibida-. Así, cabe poner música en nuestra casa o en nuestro coche para disfrutarla nosotros mismos. Ahora bien, el uso puede ir más allá del personal que haga el propio usuario y abarcar también el ámbito doméstico, esto es, nuestra música también la puede disfrutar nuestra familia y nuestros amigos. No necesitaré pedir autorización a los titulares de derechos de propiedad intelectual para poner música en una fiesta que he organizado en mi casa con mis amigos o si la pongo en el coche en el que llevo a mis padres a su casa del pueblo.

En este sentido se expresa el artículo 20.1.II LPI, cuando establece que no se entenderá como pública, y por ende no necesitará consentimiento, la comunicación que se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Son dos las condiciones que deben cumplirse: a) encontrarnos en un ámbito estrictamente doméstico, entendido como aquel que se desarrolla con nuestros familiares o con nuestros amigos; b) no estar conectar a una red de difusión de cualquier tipo. Comenzando por la segunda condición, si resulta que la fiesta con mis amigos la estoy retransmitiendo por streaming en alguna de mis redes sociales para el público en general, ya no habrá comunicación en un ámbito doméstico, sino comunicación pública en toda su extensión y necesitaré la autorización oportuna.

Respecto a la primera condición, el ámbito doméstico abarca no sólo el uso personal que haga el propio usuario de la obra o prestación, sino también su círculo de amigos y familiares. No obstante, no se requiere que entre el organizador del acto de comunicación y el destinatario exista un vínculo familiar o de amistad, sino que cabría incluir otras personas con las que el organizador tenga un trato habitual. Esto incluiría a los vecinos. Si yo en mi casa pongo música a un volumen que los vecinos pueden escucharla, no por ello estoy infringiendo los derechos de propiedad intelectual. Pero si pongo la música en el balcón con unos altavoces para que se oiga en toda la calle o en toda la urbanización, entonces ya se supera ese ámbito doméstico y la comunicación se convierte en pública. Que la comunicación de obras y prestaciones se produzca en nuestra casa, como ocurre en el caso de los balcones, no significa que estemos automáticamente en un ámbito doméstico no sujeto a autorización. Dicho ámbito se determina por la relación que une al organizador con el destinatario y no tanto por el lugar o la titularidad del lugar donde se desarrolla la comunicación. En un sitio en principio doméstico pueden tener lugar actos de comunicación pública. El balcón, efectivamente, es un espacio doméstico, pero cuando lo utilizamos para comunicar las obras musicales a la generalidad del público, deja de tener esa cualidad. Nuestra casa pierde su condición de «ámbito doméstico»: 1) cuando, a pesar de invitar a amigos o familiares a casa para ver una película o escuchar música, les cobramos una entrada; 2) cuando, a pesar de desarrollarse dentro de casa, difundimos públicamente la obra en cuestión, bien invitando a desconocidos para ver una película o escuchar música o bien cuando «lanzamos» la obra hacia el exterior.

La existencia de comunicación pública dentro de un espacio privado no es ninguna novedad. Ya el TJUE, en su sentencia de 7 de diciembre de 2006, sobre el caso Rafael Hoteles (asunto C-306/05), entendió que la instalación de televisores en las habitaciones de un hotel, de tal manera que permitan a los clientes ver los contenidos radiodifundidos por las cadenas de televisión y cuya señal es captada por la antena principal del hotel y luego distribuida a cada una de ellas, constituye un acto de comunicación pública. La comunicación de obras y prestaciones en un lugar tan reservado como es la habitación de un hotel, está sujeta a la autorización del titular de los derechos, que deberá solicitarla el dueño de dicho hotel. El TJUE también alcanzó conclusiones importantes en lo que aquí interesa: a) el término «público» se refiere a un número indeterminado de potenciales espectadores, es decir, que aunque ningún cliente encienda el televisor o aunque sólo lo enciendan dos de los cien posibles huéspedes, habrá igualmente un acto de comunicación pública -lo importante es que se tenga la posibilidad de acceder a la obra o prestación protegida-; b) es indiferente el ánimo de lucro para que exista comunicación pública -aunque es verdad que, en el caso de los hoteles, la existencia de televisión en la habitación es un servicio complementario que se ofrece al cliente, que puede llegar a influir, incluso, en la categoría del hotel y en el precio de la habitación-; c) el carácter público o privado del lugar donde tiene lugar la comunicación no tiene relevancia; d) debe haber un público nuevo, esto es, un público distinto del que el titular de derechos tenía en mente cuando autorizó la explotación de la obra.

Una cuestión importante a resolver es la relativa al número de personas que debe integrar ese grupo indeterminado para entender que hay público a estos efectos. En la sentencia que se acaba de señalar, el TJUE consideró que hay que tener en cuenta no sólo a las personas que enciendan a la vez el televisor en sus habitaciones y disfruten de las obras o prestaciones, sino también el sucesivo público que irá pasando por esos espacios privados. Sin embargo, en su sentencia de 15 de marzo de 2012, sobre el caso Del Corso (asunto C-135/10), llegó a una conclusión un tanto peculiar. Se trataba de determinar si había comunicación pública, y por tanto debía pedirse autorización, en la consulta de un dentista que ponía música de fondo en la sala de espera. A su juicio, para que así sea, es preciso que el público esté constituido por un número indeterminado de destinatarios potenciales, que abarque un número considerable de personas. En la consulta de un dentista, según el TJUE, no estamos ante el público en general, pues los pacientes de un odontólogo acceden a su consulta previa cita. A juicio del TJUE, el número de pacientes de un dentista es escaso e incluso insignificante, dado que el círculo de personas simultáneamente en su consultorio es muy limitado. Por tanto, no habría comunicación pública en estos casos. Esto contradice lo ya señalado en el caso Rafael Hoteles, donde dijo que sí había comunicación pública a pesar de que el público también accede a las habitaciones previa reserva y, en cada habitación, el número de personas es también reducido. En cualquier caso, la conclusión alcanzada en el caso Del Corso se ciñe exclusivamente a las consultas odontológicas, como expresamente indica el propio TJUE en su sentencia.

Posteriormente, el TJUE trata de afinar un poco más en estas cuestiones en su sentencia de 31 de mayo de 2016, sobre el caso Reha Training (asunto C-117/15). La comunicación aquí se producía en un centro de rehabilitación -en particular, en dos salas de espera y una sala de ejercicios-, al que acudían víctimas de accidentes a recibir el correspondiente tratamiento posoperatorio. Afirma el TJUE que la difusión de obras protegidas en estos establecimientos constituye un acto de comunicación pública que requiere de autorización. En lo que aquí interesa, entiende que el concepto de público hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. Ese carácter indeterminado tiene que ver con el hecho de que una obra se haga perceptible para las personas en general, sin restringirla a determinados individuos pertenecientes a un grupo privado. Y el número considerable de personas supone un cierto umbral, de tal manera que no cabe hablar de público cuando se trate de una pluralidad de personas demasiado pequeña o insignificante. A la hora de determinar esto último, hay que atender no sólo al número de personas que acceden paralelamente, a la vez, a la misma obra o prestación, sino también al número de personas que acceden a ellas sucesivamente.

Trasladando toda esta doctrina a los balcones, resulta que la persona que utiliza la música la comunica a un número indeterminado de personas -a algunas ni siquiera las conoce-. No es necesario que todos los vecinos de esa calle estén asomados a sus balcones o a sus ventanas escuchando la música o la gran calidad vocal del sujeto en cuestión. Basta con que el público tenga un acceso potencial a la obra o prestación o que, de cualquier manera, les llegue el sonido. No es un número insignificante tampoco, si se tiene en cuenta que gracias a los altavoces el sonido podía llegar a varios metros a la redonda. Además, para entender que hay público no es necesario que el acto de comunicación se dirija a la totalidad de personas que viven cerca del organizador de ese acto o a la totalidad de los seres humanos. Finalmente, en el caso de los balcones, hay un público nuevo, pues el titular de los derechos de propiedad intelectual lo que permite, en principio, es que los usuarios puedan disfrutar de los contenidos protegidos en la intimidad de sus casas, pero no que las compartan con personas ajenas al ámbito familiar o de amistad.

Por otro lado, no será preciso pedir autorización a los titulares de derechos, a pesar de cumplirse las dos condiciones anteriores para incurrir en un acto de comunicación publica, en dos casos: 1) cuando estemos utilizando música sujeta a una licencia Creative Commons; 2) cuando sea aplicable alguno de los límites a los derechos de propiedad intelectual, recogidos en los artículos 31 a 39 LPI. Las licencias Creative Commons son aquellas que permiten utilizar libremente los contenidos a que se refieren porque su autor ha autorizado que así sea. Hay autores que permiten que se haga un uso libre de sus obras porque prefieren que éstas tengan la mayor difusión posible y escapar de las trabas que implica la gestión de las obras a través del sistema de la LPI. Ahora bien, esto no significa que se pueda hacer cualquier uso de las obras, pues se excluyen, salvo que así lo autorice expresamente el autor, los fines comerciales. Por tanto, este tipo de música puede utilizarse en los balcones, sin miedo a vulnerar ningún derecho de autor.

La segunda excepción a la necesidad de autorización es que resulte aplicable alguno de los límites a los derechos de propiedad intelectual. Estos límites hacen referencia a supuestos en los que uno puede utilizar obras y prestaciones protegidas sin tener que pedir autorización a los titulares de derechos porque el legislador nos lo permite, en la medida en que prevalece algún derecho fundamental sobre la propiedad intelectual (ej.: el derecho a la intimidad, la libertad de expresión o la libertad de crítica, entre otros). Ejemplos de límites los encontramos en la copia privada, en la cita, en la ilustración de la enseñanza o en la parodia, entre otros. No hay ningún límite que permita la comunicación pública de obras musicales en balcones. Los fines altruistas y de mero entretenimiento de los demás en esta situación de crisis sanitaria no es motivo suficiente para hacerlos prevalecer sobre los intereses particulares de los autores y otros titulares de derechos. Además, no cabe crear ningún límite nuevo, aprovechando la coyuntura, para dar cabida a este tipo de usos de obras y prestaciones, pues el sistema continental europeo de límites a los derechos de autor es un sistema cerrado, donde únicamente cabe aplicar aquellos que están previstos expresamente en las normas.

De todos los límites contemplados en los artículos 31 a 39 LPI, el que más se acerca al uso en balcones de música es el recogido en el artículo 38 LPI. Según este precepto, cabe la ejecución pública de obras musicales, siempre que el público al que va destinada la actuación pueda asistir a ella gratuitamente y el artista en cuestión no reciba ningún tipo de remuneración por su ejecución. Es decir, uno podría, en su balcón, interpretar con un instrumento una obra musical, sin tener que pedir autorización, pues los vecinos que lo escuchan no tienen que pagar ninguna entrada ni el intérprete recibe nada a cambio. Ahora bien, y aquí está la trampa, la ejecución pública de obras musicales en base a este artículo únicamente puede hacerse en actos oficiales del Estado y de las Administraciones Públicas, y en ceremonias religiosas. Por ahora, la interpretación de obras musicales en balcones no se enmarca en actos oficiales y, menos aún, en una ceremonia religiosa. Quizá con el tiempo, si se vuelve al confinamiento, los balcones se declaren lugares de interés cultural y, lo que se haga en ellos, actos oficiales, a la par que el desfile de las Fuerzas Armadas.

En cualquier caso, dada la situación vivida, no creo que ningún titular de derechos comience a demandar a todos aquellos que han incurrido en estas infracciones, que podríamos denominar «menores». Menores porque el acto de comunicación pública de la obra o prestación se ha hecho sin ánimo de lucro y porque el daño ocasionado a los titulares de derechos es mínimo. Además, produciría muy mala imagen y llegaría a ser contraproducente para ellos. Mirándolo por el lado positivo, la gente ha hecho difusión y publicidad gratuita de estas obras musicales. Gracias a actos como esos, la situación tan complicada que hemos vivido se ha intentando hacer, en cierta medida, más agradable. Esperemos que no se tenga que volver a escuchar música en los balcones, no tanto por los «berridos» de los vecinos, sino porque eso será indicativo de que el virus está controlado y la libertad de movimiento garantizada.

 

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