Todos contra la Administración pero ¿quién paga la factura?

Todos contra la Administración pero ¿quién paga la factura?

Durante la actual pandemia, el juicio sobre la actuación de las distintas Administraciones públicas ha tenido dos momentos. Inicialmente, el juicio se concentró en la idoneidad de la declaración del estado de alarma y de las sucesivas prórrogas. Posteriormente, el juicio se dirigió a las medidas concretas que se iban adoptando o también a la ausencia de las mismas. El juicio sobre la gestión pública de la pandemia, en este segundo momento, no se limitaba a considerar si concurrían o no los elementos del magro marco normativo aplicable a la situación (Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, LOEAES en adelante). Por el contrario, el juicio se extendió a las actuaciones de las distintas Administraciones territoriales y se hizo un curso acelerado del funcionamiento del Estado de las Autonomías y de quién era el responsable de qué.

Esta evolución del juicio sobre la gestión pública de los efectos de la pandemia también se caracterizó por no limitarse a valorar la idoneidad de las acciones y omisiones que se iban produciendo por los órganos administrativos competentes. Una vez asumido el golpe y con la previsión de que la excepcionalidad se prolongaría en el tiempo, se comenzó a considerar la posibilidad de recurrir administrativa y judicialmente las decisiones que se iban adoptando y de exigir responsabilidades a quién las adoptaba. En esta mutación del juicio de la gestión pública de la pandemia surgió con fuerza la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que se derivaban de su actuación u omisión.

El artículo 3 de la LOEAES señala que “Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. En su párrafo segundo el citado artículo apunta que “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Sin embargo, la tarea de búsqueda del responsable no resulta fácil en un contexto de excepcionalidad por distintos motivos. La LOEAES contiene una remisión a la normativa ordinaria. Esto podría hacer pensar que, a pesar de la excepcionalidad con la que actúan las Administraciones no se alteraría el régimen de responsabilidad establecido en la normativa general. En esta línea, la misma LOEAES preserva el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado (artículo 1.4), sin ulteriores distinciones, y por tanto la actuación de los órganos integrantes de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo y de conformidad a la organización territorial del poder político serían responsable