Decomisos: funciones, límites y legitimidad

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Decomisos: funciones, límites y legitimidad

1. Decomisos

El decomiso consiste en la privación definitiva de determinados bienes relacionados con una infracción penal. Dichos bienes pueden ser los instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado un delito, los efectos que provienen del mismo o, incluso, las ganancias que haya obtenido su autor. Así, por ejemplo, una pistola podría ser decomisada como el instrumento de un homicidio, un documento como el efecto de unas falsedades y un maletín lleno de dinero como la ganancia de un cohecho pasivo. No obstante, la clase de objeto sobre la que recae el decomiso ―una pistola, un documento, un maletín, etc.― no marca, por sí misma, ninguna diferencia relevante a los efectos de determinar por qué y cuándo debe imponerse esta medida. Al fin y al cabo, cualquier bien puede ser, según las circunstancias, instrumento, efecto o ganancia. En este sentido, el maletín lleno de dinero podría ser, en vez de una ganancia, el instrumento con el que alguien pretende ejecutar un delito de cohecho activo. Lo mismo ocurre con el documento falsificado: también podría ser el instrumento con el que se ha llevado a cabo una estafa. Incluso, una pistola podría ser, además del instrumento de un homicidio, el efecto de un delito de fabricación de armas o, incluso, la ganancia derivada de un delito de tráfico de armas.

2. Funciones

La principal diferencia entre las tres modalidades de decomiso señaladas ―instrumentos, efectos y ganancias― se encuentra en su función. El decomiso de instrumentos y efectos cumple una función preventivo-especial consistente en anular la peligrosidad que revisten esos objetos, impidiendo de esta forma que puedan favorecer la comisión de nuevos delitos. Así, por ejemplo, la pistola utilizada en un homicidio se decomisa para evitar que con ella puedan realizarse otros delitos similares. Del mismo modo, privando al autor del documento que ha falsificado se impide que el mismo pueda (volver a) afectar al tráfico jurídico. En cambio, el decomiso de ganancias cumple una función distinta. En particular, la de evitar el enriquecimiento ilícito que puede derivar de un delito, imposibilitando así que su comisión resulte beneficiosa para el autor. De esta manera, al decomisar el contenido de un soborno no se pretende (solo) anular su potencial criminógeno, sino impedir que el funcionario que lo ha recibido pueda lucrarse a través de la realización de un delito.

3. Límites

Las distintas funciones del decomiso se plasman en diferentes límites a su imposición. En particular, en la posibilidad de no decretar algunas de sus modalidades (o hacerlo solo parcialmente) mediante la cláusula de proporcionalidad prevista en el art. 128 del Código penal. Dicha cláusula permite renunciar (total o parcialmente) al decomiso de instrumentos y efectos de lícito comercio cuando su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho totalmente las responsabilidades civiles. Precisamente, a través de esta previsión la jurisprudencia  excluye el decomiso de instrumentos y efectos no peligrosos. En tanto que el decomiso de dichos bienes no pueda cumplir su función preventivo-especial ―por no existir ninguna peligrosidad que anular―, su imposición será desproporcionada y, por tanto, deberá renunciarse a ella. Así, por ejemplo, aunque en la práctica totalidad de los delitos contra la seguridad vial se emplea un vehículo como instrumento, este solo se decomisará cuando “quede evidenciada una relación criminógena consolidada con el mismo que se ha convertido en fuente de peligros para la comunidad. De modo particular se planteará en los casos de multirreincidencia y delitos de los arts. 380 y 381” (Circular 10/2011). De la misma manera, solamente deberá decomisarse el vehículo utilizado por un traficante si, más allá de ser un instrumento para transportar la droga que lleva encima, resulta peligroso como herramienta para favorecer nuevos delitos. Por ejemplo, si contiene un habitáculo preparado para ocultar las sustancias estupefacientes. En cambio, los instrumentos y efectos de ilícito comercio siempre serán considerados peligrosos ―pues su peligrosidad viene determinada por la propia Ley― y, precisamente por ello, quedan excluidos de la cláusula de proporcionalidad del art. 128. El decomiso de esta clase de objetos ilícitos ―por ejemplo, un arma ilegal o una sustancia estupefaciente― cumplirá en todo caso su función preventivo-especial y, en consecuencia, nunca podrá renunciarse a su imposición. Por último, el decomiso de ganancias también queda excluido de la cláusula de proporcionalidad del art. 128: su función consiste en evitar el enriquecimiento ilícito derivado de un delito y, por tanto, deberá imponerse siempre que un delito genere ganancias económicas.

4. Legitimidad

Al contrario de lo que ocurre con la función preventivo-especial propia del decomiso de instrumentos y efectos, los fines del decomiso de ganancias pueden cumplirse de forma mucho más eficaz si, a la hora de aplicar esta modalidad, se prescinden de algunos límites del derecho sancionador. Precisamente por ello, el legislador ha previsto algunas variantes del decomiso de ganancias ―en especial, el decomiso ampliado y el decomiso sin condena― que no respetan las garantías propias del ius puniendi. Así, por ejemplo, la posibilidad de decomisar las ganancias derivadas de otros delitos distintos a los efectivamente probados en el proceso (art. 127 bis) resulta contraria a la presunción de inocencia, mientras que la opción de decomisar las ganancias de una persona fallecida o exenta de responsabilidad (art. 127 ter) vulnera los principios de personalidad y culpabilidad. Precisamente por ello, la legitimidad de estas modalidades de decomiso depende sea cuál sea su naturaleza jurídica: si tienen naturaleza sancionatoria constituirán sanciones ilegítimas ―por vulnerar las garantías propias del ius puniendi― y, en cambio, si no tienen naturaleza sancionatoria podrán ser legítimas aunque no respeten las garantías propias de las sanciones ―pues estas no serán de aplicación―. El preámbulo de la LO 1/2015 afirma expresamente que la naturaleza de dichas modalidades de decomiso no es sancionatoria, sino eminentemente civil, ya que se limitan, al modo de las figuras del enriquecimiento sin causa, a evitar la consolidación de una situación patrimonial injusta. De esta forma, negando su naturaleza sancionatoria, el legislador puede afirmar su legitimidad.

Sin embargo, tal y como señalan Coca Vila y Pantaleón Díaz, equiparar el decomiso de ganancias con las figuras civiles de enriquecimiento sin causa resulta, a todas luces, insatisfactorio. La muestra más clara de ello es que dichas figuras civiles, a pesar de su denominación, no cumplen la función de evitar el enriquecimiento ilícito, sino la de reintegrar al titular de un derecho aquello que es suyo: el precio que un tercero debería haber pagado por explotarlo lícitamente. Así, por ejemplo, quien utiliza sin permiso un caballo ajeno para ganar una carrera y, a continuación, lo devuelve sin daño alguno ―o, incluso, en mejores condiciones―, no debe pagar al propietario la totalidad del premio obtenido, sino la licencia que este le hubiera cobrado por utilizar su animal. De este modo, si el premio es superior a dicha licencia, el infractor se enriquecerá (y si es inferior, se empobrecerá). Obviamente, esto no ocurre con el decomiso de ganancias: en tanto que su función es, precisamente, evitar el enriquecimiento ilícito, su contenido abarcará todas las ganancias (aunque solo las ganancias), y, por tanto, el infractor nunca se enriquecerá (aunque tampoco se empobrecerá).

En todo caso, la naturaleza jurídica del decomiso de ganancias depende de cómo se defina el concepto de sanción. Dejando de lado otros elementos, parece existir acuerdo en que una sanción, para ser considerada como tal, debe consistir en la imposición de un determinado mal. Esto es, debe tener un contenido aflictivo. En cualquier caso, qué es un mal (o qué resulta aflictivo) no lo decide su destinatario. En este sentido, parece mediar consenso en que, a estos efectos, un mal consiste en la restricción de un derecho (legítimo). En consecuencia, la privación de aquello a lo que no se tiene derecho no puede constituir el contenido de una sanción. Precisamente por ello, las medidas de restablecimiento de la legalidad no tienen carácter sancionador. Así, por ejemplo, decretar el cierre de un establecimiento sin licencia no restringe derechos ―pues el titular nunca tuvo derecho a su apertura― y, en consecuencia, su naturaleza no es sancionatoria. Algo similar podría suceder con el decomiso de ganancias; al menos, si se admite que quien se ha enriquecido mediante la comisión de un delito no tiene derecho a las ganancias que derivan de su realización. De ser así, el decomiso de ganancias no tendría un contenido aflictivo ―no constituirá un mal― porque se limitaría a anular el enriquecimiento efectivamente derivado del delito ―al que no se tiene derecho― y, por ello, no tendría naturaleza sancionatoria. De esta manera, resultaría legítimo decomisar en situaciones en las que ―por no cumplirse con las garantías del ius puniendi― no cabría castigar.

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