Una conclusión general sobre el «Derecho de las sociedades envejecidas»

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Una conclusión general sobre el «Derecho de las sociedades envejecidas»

A propósito de las XXV Jornadas del Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM

En términos demográficos, la gente mayor es un “grupo social nuevo” con una importancia creciente en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Sin embargo, es un grupo heterogéneo e inestable en su composición, lo cual dificulta todo análisis sobre su relevancia en el Derecho y las políticas públicas.

A lo largo de las Jornadas del Anuario se ha comprobado que la senectud, aunque es una categoría social muy arraigada, carece de trascendencia propia para el Derecho, tanto a nivel nacional como internacional, y para las políticas públicas. Más bien el tratamiento jurídico y político de las personas mayores se canaliza a través de instituciones y regulaciones preexistentes que toman un especial significado o han de adaptarse a la vista de las especiales necesidades e intereses de las personas mayores. Esta conclusión está muy clara en el Derecho internacional, que ha canalizado los intereses y necesidades de las personas mayores sobre todo a través de los tratados de Derechos humanos.

El Derecho privado muestra cómo algunas figuras contractuales, como los seguros de vida, los contratos de alimentos o los préstamos con hipoteca “inversa”, tratan de reflejar algunas singularidades de las personas de mayor edad, tanto por la mayor cercanía de la muerte como por sus especiales necesidades de cuidados. Para esas singulares necesidades, el Derecho ajusta algunas de sus regulaciones e instituciones tradicionales, pero no son más que ajustes que atienden a algunos de los factores objetivos que van normalmente ligados a la edad (como la discapacidad), pero no a la edad en sí misma. En este sentido, a diferencia de la minoría de edad, que es una categoría jurídica en sí misma, y como tal da lugar a un régimen jurídico singular, los mayores carecen de esa recognoscibilidad jurídica como grupo humano singular.

Lo dicho para el Derecho privado también se puede observar en el Derecho público. Las personas mayores son, desde la perspectiva del Estado social, demandantes cualificados de servicios de asistencia social, pero no ostentan una posición propia desde la perspectiva del Derecho social. Los sistemas de servicios sociales (básicamente autonómicos) no distinguen por sí al grupo de edad de los mayores, sino en la medida en que muestran una demanda agregada más intensa de algunos servicios sociales, muchos de ellos ligados a las situaciones de dependencia grave o severa. Igualmente, las agresiones que en ocasiones sufren las personas mayores se canalizan en el Código penal de 2015 a través de tipos penales comunes (como el delito de lesiones) con algunas modulaciones aplicativas, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias subjetivas específicas de cada sujeto (como la situación de inferioridad de la víctima, en tanto que determinante de la agravante de alevosía). El Derecho procesal tampoco ofrece reglas especiales para los procedimientos en los que son parte las personas mayores, con lo que los intereses y conflictos asociados a la edad con frecuencia se canalizan a través de estructuras procesales demasiado complejas y que sólo pueden atender a una dimensión -la estrictamente jurídica- de tales conflictos. En esa medida, la mediación ofrece una alternativa viable. Una excepción a lo dicho resulta del Derecho financiero, donde el tratamiento tributario especifico de las pensiones sí presta atención directa a la edad, en tanto que circunstancia objetiva de la que depende el cobro de la pensión.

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