“Viernes de dolores” en Karlsruhe (y más allá)

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“Viernes de dolores” en Karlsruhe (y más allá)

O de la inquietud generada por la cautelarísima suspensión, el pasado 26 de marzo, en Alemania, de la ley sobre la Decisión de recursos propios de la UE y, con ello, del plan de recuperación europeo.

El 26 de marzo pasado la Sala 2ª del Tribunal de Karlsruhe (TCFA), en respuesta a una singular demanda de suspensión, formulada el lunes día 22, ha resuelto ordenar “que la Ley sobre la Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, relativa al sistema de recursos propios de la Unión Europea y por la que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom (Ley de Ratificación de la Decisión sobre Recursos Propios; BT-Drucks. 19/26821) no sea promulgada por el Presidente Federal hasta que el Tribunal Constitucional Federal no se pronuncie sobre la solicitud de medida cautelar presentada”. De ello se daría cuenta, ese mismo día, mediante nota de prensa nº 23/202 (Hängebeschluss zur Ausfertigung des Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes).

La urgencia de la pretensión respondía a la inminente aprobación por parte de la Dieta y del Consejo federales (lo que, en efecto, se produjo el jueves y viernes siguientes, días 25 y 26 de marzo) de ese proyecto de ley de ratificación del Gobierno.

Esa decisión cautelarísima ha alarmado, de inmediato, no tanto en medios alemanes, como en otros países europeos, como España (cf. “El constitucional alemán paraliza de forma provisional la ratificación del plan de recuperación europeo”, en El País, 26 de marzo de 2021), en los que se tiene una fundada expectativa acerca de los benéficos efectos de un fondo de reconstrucción que, como consecuencia de la suspensión ordenada, se deja en suspenso, dejando con ello -como en algún medio alemán (Handelsblatt, 28.03.2021) se dice- “un mal presentimiento”.

Como es sabido, el Consejo Europeo extraordinario, de julio (17-21) de 2020, al inicio de la presidencia alemana de turno, no sin compromisos y transacciones, alcanzaría a acordar todo un conjunto de medidas al efecto de contrarrestar y mitigar los efectos de la pandemia al hilo del acuerdo relativo al marco financiero plurianual, MFP, 2021-27, y del instrumento de recuperación denominado Próxima Generación UE / Next Generation EU (https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf).

A propósito, sin entrar en detalles que aquí pueden obviarse, se recordará que, en relación con la financiación propia del presupuesto UE, se tratan de introducir algunas correcciones y simplificaciones, junto con alguna modificación, como la relativa a la creación de una nueva tasa sobre reciclaje de plásticos. Y que, por lo que se refiere a la financiación del instrumento de recuperación, con base jurídica en el artículo 122 TfUE, con la entrada en vigor de la Decisión sobre recursos propios, la Comisión queda autorizada para acudir a los mercados en demanda de capital hasta un máximo de 750 mil millones de euros (a precios de 2018).

Pero esa entrada en vigor (con efecto retroactivo a 1 de enero de 2021) de la Decisión sobre recursos propios no se producirá en tanto que no se notifique al secretario general del Consejo el último de los instrumentos de ratificación. Es decir, que si alguno de los 27 Estados miembros no llegara a ratificarla conforme a sus propias exigencias constitucionales (cf. artículos 311, párrafo tercero, TfUE, y 106a TCEEA), la Decisión no podría desplegar sus efectos (cf. artículo 12, párrafo tercero, Decisión sobre recursos propios: “(…) entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de la entrada (en la secretaría general del Consejo) de la última comunicación”). Y, en consecuencia, la Comisión no podrá proceder a endeudarse en los mercados de capital a los efectos previstos en el instrumento temporal de recuperación Próxima Generación UE (pues bien, a fecha 30 de marzo de 2021, cuando se redactan estas líneas, así como en España, esa ratificación se habría producido ya en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, Italia, Malta, Portugal y República Checa).

Y, en este punto, entra en juego el TCFA y su praxis de suspensión cautelar de los procesos de ratificación de compromisos suscritos por Alemania y formalmente autorizados en vía parlamentaria; una praxis que se remonta al inicio de la Europa de entre siglos, con base en una entente inter institucional, por la que el Presidente de la República federal se comprometía a no proceder al depósito del instrumento de ratificación (entonces, del Tratado de Maastricht, pese a su aprobación parlamentaria), en tanto que el TCFA no se pronunciase acerca de su conformidad con la Ley Fundamental. Que ello supuso el arbitrio, a falta de una específica vía procesal de control, de una especie de indirecto control ex ante (funcionalmente, temprano) de constitucionalidad (de tratados), se puso pronto de manifiesto (cf. López Castillo, en REDC 1994).

La línea de ruptura que ello podía suponer se ha ido poniendo de manifiesto a medida que la Sala 2ª del TCFA ha ido profundizando en una deriva de flexibilización populista del título de legitimación procesal que -entre otras cosas, que ahora no es preciso detallar- ha permitido que el procedimiento de queja por inconstitucionalidad devenga una especie de plataforma de enganche a la jurisdicción constitucional de una irredenta querulancia populista, capitaneada por representantes (universitarios, en buena medida) de un resurgido nacionalismo alemán que, encorsetadas como se hallan sus manifestaciones en el marco de una militante democracia constitucional, en su expedito acceso al TCFA, pareciera haber encontrado una salida de objetivado tinte jurídico (como bien muestra el neutral lema “El Derecho también rige en la UE/Recht gilt auch in der EU”, al que, en el presente caso, se acoge la asociación (Bündnis Bürgerwille e.V.) de querulante soberanismo. En su tarea de recluta de apoyos ciudadanos, esa asociación, que dispone de un número de cuenta, solicita donativos a sus simpatizantes a fin de poder formular quejas por inconstitucionalidad que “cuestan mucho dinero”.

En el presente caso, la ciudadanía recurrente aparece capitaneada por un grupo de docentes universitarios dirigidos por Bernd Lucke, antiguo presidente de Alternativa para Alemania (AfD). En su opinión, redactada por el docente de la recóndita universidad de Marburgo, Hans Detlef Horn, la autorización a la Comisión para su endeudamiento en los mercados de capital le permitiría poner en marcha, sin expresa base jurídica en los Tratados, una especie de Eurobonos, generando así un alto riesgo financiero para Alemania, impelida como quedaría a responder solidariamente. Con el pretexto de hacer frente a la situación de necesidad generada por la crisis COVID -se dice-, la UE se estaría deslizando por la pendiente del endeudamiento solidario; alzando así, como de la nada, puesto que la UE no debiera establecer ni impuestos, ni tasa alguna, una especie de quasi-estatalidad financiera.

Pues bien, si esos (u otros) radicales nacionalistas tienen razón o si -como sostiene, por ejemplo, el ministro federal de hacienda- no la tienen (cf., a propósito de ese testimonio, Ralf Streck, Corona-Wiederaufbaufonds durch Verfassungsgericht gestoppt, 30 de marzo 2021, en https://flipboard.com), es lo que ha de resolver, en sustancia, y a la mayor brevedad posible, la peculiar Sala 2ª del TCFA. Una Sala que, de cuestionar la discrecionalidad técnica del BCE y la autoridad interpretativa del TJUE, mediante sentencia de 5 de mayo de 2020, cambio presidencial mediante, habría pasado, mediante sentencia de 1 de diciembre de 2020 -cual bólido incandescente, como el que surcara el sudeste de la península ibérica el pasado día 28 de marzo de 2021-, a superar reticencias asumiendo el parámetro de la Carta como estándar de aplicación en los supuestos relativos a derecho ius comunitariamente predeterminado, a condición de que se observe una equivalencia respetuosa del contenido esencial que, incondicionalmente, se opone a toda actuación incidente en su ámbito jurisdiccional (cf. López Castillo, en REDC 122, en prensa).

Falle, pues, en este caso, la Sala 2ª, de renovada presidencia, como le pluga; pero que no tarde ni un minuto más de lo preciso; y si no llega antes del lunes de pascua, que no pase del día de la ascensión. Consciente de que en juego no están solo los créditos pendientes de distribución para mitigar los severos efectos de la crisis pandémica. Pues, en juego está también el mermado crédito de ese atribulado colegio decisorio.

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