La Administración electrónica y el Robinson Crusoe digital

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La Administración electrónica y el Robinson Crusoe digital

(créditos: Photo by Photo by jcob nasyr en https://unsplash.com/)

El pasado 2 de abril entró en vigor el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. La norma pretende promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC, en adelante) para garantizar el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, reconocido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A tal fin, la norma persigue cuatro objetivos principales: mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica. Ninguno de estos objetivos parece que pueda dar lugar a una transformación radical de la actividad administrativa. Por el contrario, estos objetivos están alineados con los postulados de varias corrientes que sucesivamente han impulsado la reforma de la Administración Pública.

En primer lugar, la eficiencia administrativa ha sido el objetivo perseguido por la corriente denominada Nueva Gestión Pública que, desde los años 70s y 80s del siglo pasado, trataba de desplazar el énfasis en la organización y los procesos en la actividad administrativa por un modelo administrativo orientado a la consecución de objetivos predeterminados y medibles. Frente a una estructura administrativa burocrática e ineficiente, en un contexto (ya por entonces) rápido y en constante cambio, esta corriente apostaba por la introducción de criterios de mercado en la gestión pública. La desregulación, la descentralización organizativa y la competición entre los órganos administrativos para alcanzar los objetivos marcados se presumía que generaría una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

En segundo lugar, las medidas introducidas por el Real Decreto 203/2021 se dirigen a incrementar la transparencia y participación de la ciudadanía, así como garantizar el establecimiento de servicios digitales fácilmente accesibles. En este caso, la norma se acerca a los objetivos de la corriente del Gobierno Abierto que, ya desde la primera década del siglo XXI, buscaba recuperar los valores de lo público en la actividad administrativa a través de una mayor implicación de la ciudadanía tanto en los procesos de decisión como en el control de la acción de gobierno. En ambos casos, participación y transparencia, la información es la materia prima que produce el interés y la capacidad de la ciudadanía para participar en la gestión pública. Desde este planteamiento es precisamente la accesibilidad y la facilidad de uso de las TIC el instrumento para generar y explotar la información relevante para cumplir con aquellos objetivos.

En tercer lugar, el Real Decreto 203/2021 va dirigido a mejorar la seguridad jurídica. Este objetivo supone una vuelta a la visión tradicional de la actividad administrativa que, construida en torno al principio de legalidad, se justifica por el ejercicio de los órganos competentes de aquellas competencias atribuidas de conformidad a las reglas procedimentales y sustantivas del ordenamiento jurídico en vigor. Se trata del objetivo que devuelve la actividad administrativa a la casilla de salida, donde la mirada se dirige al interior del funcionamiento de los órganos administrativos a fin de asegurar un resultado predecible en las distintas unidades que conforman el sector público.

Al considerar, por tanto, los objetivos del Real Decreto 203/2021 no parece que se introduzca una nueva visión de la gestión pública motivada por la incorporación de las TIC y el papel activo de la ciudadanía. Y es que, en buena medida, el diagnóstico que se ha realizado de la actividad administrativa y que está asociada al protagonismo de una visión principalmente burocrática permanece vigente tras las sucesivas reformas antes señaladas. Es más, en ocasiones estas reformas generan otros problemas, aún de manera no intencionada, como, por ejemplo, los altos costes de supervisión y control de los objetivos e hitos que se siguen del esquema propuesto por la Nueva Gestión Pública. En la misma línea, la implementación de los programas de Gobierno Abierto exige elevados recursos y la complicidad de los participantes (ciudadanía). En último término, la heterogeneidad misma de las distintas Administraciones Públicas en cuanto a recursos y capacidades o su fragmentación interna suponen serios obstáculos para la puesta en marcha de reformas de la actividad administrativa.

Quizás por ello puede existir la tentación inmediata de cuestionar la ambición de esta norma. Además, seguramente no faltarán las críticas sobre su limitado alcance en el tratamiento de las tecnologías disruptivas en el sector público (inteligencia artificial, blockchain) o respecto al tratamiento de la automatización de procesos en la práctica administrativa. Tampoco se obviará la falta de definición y la remisión constante que se hace al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, principalmente, para el desarrollo de las normas técnicas de interoperabilidad.

No obstante, a veces ocurre que es precisamente un objetivo secundario el que puede llegar a tener mayor alcance y justificar así la necesidad, y oportunidad, de la norma. En este sentido, el último de los títulos en los que se divide el Reglamento, el Título IV, regula las relaciones y la colaboración entre Administraciones Públicas para el funcionamiento electrónico del sector público. El primero de los dos capítulos en los que se divide está dedicado a las transmisiones de datos mediante plataformas o nodos de intermediación. El segundo capítulo se dirige a la transferencia y el uso compartido de tecnologías y la reutilización de sistemas y aplicaciones.

La relevancia de este título IV se justifica por varias razones. En primer lugar, y desde una dimensión ad extra, la relación de la ciudadanía con la Administración se desarrolla a través de varios órganos correspondientes a distintas Administraciones Públicas. La interoperabilidad entre sus sistemas permite dar una única respuesta que se trunca cuando cada Administración funciona como un compartimento estanco. En segundo lugar, y desde una dimensión ad intra, la Administración Pública no es un todo unitario y las diferencias en capacidades y recursos son evidentes dificultando así las reformas que se siguen ensayando. La transferencia y el uso compartido de tecnología, así como la adhesión a plataformas, registros o servicios electrónicos compartidos permite equilibrar los recursos y capacidades entre las distintas Administraciones Públicas. En tercer lugar, el gobierno de la tecnología y de la gestión pública orientada a datos exige pensar en formas de gobierno adaptadas a la consideración de los datos y las TIC como bien público y en cuya generación y aplicación interviene tanto el sector público como el privado. Tampoco podemos esperar mucho para identificar y desarrollar estas formas de gobierno de los datos y de las relaciones interadministrativas para el intercambio de información. En este sentido, el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público finaliza el próximo 17 de julio de 2021.

El Reglamento por tanto supone un paso más en la dirección de articular un gobierno de datos y, de los sucesivos dependerá que la Administración electrónica no se materialice en islas administrativas habitadas por un Robinson Crusoe, eso sí, con el pleno reconocimiento de sus derechos digitales.

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