Competencia judicial internacional en litigios sobre la responsabilidad de los árbitros

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Competencia judicial internacional en litigios sobre la responsabilidad de los árbitros

En los últimos meses, algunos blogs de expertos en Derecho Internacional Privado se han ocupado de un supuesto interesante relacionado con el sector automovilístico y que se refiere al ámbito de aplicación material del denominado Reglamento Bruselas I bis (Reglamento UE 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en DOUE de 20.12.2012. L 351, p. 1). Se trata de un supuesto que se ha planteado ante los tribunales franceses y sobre el que ya hay pronunciamientos de varias instancias, el último de ellos de la Cour d´appel de Paris (Sent. de 22 de junio de 2021, RG 21/07623 – Nº Portalis 35L7-V-B7F-CDQZJ).

El supuesto de hecho es el siguiente: el 1 de julio de 2007 una sociedad catarí (SBA) concluyó con una sociedad de los Emiratos Árabes Unidos del grupo Volkswagen (AVME) dos contratos de distribución, que contenían cláusulas compromisorias en favor del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y, también, pactos de elección del Derecho alemán, como ley aplicable al fondo del asunto. Como sede del arbitraje, las partes eligieron París, al amparo de la disposición del Reglamento de la CCI que hoy se corresponde con el art. 18.1 del Reglamento de la CCI 2021, que da prioridad a este respecto a la voluntad de las partes (Lo mismo sucede en el marco de la Ley de arbitraje española – la ley 60/2003 − que prefiere hablar del “lugar del arbitraje”, en su art. 26.1).

El 14 de marzo de 2011 la entidad emiratí comunicó su intención de no renovar dichos contratos a partir del 30 de junio de 2012. Como consecuencia de ello, se inició un procedimiento arbitral, en el que la demandante era la sociedad SBA, solicitando una indemnización, por terminación abusiva de las relaciones comerciales por parte de AVME. Se acordó que las audiencias del procedimiento se produjeran en Alemania y el árbitro al que se refiere el litigio del que nos vamos a ocupar residía en Alemania.

El laudo arbitral consideró fundada la no renovación del contrato y condenó a la demandante al pago de los gastos del arbitraje y de aquéllos en los que había incurrido la demandada, en el marco de dicho procedimiento. La decisión arbitral fue impugnada, ante los tribunales franceses, por la entidad SBA, con el objetivo de lograr su anulación. Finalmente, un tribunal de París adoptó la decisión de anular dicha decisión, por considerar que uno de los árbitros había incumplido su obligación de revelar las relaciones entre un determinado bufete de abogados con el que colaboraba y una de las partes del procedimiento.

Como consecuencia de ello, el árbitro en cuestión fue demandado por SBA, la parte perjudicada por la decisión arbitral, en Francia, solicitando una compensación de los perjuicios sufridos.

El 31 de marzo de 2021 el Tribunal Judiciaire de París se declaró incompetente para conocer de esta demanda contra M. G, el árbitro que no había revelado sus relaciones con AVME (Sent. Nº RG 19/00795 – Nº Portalis 352-W-B7D-COXPH). En la demanda, se solicitaba la declaración de la responsabilidad de M.G, sobre la base del acuerdo de arbitraje, que sería el contrato que le habilitaba como árbitro y se pedía la condena de esta persona al pago de una indemnización, por haberse producido un incumplimiento de sus deberes como árbitro, al no revelar sus posibles conflictos de intereses en relación con el procedimiento y con las partes.

No obstante, los tribunales franceses no entraron a conocer, en esta ocasión, al considerarse incompetentes sobre la base del art. 7.1 del Reglamento Bruselas I bis (en adelante, RBIbis). El Tribunal consideró que la demanda contra el árbitro entraba dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento, a pesar del tenor del art. 1.2.d, y, por otra parte, calificó la acción como contractual. Concretamente, el Tribunal Judiciaire entendió que el contrato del cual derivaban las funciones del árbitro sería asimilable a un contrato de prestación de servicios. En este sentido, y aunque la sede del arbitraje en este caso era París, el órgano jurisdiccional francés afirmó que nos encontraríamos ante un contrato asimilable a una prestación de servicios.

El lugar de cumplimiento de dicha prestación de servicios por parte del árbitro, de acuerdo con el punto de vista del Tribunal, se localizaría en Alemania. Las razones para sostener esta interpretación serían que el árbitro desarrolló sus funciones desde Alemania y allí tuvieron lugar las audiencias. Sería, por tanto, de acuerdo con el razonamiento del Tribunal, el lugar de la prestación del servicio, al amparo del acuerdo arbitral del que derivan las competencias de los árbitros y que es el base de la calificación de esta acción como contractual, como ya he señalado más arriba.

Por consiguiente, ni sobre la base del foro general (= competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, ex art. 4.1 RBIbis), ni en virtud del foro especial por razón de la materia (art. 7.1 RBIbis), serían competentes los tribunales franceses en este caso, según este Tribunal francés.

Recientemente, algunos académicos se han mostrado de acuerdo con la postura del Tribunal Judiciaire de París y con la calificación de la acción como contractual (v. por ejemplo, B. Hess y M. Lehmann, al hilo de la entrada del blog del primero de ellos en el blog de la European Association of Private International Law (EAPIL), de 12 de abril de 2021, titulada “A German Perspective on Jurisdiction over Liability Claims against Arbitrators”).

Un breve comentario, en el blog de la EAPIL, del profesor A. Briggs de la Universidad de Oxford, proponía, sin embargo, reflexionar sobre la posibilidad de calificar la acción como extracontractual, probablemente, sobre la base de la idea de que se estaba solicitando la indemnización de un perjuicio.

Otros autores, como G. Cuniberti, profesor que se ha ocupado especialmente de reflexionar sobre este caso, son más favorables a la competencia de los tribunales de la sede del arbitraje, también para las acciones de responsabilidad contra los árbitros, postura que ha referendado en este supuesto el Tribunal de apelación francés, como comentaremos al final de esta entrada (V. a este respecto, sus entradas en el blog de la EAPIL de 8 de abril y 28 de junio de 2021 y su comentario “Règlement Bruxelles I bis et compétence internationale por connaître d´une action en responsabilité civile intentée contre une arbitre”, La Ley Mediación y Arbitraje, núm. 7, abril-junio 2021. En ellos, el autor manifiesta sus dudas sobre la inclusión de este tipo demandas dentro del ámbito de aplicación del RBbis −esp. p. 3 de su trabajo−, teniendo en cuenta sentencias anteriores de la Cour de cassation sobre asuntos relacionados, en cierta medida, con éste).

Las principales cuestiones que se plantean en este caso, y que, a mi juicio, es importante analizar, son dos. En primer lugar, si, dado que la demanda está relacionada con un procedimiento arbitral, debe o no incluirse este supuesto en el ámbito de aplicación material del Reglamento Bruselas I bis. En segundo lugar, creo que conviene reflexionar sobre un tema conectado con el anterior: el papel de los tribunales de la sede del arbitraje en supuestos de este tipo.

Desde mi punto de vista, cuando el art. 1.2.d, en línea con lo establecido en el considerando 12 del Reglamento Bruselas I bis, excluye de su ámbito de aplicación material el arbitraje, está dejando al margen de su esquema de foros todas las acciones relacionadas con un procedimiento arbitral. En este mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la UE (en adelante, TJUE) en la sentencia del asunto Van Uden (Sent. 17 noviembre 1998, as. C-391/95). A este respecto, es muy ilustrativo el apartado 31 de dicha sentencia, en el que el TJUE afirma que “mediante esta disposición, −en referencia al precepto del Convenio de Bruselas de 1968 que excluía el arbitraje del ámbito de aplicación de este Convenio, que es el antecedente del actual art.1.2.d del RBIbis− las partes contratantes tuvieron la intención de excluir en su integridad la materia relativa al arbitraje, incluso los procedimientos entablados ante los tribunales estatales”.

Así, como el propio considerando 12 RBIbis precitado señala, quedan excluidos del ámbito de aplicación material del Reglamento los procedimientos incidentales al arbitraje y las acciones directamente relacionadas con el mismo, la competencia para los recursos de anulación y todo lo concerniente al reconocimiento y ejecución de las decisiones arbitrales. También quedan excluidas de dicho Reglamento las acciones relativas al nombramiento de los árbitros y a la creación del tribunal arbitral, junto con las vinculadas con las facultades de los árbitros y cualquier otro aspecto del procedimiento arbitral.

La acción que se está ejercitando aquí, sin surgir en el marco del propio procedimiento arbitral, está directamente relacionada con él y afecta, claramente, a lo ocurrido en dicho arbitraje y al papel del árbitro en él. Creo que hay que tener en cuenta que la demanda se refiere a los deberes de información del árbitro sobre sus posibles conflictos de intereses en relación con el objeto del arbitraje y con las partes. Se trata de cuestiones que afectan directamente a la valoración de la imparcialidad, objetividad e independencia del árbitro, aspectos esenciales para que el arbitraje funcione adecuadamente. No en vano, el art. 14 del Reglamento de arbitraje de la CCI 2021 establece como una de las causas de recusación de los árbitros su “falta de imparcialidad e independencia”.

Desde luego, las citadas obligaciones derivan del acuerdo de arbitraje mismo. No obstante, opino que no deben ser tratadas como si de un litigio en materia contractual cualquiera se tratase, dado que afectan claramente al procedimiento arbitral y a labor de los árbitros, que han de actuar como terceros imparciales, con la plena competencia para resolver la controversia que deriva de los acuerdos de arbitraje suscritos por las partes. Es sabida la naturaleza mixta de los acuerdos de arbitraje, en la que tanto ha insistido la doctrina internacional-privatista, dado que se trata de contratos, pero cuyo objetivo es atribuir competencia para entrar a conocer de las controversias afectadas con carácter, en principio, definitivo. Por eso, están íntimamente ligados con el procedimiento arbitral.

En mi opinión, lo más adecuado sería que los tribunales de la sede del arbitraje se pronunciaran, también, sobre este tema y concentraran la competencia en relación con este tipo de demandas de responsabilidad. Es decir, resulta más adecuado que conozcan en un supuesto como este los tribunales de la sede del arbitraje (París), sin que ello implique en ninguna medida prejuzgar que, tanto los tribunales franceses como los alemanes, pueden llegar a decisiones ajustadas a Derecho y razonables en este tipo de casos. Esta solución sería la que más se ajustaría a la teleología de la norma que, en definitiva, estamos interpretando: el art. 1.2.d RBIbis.

Además, pienso que esta postura simplifica la situación, puesto que los tribunales del Estado de la sede arbitral son los que pueden considerarse, en todo caso, tribunales del lugar de cumplimiento del acuerdo arbitral. Esta posición es la que se defiende en la alegación núm. 15 de la sociedad SBA del recurso de apelación. La sede del arbitraje nos puede parecer una ficción jurídica desde diversos puntos de vista, si comparamos con lo que de hecho ocurre en algunos procedimientos arbitrales, pero su virtualidad deriva de la autonomía de la voluntad de las partes, que es la clave del arbitraje. Esa ficción puede alcanzar perfectamente a la interpretación sobre cuál es el lugar que debe considerarse como aquél en el que los árbitros prestan sus servicios.

La competencia de los tribunales franceses en un asunto como el que estamos analizando hoy podría defenderse incluso si mantuviésemos que este tipo de acción no se incluiría en el art. 1.2.d RBbis. Esto es, inclusive afirmando que las normas de competencia judicial internacional (en adelante, CJI) del RBIbis resultarían aplicables en este caso. Es verdad que soy partidaria de defender que las cuestiones que requieren colaboración judicial con un procedimiento arbitral deben resolverse, típicamente, por los órganos jurisdiccionales de la sede del arbitraje. Y que, en tanto que la acción de responsabilidad de los árbitros está muy vinculada con el procedimiento arbitral en el aquellos han intervenido, debería quedar fuera del ámbito de aplicación del RBIbis y sometida a la competencia de los tribunales de la sede del arbitraje. Pero también opino que, incluso si estimásemos que a este tipo de demandas habría que aplicarles las normas del RBIbis sobre CJI, sería posible defender que el lugar de cumplimiento del acuerdo de arbitraje es la sede de éste. Se podría defender que esta es una de las consecuencias del acuerdo de las partes en cuanto a la sede. En este sentido, como he afirmado más arriba, la elección de la sede del arbitraje no impide que, de hecho, se realicen ciertas actividades en otros lugares, más en un mundo tan complejo e interconectado como el actual, en el que también los medios digitales permiten deslocalizar ciertas actividades.

Precisamente, esta sería una muestra de la utilidad que, en el arbitraje, tiene la determinación del lugar del procedimiento. Así lo asumen las partes, libremente, cuando se ponen de acuerdo en un arbitraje con una sede determinada y esto obliga a los árbitros designados para dicho procedimiento, que libremente asumen sus funciones en relación con el mismo y conocen este dato. Ello permite, además, centralizar los litigios conectados con el procedimiento arbitral, simplificar, evitar conflictos y ahorrar costes desde diversas perspectivas.

Como ya había señalado al principio, en abril de 2021, la sociedad SBA recurrió, en apelación, esta decisión en la que, como hemos señalado, se afirma la falta de CJI de los tribunales franceses. En efecto, SBA pretendía que se declarase la competencia del Tribunal de París, para resolver la demanda de responsabilidad del árbitro, en su recurso.  El Tribunal de apelación se ha mostrado partidario de reconocer la CJI de los tribunales de la sede del arbitraje, frente a la posición del Tribunal a quo. A este respecto, son especialmente ilustrativos los fundamentos 29 a 35 de su sentencia.

A mi juicio, la posición de este último órgano jurisdiccional es más acorde con la función que la sede del arbitraje debe cumplir en la práctica, así como más ajustada a la delimitación del ámbito de aplicación material del Reglamento Bruselas I bis, puesto que en él se quiso dejar al margen de sus normas sobre CJI las controversias relacionadas con los contratos de distribución objeto de la controversia principal.

Tomando en consideración que parece defendible que el RBIbis no debería aplicarse para determinar la CJI para este tipo de demandas, lo coherente sería que esta cuestión apareciese regulada en el Derecho autónomo de los Estados miembros.

Es probable que el asunto no quede aquí y la sentencia de apelación sea aún objeto de recurso. En todo caso, este supuesto sirve también como muestra de lo mucho que se puede alargar la solución de una controversia comercial internacional, cuando las partes no son capaces de llegar a un acuerdo amistoso. En este sentido, obsérvese cómo la comunicación de la no renovación de los contratos de distribución se produjo en el año 2011 y téngase en cuenta la fecha en la que estamos hoy…

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