Un fiscal instructor: ¿merece la pena el esfuerzo?

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Un fiscal instructor: ¿merece la pena el esfuerzo?

¿Hay alguien que dude de la necesidad de contar con un nuevo texto que sustituya a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882? No; pero la cuestión no es esa; la cuestión es si merece la pena empeñar tanto esfuerzo y tantos recursos para afrontar un cambio tan radical como el que se pretende con tal de atribuir al fiscal la dirección de la investigación. Sabemos que hay mucha gente a favor, entre los que me encuentro, pero supeditando su postura a la concurrencia de una serie condiciones estructurales, políticas, económicas que, de momento, no se dan[1].

Vaya pues por delante que mi posición ha sido clara en relación a una idea sobre la que ya se lleva hablando décadas. Yo también sería partidario de que en nuestro país fuera el fiscal quien dirigiera la investigación porque creo que tendría a mi juicio enormes ventajas en lo que se refiere a la plena consolidación de un modelo de proceso penal plenamente acusatorio[2]. No resulta extraño que, a la hora de abordar la reforma integral de nuestro proceso penal, éste haya sido el punto de partida sobre el que se han sustentado los diversos textos que a lo largo de las últimas legislaturas se han elaborado con aquella finalidad.

Un paso importante en el proceso de transformación hacia el modelo que ahora se pretende implantar ya se dio en 1988 al introducir el procedimiento penal abreviado, el cual reforzaba la posición procesal del fiscal como director de la investigación. Este intento no dio los resultados apetecidos; no fue capaz, entre otras cosas, de limitar la capacidad investigadora de los jueces de instrucción, lo quizás llevó al convencimiento de que la única manera de conjurar ese riesgo era privarles absolutamente de sus atribuciones como investigadores porque desde luego no creo que sea un motivo serio defender que esto se hace simplemente porque ese es el modelo que existe en buena parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Esta no es una razón suficiente para someter al nuestro sistema penal a un cambio de tanta envergadura.

Con todo y con eso, lo que propongo es que se analice la cuestión desde otra perspectiva. Lo que me planteo es si merece la pena embarcarse en semejante empresa a la vista de la cantidad de cambios que habría que llevar a cabo para hacer frente a una reforma de tanta envergadura y que exigirá un esfuerzo organizativo y económico enorme y, desde luego, otro que tampoco no resultará fácil, como es la de cambiar la mentalidad de muchos fiscales que deberán asumir el papel asignado en este nuevo modelo a los jueces de garantías.

Por lo tanto, lo que me pregunto es, si compensa ese esfuerzo y el desafío organizativo que supondría. Me consta que otros países han trabajado mucho por adoptar este modelo, especialmente en Latinoamérica. Pero el proceso de transformación en estos países estaba caracterizado por una circunstancia que conviene subrayar y que, en mi opinión, no concurre en el nuestro. El movimiento de transformación del proceso penal en muchos de esos países ha sido el resultado de un proceso de transición democrática[3].

En muchos casos el modelo de proceso penal que se trataba de abandonar era prácticamente el que se aplicaba en España antes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.  Es decir, el punto de partida era un proceso escrito, inquisitivo y sin apenas garantías; era pues lógico que una de las consecuencias de la transición hacia la democracia en esos países pasase por acometer una la profunda transformación de la justicia penal y era lógico también que se optase por un modelo que era un referente en muchos países.

Las circunstancias en que se acomete esta reforma en nuestro país no son las mismas. España dispone, tras el proceso de depuración al que le ha sometido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de un proceso penal enormemente avanzado en cuanto su régimen de garantías procesales y no creo que en la sociedad española exista el convencimiento de que los jueces de instrucción son el último reducto de un sistema que habría que erradicar para consolidar definitivamente nuestro sistema de libertades.

Por eso, me pregunto si a la vista de las circunstancias, y máxime con una propuesta de anteproyecto de ley que parece que ha diseñado un procedimiento a cargo del fiscal con un perfil tan marcadamente jurisdiccionalizado, no podrían explorarse otras alternativas y tratar de hacer un proceso penal netamente acusatorio manteniendo la figura del juez instructor, pero despojándole de ese perfil que hasta ahora le ha caracterizado. Al fin y al cabo, de lo que se trata es que España cuente con una ley moderna y que responda a las exigencias de una sociedad avanzada que sirva para dotar de mayores garantías a los ciudadanos y, sobre todo, más rápido y eficiente.

[1] Gómez Colomer, La reforma de la justicia penal (1997) p. 494 y Ortells Ramos, en el prólogo al trabajo de Martín Pastor, El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal (2005).

[2] Damián Moreno, La decisión de acusar. Un estudio a la luz del sistema acusatorio inglés (2014).

[3] Duce, M: Diez años de reforma del proceso penal en Chile: apuntes sobre su desarrollo, logros y desafíos, en «Proceso penal en contexto. Reflexiones sobre aspectos estructurales de la justicia criminal en Chile», 2016.

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