De nuevo sobre los daños a los derechos de la personalidad en el ámbito digital

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De nuevo sobre los daños a los derechos de la personalidad en el ámbito digital

El pasado 17 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia sobre la interpretación del art. 7.2 del Reglamento 1215/2012 (as. C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG y SM). Como es sabido, este Reglamento, el Reglamento Bruselas I bis, regula la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. No es la primera vez que el TJUE se pronuncia sobre cómo debe interpretarse esta norma relativa a la competencia judicial internacional (CJI) en materia de obligaciones extracontractuales y, en particular, cuando el litigio versa sobre la vulneración de los derechos de la personalidad a través de un medio de comunicación digital. Otras sentencias anteriores, sobre la misma cuestión o aspectos afines, son, por ejemplo, la sentencia de 25 de octubre de 2011, que resuelve el asunto eDate Advertising y otros (C-509/09 y C-161/10) o la sentencia de 17 de octubre de 2017, en el asunto Bolagsupplysningen OÜ e Ilsjan (C-194/16).

El fallo del 17 de junio se refiere a un asunto delicado, puesto que resuelve una cuestión prejudicial, elevada al TJUE por un tribunal polaco ― el Tribunal de Apelación de Varsovia ―, en el marco de un procedimiento iniciado por un defensor de la Memoria de las víctimas del Holocausto nazi. La entidad demandada en el procedimiento nacional ante los órganos jurisdiccionales polacos era un periódico alemán enfocado, especialmente, a la zona del Alto Palatinado. Este diario, de actualidad regional, había publicado un artículo, en su página web, sobre la vida de un superviviente del Holocausto.

En el controvertido escrito, que estuvo accesible tan solo durante unas horas en Internet, tanto en Alemania como en otros Estados ― entre ellos, Polonia ―, se aludía al “campo de exterminio polaco de Treblinka”, en lugar de especificarse que dicho campo fue construido y operado por la Alemania nazi, en la Polonia ocupada, durante la Segunda Guerra Mundial. El Consulado polaco solicitó que el texto fuera enmendado y así se hizo.

El demandante ― SM ― es un nacional polaco, con residencia habitual en Varsovia (Polonia), que estuvo prisionero en otro campo de exterminio nazi en suelo polaco: Auschwitz. Este ciudadano polaco planteó una petición, ante un tribunal polaco, solicitando la protección de sus derechos de la personalidad frente a la sociedad alemana que publica el citado periódico.

Es importante tener en cuenta que el demandante no era aludido directamente en dicha publicación, pero él estimaba que había sufrido un daño en su dignidad e identidad nacional como consecuencia de ésta. Se trata, por ello, de un supuesto similar al que se planteó en el siglo pasado ante el Tribunal Constitucional español, en el recurso de amparo núm. 101/1990, resuelto por sentencia de 11 de noviembre de 1991.  Este recurso fue presentado por la señora Violeta Friedman con motivo de unas declaraciones antisemitas, que, aunque no se referían directamente a la recurrente, afectaban a sus Derechos Fundamentales, de acuerdo con el Fallo del TC.

En el supuesto que analizamos hoy, el señor SM podía haber optado por plantear su demanda en Alemania, en virtud del foro de competencia judicial internacional (CJI) del art. 4 del Reglamento Bruselas I bis: el foro general. Ello le hubiera permitido plantear su reclamación por el daño global sin aparentes problemas relacionados con la CJI, por tratarse del Estado del domicilio del editor demandado.

Sin embargo, la planteó en el Estado de su propia residencia habitual, sobre la base de que la publicación era accesible en Polonia. Es decir, al amparo de la noción del centro de intereses de la víctima.

Si leemos detenidamente el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, que atribuye competencia a los órganos jurisdiccionales del “lugar donde se haya producido o debe producirse el hecho dañoso”, y tomamos en consideración las sentencias anteriores del TJUE sobre la interpretación de este mismo precepto, creo podemos realizar dos aseveraciones.

La primera afirmación que, en mi opinión, podemos efectuar en cuanto a la CJI de los tribunales de Polonia, en este supuesto, es que parece razonable entender que los tribunales polacos serían competentes para conocer del daño parcial que se haya podido producir en Polonia, en perjuicio del demandante, como consecuencia de la publicación referida, pues existiría una conexión lo suficientemente estrecha entre el daño padecido y la víctima de éste. A mi juicio, negar esto supondría desconocer la razón misma de la existencia de los foros especiales de la CJI, como se desprende claramente del Considerando 16 del Reglamento de la UE al que nos estamos refiriendo.

La segunda cuestión que se suscita en este supuesto, en relación con la CJI, es más discutible y, justamente, es el objeto de la petición prejudicial que ha resuelto el Tribunal europeo. Se trata de decidir si el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis debería interpretarse en el sentido de que la presunta víctima de un daño a los derechos de la personalidad, causado por un medio digital, podría iniciar un procedimiento judicial reclamando el daño globalmente padecido, con éxito desde el punto de vista de la CJI, en el lugar de su residencia habitual. En este sentido, creo que el asunto se ha resuelto de una forma adecuada por el TJUE: no sería correcto afirmar la CJI de los tribunales del centro de intereses de la víctima en virtud de un foro especial, cuando ésta no haya sido directamente aludida en una publicación digital.

Esta solución es la que mejor protege el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado, frente a demandas sorpresivas por parte de personas a las que no se refiere una publicación en una página web. A la vez, no causa indefensión a los potenciales demandantes, al tratarse de una interpretación proporcionada, que preserva la alternativa tanto de reclamar por el daño total en virtud del foro general (art. 4 Reglamento Bruselas I bis), como de iniciar procedimientos judiciales por el daño parcial en todos aquellos lugares donde la publicación resulte accesible. Se trata, por consiguiente, de una interpretación que garantiza la seguridad jurídica, sin dejar de amparar las legítimas expectativas de la persona que legítimamente considera que sus derechos subjetivos se han visto vulnerados ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

Por otra parte, esta interpretación no prejuzga la solución material de las controversias. Es evidente que la atribución o no de CJI en supuestos como el que hemos analizado en la entrada de hoy de nuestro blog es una cuestión de un cariz diferente al dato de si, de hecho, se ha padecido o no un perjuicio jurídicamente relevante a los derechos de la personalidad en un caso como el que nos ocupa. Y, en consecuencia, si debe fijarse una indemnización en favor de la víctima y cuál sería la cuantía de ésta, en caso de que tal pago proceda.

Asimismo, constituiría un aspecto de Derecho material decidir si debe procederse o no a adoptar alguna otra medida en este caso, siempre en función de lo solicitado por el demandante en su escrito de demanda. Esta cuestión es un elemento de fondo, de carácter sustantivo, que dependerá de la ley aplicable al supuesto. Por consiguiente, las consideraciones procesales sobre la CJI son de una naturaleza diferente a la decisión sobre si se ha producido un daño y si éste es indemnizable o no, entre otros aspectos de Derecho sustantivo sobre los que debería pronunciarse, si así se lo solicita el demandante, el órgano jurisdiccional competente. Y, desde luego, también constituyen una cuestión diferente de otro tipo consideraciones, tanto jurídicas como éticas, que se suscitan en litigios como este, que afectan a los Derechos Humanos de las personas que padecieron y perecieron en aquellos lugares. In Memoriam.

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