“Zapatero a tus zapatos”: A vueltas con los sexenios de investigación

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“Zapatero a tus zapatos”: A vueltas con los sexenios de investigación

Algunos Planes de Estudio de Derecho actuales han matado o mal enterrado al Eclesiástico, pero ¿quién mata a los eclesiasticistas? Este ha sido el principal resultado del Proceso de Bolonia en materia de planes de estudios: café para todos, en tanto que al Eclesiástico se le da achicoria mezclada. Es la democracia en la que el “pez grande” se come al chico.

El sistema ideado para el acceso a los máximos niveles de docencia universitarios es una travesía de obstáculos: realización de una tesis doctoral, dar clases, realizar estancias en el extranjero, asistir a congresos, conseguir acreditaciones variadas, etc. Para alcanzar la vinculación funcionarial, el profesor universitario debe ganar una oposición con una meritoria antigüedad. Lo importante es trabajar duro, hacer cosas –aunque ahora parece primar “ser cosas”, es decir, ocupar cargos un tiempo-, y mucha constancia.

Los méritos investigadores siguen siendo esenciales en la Universidad. Investigar y transmitir el resultado de las investigaciones a los alumnos debería ser el trabajo de un docente universitario. Como se señala en la Ley Orgánica de Universidades, la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador, de acuerdo con los fines generales de la Universidad. Estos méritos se reconocen al profesorado, principalmente, a través de los sexenios de investigación. Todo profesor universitario que investiga se ve obligado a someterse a los criterios que impone la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que es quien evalúa los méritos aportados y concede los sexenios.

El sexenio de investigación, además de un complemento de productividad en las retribuciones del profesorado, se ha convertido en una importante pieza del sistema universitario con efectos jurídicos en otras áreas ajenas a las consecuencias netamente retributivas: para promocionar en la carrera universitaria, para formar parte de las Comisiones o Tribunales que juzgan las plazas de profesorado, para poder formar parte de los propios Comités Asesores de la CNEAI, para participar en proyectos de investigación del Ministerio, se otorga más puntuación en función del número de periodos de investigación, la carga docente también puede variar en función del número de sexenios reconocidos, se tienen en cuenta en el reparto interno del presupuesto de los Departamentos, etc.

En relación a los Comités Asesores de la CNEAI que evalúan la actividad investigadora, mi compañero José María Rodríguez de Santiago ha publicado recientemente un excelente trabajo titulado ¿Es Einstein mejor que Kelsen? La evaluación de la investigación jurídica en España (en el “Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid”, 2020, pp. 151-191), en el que afirma: “Desde la perspectiva de la regulación organizativa y procedimental de la evaluación…debería disponerse con claridad que un sexenio no puede denegarse sin que intervenga un experto (por su pertenencia al comité asesor o como emisor de un informe experto) de la misma Área de conocimiento del investigador evaluado. Lo más conforme a las reglas de la ciencia es que solo pueda justificar una evaluación negativa quien conoce desde dentro las reglas de la correspondiente disciplina” (p. 171). En este mismo sentido se han pronunciado el TSJ de Galicia, en su sentencia de 19 de enero de 2005 y el TSJ de Santa Cruz de Tenerife, en su sentencia de 25 de noviembre de 2013, en relación con recursos planteados por denegación del sexenio por la ausencia en el Comité evaluador de un experto del Área de conocimiento del demandante.

Efectivamente, sería deseable que las aportaciones que cualquier profesor presenta a la CNEAI, sean valoradas por al menos un especialista de la respectiva Área de conocimiento, para garantizar la solvencia técnica de sus apreciaciones. Pues bien, en la pasada Convocatoria de los sexenios de 2020, ninguno de los diez miembros que componían el Comité del campo 9 de “Derecho y Jurisprudencia” era Catedrático de Derecho Eclesiástico y tampoco se nombraba a ningún asesor externo eclesiasticista (vid. Resolución de 11 de febrero de 2021 de la ANECA, BOE de 19 de febrero de 2021). Esta es una situación que se repite en los últimos años y que según me ha confirmado la ANECA, se resuelve habitualmente con la evaluación del profesorado de Eclesiástico por el Catedrático de Filosofía del Derecho.

Sin duda, resulta un agravio comparativo con los compañeros de las otras Áreas de conocimiento que no haya un especialista en Derecho Eclesiástico en el Comité Asesor, para valorar con conocimiento de causa y con solvencia las aportaciones presentadas por los eclesiasticistas. Francamente, no veo qué criterio de valoración adecuado para el Derecho Eclesiástico puede tener un filósofo del Derecho, un penalista, un procesalista, etc. -salvo que sean especialistas “totales”, más allá del campo específico de su especialización-. Aunque normalmente se pretende justificar esta ausencia de especialista acudiendo a un criterio “numérico” (pocos eclesiasticistas, en comparación con otras áreas de conocimiento), todos sabemos que éste no es un criterio admisible.

En junio de 2021, la CNEAI me notificó la Resolución sobre la valoración de mi tramo solicitado en la convocatoria de los sexenios. Y en vez de facilitarme únicamente mi informe, me trasladaron un documento de 58 páginas en el que, además de mi informe, aparecen los informes completos de otros 25 profesores con sus nombres y apellidos. Se trata de todos los informes negativos de la labor investigadora de los profesores funcionarios que se sometieron a la evaluación en el campo 9 de “Derecho y Jurisprudencia”. Con esta acción, ANECA vulneró gravísimamente la normativa de protección de datos de carácter personal (la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos).

Es un documento “muy clarificador”. Destacaré algunos de sus datos, en beneficio de una mayor transparencia, que prueban la necesidad de la participación de un profesor de Derecho Eclesiástico en el Comité Asesor de Derecho para evitar clamorosas desventajas. Obviamente, no voy a dar el dato personal de ningún profesor ni de ninguna de las valoraciones realizadas a sus publicaciones, cumpliendo rigurosamente con la Ley de Protección de Datos que obliga a mantener silencio.

Lo primero que cabe destacar del documento, es que el Área de Derecho Eclesiástico -junto a Procesal-, es la que tiene más profesores funcionarios con evaluaciones negativas. Este es un dato muy sorprendente porque, estaremos de acuerdo, el número de solicitudes del sexenio por parte del profesorado de Eclesiástico habrá sido, con toda probabilidad, el menor con diferencia. Por otro lado, llama poderosamente la atención la generosidad del Comité Asesor hacia los profesores funcionarios del Área de Derecho Civil: solo un profesor de Derecho Civil ha sido evaluado negativamente. Desde luego, es un resultado del que podría pensarse aquello de “hoy por ti, mañana por mí”. La misma benevolencia sucede con los filósofos del Derecho: solo un profesor de Filosofía del Derecho ha sido evaluado negativamente. Y también un único profesor de Derecho Internacional Público no ha sido valorado positivamente –parece que hay Áreas que tienen más facilidad para conseguir el sexenio, casi automáticamente, con la sola presentación de la solicitud-. Por otro lado, de los 26 profesores con valoración negativa, solo dos son Catedráticos –y uno de ellos es de Derecho Eclesiástico-.

Además, el hecho de que entre los miembros del Comité Asesor no exista ningún especialista en Derecho Eclesiástico dice mucho de las valoraciones que se han realizado. Al no ser especialistas en la materia, difícilmente se puede llevar a cabo una valoración realista de los méritos aportados. Pondré solo dos ejemplos que me han afectado. En primer lugar, una monografía publicada en Aranzadi con numerosas citas, recensiones que reconocen su calidad -cumple totalmente con todo lo exigido para concederse el sexenio-, no se valora positivamente por el Comité Asesor al considerar que “parece descriptiva”. Esta observación es un juicio abstracto, muy poco riguroso y genera indefensión. Y sin duda no se puede valorar negativamente una publicación con carácter preventivo. En segundo lugar, en relación con otra monografía publicada en la editorial Comares y realizada en el marco de un proyecto de investigación, el Comité evaluador afirma en su juicio técnico que es resultado de un “Proyecto Investigador de entidad privada”. Cualquier eclesiasticista conoce que la Fundación Pluralismo y Convivencia, entidad que financia el proyecto, es una Fundación del sector público estatal adscrita actualmente al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática –anteriormente estaba radicada en el Ministerio de Justicia-. La finalidad principal de esta Fundación es promover la igualdad entre las confesiones religiosas.

Por otro lado, Rodríguez de Santiago, en su trabajo anteriormente citado, propone que en la evaluación de los sexenios debería concederse trámite de audiencia al interesado en caso de evaluación negativa. Se impone aquí, afirma, “la necesidad de conceder esa audiencia conforme al modelo de la más moderna regulación del procedimiento de acreditación (vid. art. 57.3 LOU)”. Estoy totalmente de acuerdo y viendo los números de funcionarios evaluados negativamente en Derecho, incluso se debería concurrir físicamente –aunque entiendo que sería en exceso fatigoso para la Comisión encontrarse con un desproporcionado número de eclesiasticistas-.

Te ves obligado a recurrir a la vía administrativa, desesperar durante meses y luego quedaría la contencioso-administrativa. Tras hacer un recurso que bien podría haber sido una nueva monografía, la razón se ha impuesto finalmente y he conseguido el sexenio.

Para concluir, igual que considero que la evaluación de la investigación es muy mejorable, creo que la propia investigación y los criterios que se imponen también lo son. Por ello, del trabajo del profesor Rodríguez de Santiago solo cambiaría el título y haría la siguiente pregunta: ¿Hay nombres comparables en el panorama actual a Federico de Castro, Eduardo García de Enterría, Manuel Alonso Olea, etc.? Las comparaciones son odiosas pero pertinentes. Y muy probablemente algunos ilustres maestros no hubieran ocupado un lugar principal en un ranking realizado por los dirigentes educativos. Sin duda, en general, los cambios a mejor son los más difíciles y así sucede también en la investigación jurídica.

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