Las comisiones de eutanasia

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Las comisiones de eutanasia

Al menos 172 personas han recibido la eutanasia en España en el primer aniversario de la LORE (Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia). Las Comisiones de Garantía y Evaluación [CGyE] tienen la última palabra ante una solicitud de eutanasia. La resolución favorable de estas Comisiones, tras verificar el cumplimiento de la LORE, supone la ejecución del derecho a la prestación incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Son órganos administrativos colegiados, creados en todas las CCAA y en las dos Ciudades Autónomas. Se adscriben a las Consejerías de Salud y se componen de un número mínimo de siete miembros entre los que se incluye personal médico, de enfermería y juristas.

La primera CGyE en existir fue la de las Illes Balears. En un santiamén, el 24 de mayo de 2021, el Consejo de Gobierno balear nombró a sus nueve miembros. El resto de CGyE se crearon con más calma -la última ha sido la andaluza, mediante el Decreto 236/2021 de 19 de octubre-. Algunas están integradas por veinticinco personas (Madrid y País Vasco), lo que quizá dificulta su operatividad. Cada CGyE recoge en su reglamento su régimen interno.

Las Comisiones tienen competencia ejecutiva para el reconocimiento legal del derecho a la eutanasia y también consultiva en relación con la aplicación de la LORE. Asimismo, deben elaborar un informe anual de evaluación para el Ministerio de Sanidad y pueden realizar cualquier otra función que le atribuya la Comunidad Autónoma –aunque la LORE no especifica cuál-. Ciertamente, parece que estamos ante un superórgano autonómico en asuntos de eutanasia, un elemento de primer orden vivo, fundamental para la decisión sobre el final de la vida de los ciudadanos. Los miembros de la CGyE tienen derecho a las indemnizaciones por asistencia, conforme a lo dispuesto en cada normativa autonómica.

El Manual de Buenas Prácticas en eutanasia, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 7 de julio de 2021, sirve para orientar la correcta puesta en práctica de la LORE. Entre otras recomendaciones, en relación con las CGyE, señala que: “Deberá garantizarse que sus miembros no sean profesionales objetores a la LORE, a fin de asegurar el normal desarrollo del procedimiento de prestación de ayuda para morir”. Aunque por regla general las recomendaciones no tienen carácter coactivo, el Manual utiliza, en términos autoritarios, la expresión “deberá garantizarse”. Por tanto, los miembros de las CGyE no deben ser objetores de conciencia a la LORE y participarán “de manera voluntaria, a fin de evitar un posible ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia respecto a su integración en la misma”.

La LORE reconoce en su artículo 16.1 el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario directamente implicado en la prestación de ayuda para morir. Los objetores deben manifestarlo anticipadamente y por escrito, e inscribirse en el registro de objetores autonómico correspondiente. Pese a la confidencialidad prevista, son lógicos los temores de los profesionales sanitarios por el ejercicio de este derecho y el perjuicio en sus legítimas expectativas profesionales al no “deber participar” en un órgano que puede realizar funciones que van más allá de la aplicación de la LORE.

Sólo en un Estado democrático, pluralista y laico es posible el reconocimiento de la libertad de conciencia. Por ello, cuando la ley es contraria a la conciencia o a la moral del individuo, éste puede optar por su conciencia e incumplir la ley. El fundamento de la objeción de conciencia estriba en la confrontación entre la norma legal que impone un hacer y la norma moral o ética que se opone a tal actuación. En la actuación de los profesionales sanitarios se interrelacionan aspectos profesionales y morales, a la vez que valores y derechos constitucionales tales como la vida, la dignidad de la persona, el derecho a la integridad física y moral, etc. Este es el motivo, quizá, por el que las objeciones de conciencia reconocidas en nuestro país (a excepción de al servicio militar) se enmarcan en el ámbito sanitario.

La objeción de conciencia médica podemos definirla, por tanto, como la negativa del profesional sanitario a ejercitar un acto médico o a cooperar directa o indirectamente a su realización por considerarla contraria a su conciencia. La objeción permite a los profesionales sanitarios a no hacer lo contrario a su obligación médica, que es ayudar a vivir. Efectivamente, la finalidad de la medicina no es provocar la muerte del paciente, sino que los ciudadanos lleven una vida digna -antes que una muerte digna-.

Al señalar el Manual de Buenas Prácticas que los miembros de las CGyE no deben ser objetores a la LORE, se está imponiendo la finalidad última de la Ley por encima de cualquier conciencia. Para ello, se exige la neutralidad ideológica de los miembros del órgano administrativo que deciden la ejecución del derecho. De este modo, el médico que lleva a cabo la prestación cumple con la decisión del órgano público y permite sin cargo de conciencia la realización de la “última libertad” del paciente. Claro está, el médico que actúa conforme a la ley nunca será castigado deontológicamente. Esto podría posibilitar encajar la conciencia en el sistema teórico del Derecho -la conciencia no debería estar por encima de la ley-.

El documento de la ponencia del último Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 2021, deja clara la posición del principal partido del Gobierno en esta cuestión. En este documento se afirma que la LORE es una expresión de espacio de laicidad conquistado “por y para la laicidad, pero siempre teniendo que vencer democráticamente la oposición de sectores conservadores, integristas y el PP, más ahora VOX”. De modo inevitable, la motivación del profesional sanitario objetor de conciencia sería éticamente reprobable. Con la citada afirmación, el objetor de conciencia queda muy señalado y se convierte en una disonancia en el auténtico camino marcado por el postulado ético de partida.

Según el preámbulo de la LORE, entre las causas que confluyen en el debate sobre la eutanasia está “la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas”. Si tenemos en cuenta que en el citado documento de la ponencia del PSOE se afirma que la laicidad es “la religión de la libertad…[que] el Estado laico se erige como paradigma del proceso de secularización de la historia reciente de la humanidad”, y que “desde el Gobierno socialista hemos avanzado en la laicidad potenciando nuevas normas…como en materia de muerte digna y de eutanasia”, parece claro que la referencia al sector conservador se refiere a la formada por las religiones tradicionales -alejadas de esa religión nueva y verdadera, y del progreso-.

Los criterios para considerar fundada una objeción de conciencia son muy variados (ideológicos, éticos, morales, etc.) aunque el de las convicciones religiosas es el que fundamenta la mayor parte de las objeciones de conciencia. Desde el punto de vista jurídico, no hay diferencia entre la objeción de conciencia por motivos religiosos y la basada en otros motivos. Cualquier individuo puede oponerse a practicar un acto que le ocasione un grave problema de conciencia tanto por motivos no religiosos o religiosos, si es que profesa una determinada creencia. Pero conviene no olvidar la relevancia de las religiones en la formación de los valores que integran el mínimo ético común. Muchas de las cuestiones reguladas sobre el comienzo y el final de la vida son objeto de las doctrinas de las religiones, e influyen en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Por ello, debería haber un replanteamiento del significado de “Estado laico”. Aprobar una ley no “bendecida” por una confesión religiosa no significa avanzar en laicidad. Desde la aprobación de la Constitución de 1978, las normas no tienen que adecuarse a la doctrina de ninguna confesión. Desde hace 40 años, el Estado español es aconfesional y existe una clarísima distinción de los valores estatales y los confesionales (neutralidad). Francamente, no se entiende bien insistir en la necesidad de cambio sobre lo que ya está cambiado.

Aprobar la LORE es coherente con la idea de Estado ideológicamente neutral en materia religiosa. Sin embargo, el principio constitucional de “laicidad positiva” supone, según el Tribunal Constitucional, considerar la religión como un valor positivo. El Estado debe facilitar los medios para que los valores religiosos puedan difundirse en toda la sociedad. Y en ningún caso, la laicidad del Estado conlleva que la sociedad sea religiosamente neutra.

En definitiva, la LORE reconoce a través de la objeción de conciencia que las normas religiosas puedan estar por encima de las normas morales del Estado. Sin embargo, mediante las CGyE parece que se cambia la relación médico-paciente por la del Estado-paciente. Así, se neutraliza la objeción de conciencia y el Estado en su insaciable vocación intervencionista no solo regula la vida en general, sino que también tiene derecho a ella y se concibe como un gran servicio público.

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